Antonio Melero Pita
Ayer contaba en estas páginas cómo una instrucción administrativa, firmada en solo cuatro días por Sofía Puente Santiago —hermana del ministro Óscar Puente—, amplió el alcance de la ley de nietos mucho más allá de lo que había votado el Parlamento, y sin que la propia ministra de Justicia de entonces lo supiera. Hoy toca ver qué está suponiendo ese cambio en números, y qué puede significar para provincias pequeñas como la nuestra.
Ningún país se ha beneficiado tanto de este cambio como Argentina. Allí se concentra en torno al 40% de todas las solicitudes del mundo: solo el consulado de Buenos Aires ha registrado 645.052, y sumando Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca la cifra argentina ronda el millón, cuando los exiliados españoles que de verdad huyeron a Argentina por la guerra y la dictadura se cuentan, según los historiadores, por unos pocos miles. El dato no prueba, por sí solo, ningún fraude. Pero sí retrata con claridad la distancia entre la ley que se aprobó, pensada para reparar una injusticia concreta, y la ley que hoy se aplica.
El propio cónsul de España en Buenos Aires ha reconocido algo que conviene decir con la misma claridad: es materialmente imposible que estas nacionalizaciones influyan en las elecciones generales de 2027, porque la documentación seguirá tramitándose hasta 2031 y buena parte de los nuevos españoles son menores de edad o no llegan a inscribirse en el censo. Es un matiz honesto que hay que respetar. Pero el mismo cónsul admite que el consulado ha externalizado a una empresa privada la carga de los datos en papel de los expedientes, alegando la lentitud de los sistemas informáticos, y que la comprobación de las partidas de bautismo con las que se concede buena parte de estas nacionalidades es prácticamente inexistente —agravada por el hecho de que muchos archivos parroquiales ardieron durante la Guerra Civil—. No hace falta pensar en unas elecciones concretas para preocuparse: un sistema que reconoce abiertamente que apenas puede verificar el documento base de cada solicitud es, de por sí, un problema de control del Estado sobre quién se convierte en español y, con ello, en elector.
Y aquí entra la pregunta que de verdad me preocupa como conquense. España tiene dieciocho provincias, Cuenca entre ellas, donde se eligen solo tres o cuatro diputados. En ese reparto tan corto, el último escaño se decide con frecuencia por un puñado de votos. No hace falta imaginar nada: el voto de fuera ya ha cambiado un escaño en el Congreso en 2023, y ha decidido dos veces el último diputado autonómico en el País Vasco. Y en las cuatro últimas elecciones autonómicas —Andalucía, Castilla y León, Aragón, Extremadura— ha pasado algo llamativo: el PSOE perdió votos dentro de España, pero ganó el voto de fuera en las cuatro. Antes de esta ley, ganaba también el PP. Puede ser casualidad. Pero es exactamente el tipo de coincidencia que un Gobierno con nada que ocultar explicaría con gusto, y no lo ha hecho.
Todo esto llega, además, en el peor momento posible para la confianza. El Gobierno que defiende esta ley gobierna sin haber aprobado unos presupuestos, sin mayoría clara en el Congreso, y rodeado de un goteo judicial que no tiene precedentes recientes: su antiguo ministro de Transportes, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel; su asesor Koldo García, también condenado; el que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, en prisión; y más de una decena de causas abiertas que rozan a la cúpula de la Guardia Civil, a altos cargos de empresas públicas y, en investigaciones aún sin resolver, al entorno más cercano del propio presidente. No sostengo que todo esto esté conectado con la ley de nietos, ni tengo prueba de ello. Pero sí sostengo que a un Gobierno así, la ciudadanía tiene derecho a pedirle más transparencia, no menos, cuando toca algo tan delicado como quién puede votar y desde dónde.
Preguntada por todo esto, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, lo llamó «disparate» y «barbaridad». Puede que tenga razón en que nadie sabe todavía a quién van a votar los nuevos españoles de Buenos Aires, La Habana o Caracas. Pero su respuesta no explica por qué el voto de fuera se ha movido siempre en la misma dirección en las últimas cuatro autonómicas, ni por qué España suprimió el voto rogado —el que obligaba a pedir la papeleta expresamente— justo cuando el censo exterior empezaba a dispararse, haciendo mucho más difícil controlar quién vota y cómo llega esa papeleta a la urna.
No sé si detrás de todo esto hay una estrategia deliberada o solo la suma de decisiones tomadas sin medir sus consecuencias. No lo sé, y creo que nadie debería afirmar que lo sabe sin pruebas. Lo que sí sé es que la próxima vez que un diputado de Cuenca, o de cualquiera de las otras diecisiete provincias pequeñas de España, se decida por unos pocos cientos de votos, muchos de esos votos habrán salido de un consulado a miles de kilómetros, de personas que quizá nunca hayan pisado España ni tengan intención de hacerlo. Y antes de que eso ocurra, tenemos derecho a saber, provincia por provincia, cuántos son, de dónde vienen y qué garantías existen de que ese voto llega limpio a la urna.
La democracia se sostiene sobre la confianza, y la confianza se gana con transparencia, no se exige por decreto. Si no hay nada que ocultar, no cuesta nada mostrarlo. Y si lo hay, los conquenses —como el resto de los españoles— merecemos saberlo antes de que se vuelva a decidir un último escaño por unos pocos votos que ya no sabemos ni de dónde vienen.
Fuentes consultadas
Datos oficiales del censo:
· Oficina del Censo Electoral (INE): datos del CERA por provincia, país y mes de residencia, cierre a 1 de junio de 2026.
· INE / Oficina del Censo Electoral: censo por municipios, elecciones de mayo de 2023.
· BOE, Suplemento núm. 158 de 3 de julio de 2003: resultados de las elecciones municipales de 2003.
