La prórroga del estado de alarma permite alargar la duración del cierre perimetral de C-LM

Si el Congreso no hubiese permitido alargar la situación, el cierre hubiera durado solo hasta el 9 de noviembre, pero ahora ese plazo se ha diluido. La intención de Sanidad es que se extienda durante dos semanas inicialmente

La aprobación este jueves en el Congreso de la prórroga del estado de alarma durante seis meses tiene un efecto directo e inmediato sobre la duración del cierre perimetral de Castilla-La Mancha que está en vigor desde las 0:00 horas.

El decreto que establece la prohibición de entrar o salir de la comunidad de manera general señala que la medida «mantendrá su eficacia mientras esté declarado el Estado de Alarma». Eso, antes de que Cámara Baja diese luz verde a la prórroga, significaba hasta el 9 de noviembre, que era cuando expiraba el plazo máximo de quince días de vigencia que la legislación otorga a los estados de alarma formulados por el Gobierno, sin refrendo del parlamento. De hecho, el presidente Emiliano García-Page usó esa fecha como referencia cuando anunció su decisión de impedir la circulación de los castellano-manchegos fuera de los límites regionales.

Ahora, si nos atenemos a la literalidad del decreto autonómico, el cierre podría extenderse perfectamente hasta el 9 de mayo de 2021, hasta el día al que se ha prorrogado el Estado de Alarma. Sin embargo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, señaló que este cierre perimetral se plantea para dos semanas (hasta el 12 de noviembre incluido, por tanto) y en función de los efectos que haya tenido la medida y la evolución epidemiológica se evaluará si aplazarla o levantarla.

El Real Decreto del Estado de Alarma que firmó el domingo el Consejo de Ministros permite a las comunidades cierres perimetrales de una duración mínima de siete días, si bien ha aceptado excepciones con Cataluña y la Comunidad de Madrid. La región vecina cerrará solo para el Puente de Todos los Santos, tal como había demandado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

También faculta a los gobiernos autonómicos a limitar la movilidad dentro de sus territorios, a cerrar por ejemplo áreas de salud o impedir la movilidad entre municipios. De momento Castilla-La Mancha no está aplicando esa posibilidad que ya se ejecuta por ejemplo en el País Vasco.