Los vecinos afectados de la calle Pinar de Villalba de la Sierra han denunciado públicamente el «estado de desprotección física y la inacción administrativa» a la aseguran que se ven sometidos por la decisión de su Ayuntamiento de «suspender y dejar sin efecto» el plan provisional de reordenación de tráfico de sentido único cuya entrada en vigor estaba programada para el pasado 20 de junio. La calle, según los vecinos «incumple gravemente la norma estatal de accesibilidad urbana Orden TMA/851/2021», circunstancia que, aseguran «fuerza a ancianos y niños a caminar entre turismos, camiones pesados de tres ejes y autobuses de gran tamaño». Por ello los residentes afectados exigen a la Diputación de Cuenca y al Ayuntamiento la inmediata instalación de reductores físicos de velocidad y limitaciones estrictas al tránsito de vehículos de carga pesada.
Dicha medida técnica, que había sido anunciada formalmente mediante un bando municipal el 13 de junio, contaba con la autorización expresa de la Diputación Provincial de Cuenca (titular de la travesía) y respondía a requerimientos previos del Defensor del Pueblo de España, teniendo por objeto dotar de seguridad vial a una vía urbana cuyas aceras de apenas 20 centímetros resultan «completamente impracticables para cualquier persona» según han denunciado. La corporación municipal había decretado el sentido único en la Calle Pinar para proteger a los peatones frente a la alta velocidad de los vehículos, el tráfico continuo y el paso de transportes de gran tonelaje, pero dejó sin efecto la medida provisional un día antes de su entrada en vigor «basándose únicamente en una recogida de firmas», han explicado los vecinos.
«Años» de denuncias ante un tráfico que invade los resaltos peatonales y provoca desperfectos en las viviendas
La Calle Pinar funciona de facto como una travesía urbana de salida hacia el municipio de Zarzuela. «Debido a su estrechez física y a las elevadas velocidades a las que circulan habitualmente los vehículos, la presencia de tráfico de doble sentido genera situaciones de alta peligrosidad diaria», según han expresado los vecinos. Ellos también han documentado cómo camiones pesados autocargantes y autobuses de gran gálibo «invaden de manera sistemática los minúsculos resaltos que simulan ser aceras para poder cruzarse entre sí, colisionando frecuentemente contra los aleros de las viviendas y provocando desprendimientos de tejas y desperfectos en los bajantes de agua de los inmuebles». Esta situación, según relatan «obliga a los peatones, entre los que se encuentran personas de avanzada edad dada la cercanía de una residencia para personas mayores, a transitar desprotegidos por el centro de la calzada de rodadura compartiendo el espacio con vehículos pesados y turismos a gran velocidad».
La circunstancia ha motivado la lucha de los afectados con «años de denuncias» iniciadas en el año 2021 ante el Ayuntamiento de Villalba de la Sierra y la Diputación de Cuenca. Los vecinos han señalado que «la corporación local admitió formalmente en sus escritos la gravedad de la problemática, alegando dificultades reales para la convivencia entre el peatón y el tráfico rodado debido a la intensidad circulatoria y al exceso de velocidad de determinados vehículos». Sin embargo, el pasado 19 de junio —menos de 24 horas antes de la fecha fijada para la implantación de la medida experimental de verano—, el Ayuntamiento emitió un segundo bando en el que daba marcha atrás, acordando mantener la doble circulación existente. «El consistorio justificó esta regresión en la seguridad vial de forma exclusiva en la recepción de una serie de escritos y firmas de vecinos disconformes con las restricciones circulatorias, limitándose a anunciar la futura apertura de un proceso de información pública mientras la situación de peligro físico para los residentes permanece intacta», han señalado.
El Consistorio justifica su decisión con el consenso y abre la puerta a nuevas propuestas con un proceso de información pública
Por su parte, el Consistorio en el citado bando móvil señalaba que habían recibido una serie de escritos «acompañados de la correspondiente relación de firmas de vecinos del municipio», mediante los que se manifestaba «la disconformidad con la implantación de las nuevas medidas de tráfico previstas en la Calle Pinar y vías adyacentes». El Consistorio insistió en que se trataba de una medida demandada y que ellos habían trasladado a la Diputación Provincial de Cuenca «las reiteradas quejas relativas a la intensidad del tráfico, la velocidad de circulación de determinados vehículos y las especiales dificultades existentes para la convivencia entre peatones y tráfico rodado en determinados tramos de la Calle Pinar, dada la estrechez de la vía y la insuficiencia de espacios peatonales». Por ende «se promovieron diversas solicitudes de medidas correctoras, se solicitaron informes técnicos, se interesó la instalación de reductores de velocidad y se planteó la posibilidad de implantar una nueva ordenación circulatoria» con los que valoraron la posibilidad de implantar con carácter experimental una nueva ordenación del tráfico durante el periodo estival, con el objetivo de evaluar sus efectos sobre la seguridad vial y la movilidad urbana.
«No obstante lo anterior, el Ayuntamiento considera igualmente esencial escuchar a los vecinos afectados y valorar adecuadamente las consecuencias prácticas que cualquier modificación pueda producir sobre el conjunto del municipio». Por ello, tras analizar los escritos presentados y «constatada la existencia de un amplio respaldo vecinal a la solicitud de reconsideración de la medida proyectada» acordaron dejar sin efecto la implantación provisional del sentido único inicialmente prevista y mantener, por el momento, la situación circulatoria existente. A esto añadieron que «esta decisión no supone desconocer la existencia del problema que motivó la propuesta inicial, problema que continúa siendo real y que ha sido reconocido en distintos informes y actuaciones administrativas» y que en su ánimo estaba buscar soluciones con el mayor consenso posible por lo que continuarían estudiando posibles alternativas y que agradecían «cualquier propuesta o sugerencia que los vecinos deseen formular para contribuir a la búsqueda de una solución adecuada y consensuada, para lo cual, se abrirá un proceso de información pública».
Los vecinos afean al Ayuntamiento «ceder ante la presión de un grupo de vecinos disconformes» y reclaman «medidas de mínimos»
Por su parte, los afectados han señalado que «la seguridad física de las personas, amparada por la Constitución y la normativa de accesibilidad, no puede verse subordinada a una recogida de firmas informal de conveniencia». A estas contundentes afirmaciones han añadido que «el Ayuntamiento sabe y reconoce por escrito que la calle presenta aceras inservibles que ponen en riesgo la vida de los peatones, pero prefiere ceder ante la presión de un grupo de vecinos disconformes antes que velar por el cumplimiento de la ley y por la integridad de los que residimos aquí».
Para solucionar de forma coordinada el conflicto sin alterar necesariamente la movilidad circulatoria, los vecinos afectados han registrado nuevas instancias de oposición formal ante el Ayuntamiento de Villalba de la Sierra y la Diputación de Cuenca, exigiendo la instalación inmediata de medidas correctoras de mínimos entre los que se encuentran reductores físicos de velocidad y limitación estricta del tonelaje. En concreto demandan la colocación urgente de pasos peatonales sobreelevados y lomos de asno de conformidad con la Orden FOM/3053/2008 o, si la pendiente longitudinal excede del 5%, radares pedagógicos de velocidad y semáforos automáticos de control fotorreceptor que frenen físicamente a los conductores que entran en la calle. Asimismo reclaman la prohibición expresa de paso a camiones de gran gálibo y autobuses pesados de más de 3,5 toneladas, desviando de manera obligatoria dicho tránsito hacia la rotonda de la carretera de Portilla, la cual circunvala el casco urbano y está ubicada a escasos cientos de metros del núcleo de población.
Los residentes han concluido su escrito recordando que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo y de la responsabilidad patrimonial de la administración, «tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Cuenca se encuentran en una posición de garante» respecto de la seguridad en las vías públicas bajo su competencia. «Al tener conocimiento expreso del riesgo real de atropello y de desprendimiento de tejados por los reiterados escritos de queja presentados desde el año 2021, ambas administraciones asumen de forma directa y solidaria la responsabilidad civil e indemnizable ante cualquier daño físico, siniestro o atropello que pudiera producirse en la Calle Pinar debido a su deliberada inactividad técnica». Por tales motivos, los afectados aseguran haber trasladado la ampliación formal de la queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar amparo y la exigencia de explicaciones técnicas inmediatas al Consistorio.
GALERÍA DE IMÁGENES FACILITADAS POR LOS VECINOS
