Por Antonio Melero Pita
«No descansaré hasta conseguir que el médico lleve alpargatas».
Atribuida a Alfonso Guerra durante la campaña electoral de 1982, esta frase forma parte desde hace décadas del imaginario colectivo de la profesión médica. Más allá de su exactitud histórica, resume una percepción que muchos facultativos siguen compartiendo hoy: la progresiva pérdida de reconocimiento institucional de una profesión que constituye uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar.
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario. La reforma ha sido presentada como un avance histórico destinado a modernizar las condiciones laborales de la sanidad pública. Sin embargo, entre miles de médicos españoles la sensación dominante es muy distinta. El texto nace marcado por un profundo desacuerdo con quienes soportan la mayor responsabilidad asistencial del sistema sanitario.
La medicina ha dejado de ser considerada una profesión singular para convertirse en una categoría administrativa más dentro de un modelo homogéneo que ignora diferencias evidentes de formación, responsabilidad y dedicación. Resulta difícil comprender que un país capaz de exigir más de diez años de preparación a un facultativo considere irrelevante esa singularidad en el momento de regular sus condiciones profesionales.
La profesión médica no reclama privilegios. Reclama reconocimiento. Ningún otro colectivo sanitario asume simultáneamente la responsabilidad diagnóstica, terapéutica, ética y jurídica que recae sobre un médico en cada decisión clínica. La diferencia no es simbólica. Tiene consecuencias directas sobre la vida de los pacientes.
Durante décadas, el sistema sanitario español se sostuvo gracias a generaciones de médicos acostumbrados al sacrificio personal, a las guardias interminables y a una disponibilidad constante. A cambio recibieron una consideración social elevada y una cierta autonomía profesional. Ambas cosas empiezan a desaparecer.
La desvalorización progresiva de la profesión médica encuentra un ejemplo especialmente preocupante en la política de homologaciones. Durante 2025 se concedieron en España 30.303 homologaciones favorables de títulos extranjeros de Medicina, una cifra que multiplica varias veces el número anual de nuevos graduados procedentes de las facultades españolas. El dato debería haber abierto un debate nacional sobre planificación sanitaria, formación médica y garantías asistenciales.
La cuestión no reside en la nacionalidad de los profesionales. Miles de médicos formados fuera de España desarrollan una labor ejemplar en nuestro sistema sanitario y constituyen una aportación imprescindible para la asistencia pública. El problema es otro. Los pacientes tienen derecho a que cualquier facultativo que ejerza en España acredite un nivel de capacitación equivalente al exigido a quienes han completado el largo y exigente proceso formativo español.
Un médico español debe superar seis años de formación universitaria, una prueba nacional MIR y entre cuatro y cinco años adicionales de especialización hospitalaria antes de ejercer de manera autónoma. Ese proceso exige evaluaciones continuas, responsabilidad progresiva y acreditación práctica de competencias clínicas. Resulta razonable que la sociedad exija garantías equivalentes para cualquier profesional que vaya a incorporarse al sistema sanitario español.
La propia Organización Médica Colegial, respaldada por FACME y otras organizaciones profesionales, ha reclamado la implantación de una Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE) para los médicos procedentes de países extracomunitarios. No se trata de levantar barreras ni de excluir a nadie. Se trata de aplicar el mismo principio de exigencia que rige para nuestros propios graduados. La homologación documental de un título no debería sustituir nunca a la acreditación objetiva de competencias clínicas.
La sanidad pública necesita médicos. Lo que no necesita es rebajar los mecanismos de garantía que protegen a los pacientes. La calidad asistencial no puede convertirse en una variable secundaria dentro de las políticas de recursos humanos.
El nuevo Estatuto transmite una idea inquietante: el Estado necesita médicos, aunque ya no considera necesario escuchar a la profesión médica. La negociación con los representantes profesionales ha derivado hacia una relación de desconfianza impropia de un sistema sanitario serio. El conflicto abierto con los médicos no surge por casualidad. Es la consecuencia de años de deterioro acumulado, precariedad creciente y pérdida progresiva de prestigio institucional.
Existe además una contradicción difícil de ignorar. La actual ministra de Sanidad desarrolló buena parte de su trayectoria pública participando en movilizaciones y protestas en defensa de la sanidad pública y de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Muchos médicos apoyaron entonces aquellas reivindicaciones porque las consideraban justas. Resulta llamativo que hoy sea precisamente bajo su mandato cuando la profesión médica mantiene uno de los mayores niveles de confrontación institucional de las últimas décadas. La distancia entre quienes gobiernan y quienes ejercen la medicina parece hoy mayor que nunca.
La situación resulta especialmente reveladora. España tiene dificultades crecientes para cubrir plazas médicas en Atención Primaria, hospitales comarcales y numerosas especialidades. Miles de jóvenes facultativos contemplan la emigración como única salida razonable. Aun así, el Gobierno ha preferido impulsar una reforma contestada precisamente por quienes sostienen el núcleo esencial de la asistencia sanitaria.
Esta realidad no me resulta ajena. Soy médico jubilado desde hace pocos meses y padre de tres médicos jóvenes, dos pediatras y una cirujana pediátrica. He visto de cerca el enorme esfuerzo formativo que exige esta profesión y conozco también a muchos otros médicos que han optado por desarrollar su carrera fuera de España. Algunos encontraron mejores condiciones laborales. Otros simplemente encontraron un mayor reconocimiento profesional. Resulta difícil aceptar que un país que invierte durante más de una década en formar a sus facultativos contemple con resignación cómo parte de ese talento busca su futuro en otros sistemas sanitarios.
El malestar ha alcanzado tal nivel que las organizaciones médicas mantienen nuevas movilizaciones y una gran manifestación convocada para el próximo 15 de junio frente al Ministerio de Sanidad en Madrid. El conflicto dista mucho de estar resuelto y refleja una fractura creciente entre la Administración y una parte esencial del sistema sanitario público.
La medicina española atraviesa una crisis silenciosa que va mucho más allá de los salarios o las jornadas laborales. Afecta al concepto mismo de profesión médica dentro del sistema público. Cuando un país deja de reconocer la singularidad de quienes diagnostican, operan y asumen la responsabilidad final sobre la vida de los pacientes, empieza a debilitar uno de los pilares fundamentales de su sanidad.
Los ministros pasarán. Los estatutos cambiarán con el tiempo. El daño provocado por el desprecio institucional hacia la profesión médica puede tardar muchos años en repararse.
Entonces ya será tarde.
