Los senadores del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Benjamín Prieto y María Jesús Bonilla, han hecho público este martes que han solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión de Interior del Senado para que dé explicaciones sobre la situación de la seguridad en la provincia y detalle los planes del Gobierno para garantizar la cobertura de efectivos, medios e infraestructuras de la Guardia Civil en el territorio conquense. Los senadores han estimado que, de producirse, la comparecencia será después del verano.
Ambos parlamentarios han explicado que la iniciativa ha sido registrada por el Grupo Popular en el Senado a propuesta de los senadores por Cuenca en el mes de marzo y han avanzado que, si el ministro no comparece o las explicaciones resultan insuficientes, no descartan elevar el asunto al Pleno de la Cámara mediante una interpelación directa durante una sesión de control. Según han señalado, el objetivo es que el titular de Interior explique si conoce la realidad de la provincia y las medidas previstas para afrontar una situación que consideran «preocupante». En este sentido, han insistido en que la reclamación no responde a estadísticas, sino a la realidad que trasladan vecinos, alcaldes y los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que desarrollan su labor en el medio rural de Cuenca.
Al ser preguntada por lo que esperan de la comparecencia, la senadora ha señalado que parten «sin expectativas» y que «está claro, una de dos, o que Marlaska no conoce la realidad de Cuenca, que me parecería muy grave, o que si la conoce no toma medidas, que me parecería doblemente grave». Bonilla ha asegurado que familias, jóvenes, personas mayores, autónomos, ganaderos y agricultores les han trasladado que «sienten miedo». Por su parte, Prieto ha recordado que durante los últimos meses los senadores conquenses han presentado diferentes iniciativas parlamentarias relacionadas con la seguridad, al considerar que se trata de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la provincia. A su juicio, Cuenca necesita incrementar tanto el número de efectivos como los medios materiales disponibles para que los agentes puedan prestar un servicio eficaz en un territorio de grandes dimensiones y con una población muy dispersa.
Bonilla: «Para el ministro del Interior Cuenca no es una prioridad y la seguridad de Cuenca tampoco»
El senador ha señalado que la eficacia «no surge si no hay guardias ni efectivos» para atender una provincia que cuenta con 242 municipios y un centenar de pedanías, además de estar situada entre dos grandes áreas de población y movimiento como Madrid y Valencia. También ha recordado que en determinados periodos se han registrado «elevados índices de robos» y que algunos cuarteles de la provincia han llegado a contar únicamente con un par de agentes, una situación que, en su opinión, «no es garantía para el territorio ni para el propio trabajo de los guardias civiles». Por ello, ha asegurado que desde hace meses vienen reclamando tanto a la Dirección General de la Guardia Civil como al Ministerio del Interior un aumento de efectivos y de recursos, al considerar que, pese a las cifras oficiales, esos refuerzos «no llegan al territorio».
Uno de los principales ejemplos que ambos senadores han puesto sobre la mesa es la situación del cuartel de La Almarcha. Prieto ha recordado que tanto él como Bonilla han reclamado en diversas ocasiones, junto a la alcaldesa del municipio, la reconstrucción de unas instalaciones que fueron derribadas y cuya reposición consideran prioritaria por su ubicación estratégica, junto al cruce de la A-3 con la carretera entre Cuenca y Ciudad Real. Según han relatado, el Ministerio del Interior retrasando la actuación y todavía no ha fijado plazos para levantar de nuevo el acuartelamiento, pese a que consideran imprescindible recuperar esa infraestructura para reforzar la presencia de la Guardia Civil en una zona de gran tránsito.
Al preguntar por esta cuestión a los responsables, Prieto y Bonilla han asegurado que les han trasladado que era una cuestión de «prioridades» a lo que la senadora ha añadido que «ellos hablaban de prioridades y hubo prioridad para derrumbar ese cuartel, pero no hubo y no hay prioridad para construirlo». La popular ha defendido que la obligación de los representantes públicos es reclamar mayores garantías de seguridad para todos los ciudadanos y que «aquí hay datos que demuestran que es necesario cuarteles y que son necesarios más efectivos, está claro que no estamos en su prioridad». La situación de este cuartel junto a los problemas enumerados anteriormente suponen para la senadora que «para el ministro del Interior Cuenca no es una prioridad y la seguridad de Cuenca tampoco».
Preguntas para conocer las condiciones en las que trabajan los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia
Bonilla ha insistido además en que la reivindicación no solo afecta a la protección de los vecinos, sino también a las condiciones de trabajo de los agentes tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. En este sentido, ha explicado que desde el Senado vienen reclamando un incremento de efectivos, la mejora de las infraestructuras, la renovación de los vehículos, la mejora de los accesos digitales y de todos aquellos recursos necesarios para que los guardias civiles puedan desarrollar su labor en mejores condiciones. Según ha explicado, las respuestas recibidas hasta ahora por parte del Gobierno han sido «evasivas».
Los senadores consideran que la dispersión geográfica de la provincia hace especialmente importante reducir los tiempos de respuesta ante cualquier acto delictivo, pero también frente a emergencias o cualquier otra situación en la que los ciudadanos necesiten asistencia de la Guardia Civil porque «un minuto puede ser decisivo». En este sentido, Bonilla ha destacado que la presencia de un cuartel en una comarca supone, además de la presencia del Estado, una garantía de tranquilidad para los vecinos y un elemento que contribuye a fijar población en el medio rural. Ha argumentado que resulta difícil atraer nuevos residentes a los pueblos si no existen servicios públicos suficientes en materias como sanidad, educación o seguridad.
Los parlamentarios han anunciado igualmente nuevas iniciativas parlamentarias para conocer con detalle el estado de los medios materiales de la Guardia Civil en Cuenca. Entre otras cuestiones, han registrado preguntas para conocer la antigüedad de los vehículos utilizados por los agentes, si los chalecos antibalas son individuales o compartidos, cuál es su periodo de uso y cuáles son las condiciones generales del equipamiento disponible. Bonilla ha insistido en que les preocupa tanto la seguridad de los ciudadanos como la de los propios agentes, al considerar que deben disponer de los medios adecuados para desempeñar su trabajo y ha elogiado el trabajo de todos los profesionales que «incluso dan su vida para protegernos».
Asimismo, ambos senadores han avanzado que seguirán analizando cómo se distribuyen los nuevos efectivos anunciados recientemente para la provincia. Bonilla ha señalado que la incorporación de 90 guardias civiles —85 destinados y cinco en prácticas, según las informaciones publicadas— les parece una buena noticia, aunque considera que llega tarde y ha advertido de que estarán vigilantes para comprobar que esos agentes se destinan realmente al refuerzo de la seguridad ciudadana en calles y pueblos, así como a conocer las funciones concretas que desempeñarán. También ha recordado que recientemente se ha planteado la revisión del catálogo de puestos de la Guardia Civil y la Policía, un asunto sobre el que seguirán reclamando información para conocer las necesidades reales de personal.
Durante la comparecencia, ambos senadores han querido subrayar que sus críticas no van dirigidas contra los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bonilla ha trasladado el reconocimiento del Partido Popular a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales por el trabajo que desarrollan para garantizar los derechos y la seguridad de los ciudadanos, especialmente durante situaciones extraordinarias como las provocadas por fenómenos meteorológicos adversos. Ha insistido en que las reclamaciones se dirigen exclusivamente a quienes tienen capacidad para tomar decisiones, en referencia al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil.
Preocupación por la regularización de migrantes, la ‘Ley de Nietos’ y la imputación del DAO y la directora de la Guardia Civil
Además de las cuestiones relacionadas con efectivos e infraestructuras, Bonilla ha anunciado que también están formulando preguntas parlamentarias para conocer el impacto que pueda tener en la provincia de Cuenca la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno y la aplicación de la denominada Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática. Según ha explicado, solicitan información sobre el seguimiento de los expedientes y reclaman «transparencia y seguridad jurídica» en su tramitación.
Finalmente, la senadora ha reclamado nuevamente la dimisión de la directora general de la Guardia Civil y del director adjunto operativo (DAO) al encontrarse investigados judicialmente, o, en su defecto, que sean cesados por el Ministerio del Interior o que el Ministerio de Defensa inste a su cese. Aunque ha reiterado su respeto al principio de presunción de inocencia, considera que su permanencia al frente del instituto armado perjudica la confianza de los ciudadanos y la imagen de una institución «intachable». «A mí también me preguntan ciudadanos lo que quieren decir las imputaciones y de quién se pueden fiar. Se pueden fiar de la Guardia Civil, pero es cierto que los mandos que hoy están a cargo, directora general y DAO, hoy por hoy están imputados, repito, con respeto a la presunción de inocencia, pero están dañando la institución y la confianza de todos».
