La Fiscalía ha solicitado penas de hasta cinco años de prisión para varios acusados por formar parte de una presunta trama de falsificación de certificados médicos para la renovación del permiso de conducir en la provincia de Cuenca. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Cuenca este miércoles y jueves.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al año 2010 y afectan a un centro de reconocimiento de conductores ubicado en la capital conquense. En él, varios facultativos, junto con la dirección del centro, supuestamente habrían emitido certificados de aptitud médica y psicológica sin que los usuarios se sometieran a las pruebas obligatorias.
La Fiscalía sostiene que al menos 48 personas obtuvieron o renovaron su permiso de conducir sin acudir físicamente al centro ni realizar los exámenes preceptivos. A pesar de ello, siempre según su relato, los documentos fueron firmados y sellados como si se hubieran llevado a cabo las revisiones, permitiendo su tramitación ante la Jefatura de Tráfico.
La presunta operativa contaba además con la colaboración de varias autoescuelas de la provincia, especialmente de localidades de La Manchuela conquense. Según el Ministerio Público, los responsables recogían la documentación de los clientes (fotografías, permisos caducados y tasas) y la remitían al centro médico, donde se completaban los certificados falsos.
Entre los casos descritos figura el de un conductor que, pese a haber sufrido un ictus y presentar una notable pérdida de capacidad auditiva, obtuvo la renovación del carné sin someterse a ninguna prueba médica ni desplazarse a Cuenca.
Los hechos son calificados como delitos continuados de falsedad en documento público, en distintos grados de participación, que afectan tanto a los profesionales sanitarios como a los responsables de las autoescuelas implicadas.
En concreto, la Fiscalía solicita cinco años de prisión, multa e inhabilitación profesional para los principales acusados vinculados al centro médico. Para otros implicados, entre ellos gestores y colaboradores necesarios, se interesan penas de dos años de cárcel, mientras que para los partícipes de menor grado se piden condenas de un año de prisión.
El escrito fiscal incluye un amplio despliegue probatorio, con decenas de testigos, agentes de la Guardia Civil y abundante documentación intervenida, entre la que figuran registros, certificados y expedientes de renovación de permisos.
La causa, instruida en el Juzgado de Motilla del Palancar, pasa a ahora a la fase de celebración de la vista oral en la Audiencia Provincial de Cuenca.
