El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cuenca ha votado negativamente a la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para elaborar un Plan de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS) con cargo a la inversión procedente del 25% del canon
DMA -canon del agua-. El debate se ha centrado principalmente en los argumentos esgrimidos por el PSOE para justificar su voto negativo. A pesar del voto negativo del equipo de gobierno, la iniciativa salió adelante con 13 votos a favor del Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Cuenca en Marcha y Vox y 11 en contra del Grupo Municipal Socialista y Cuenca Nos Une.
El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha defendido que la propuesta del PP «no tiene sentido alguno» desde el punto de vista técnico y jurídico, al considerar innecesario instar a la Junta a transferir el 25% del canon. Asimismo, Martínez Melero ha argumentado que «atendiendo a los informes técnicos emitidos por la Empresa Municipal de Aguas, el orden de prelación de mayor a menor necesidad o importancia más coste o complejidad de las actuaciones necesarias en relación con el ciclo integral del agua, la relación de este plan no está entre las primeras ni más importantes urgentes».
En nota de prensa, el Partido Popular expuso que moción estaba destinada «a que el dinero que los conquenses pagan a través del nuevo canon del agua vuelva a la ciudad para mejorar las infraestructuras de saneamiento y evitar problemas futuros». Tal y como informó el portavoz del Grupo Municipal Popular, Álvaro Barambio, una reciente normativa estatal «obliga a las ciudades como Cuenca a redactar un Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento, un documento técnico que analiza el estado de la red de alcantarillado y depuración y planifica las inversiones necesarias para evitar vertidos, mejorar la calidad del agua y modernizar las instalaciones», finalizando el plazo para tenerlo listo en septiembre de 2027.
El Grupo Municipal Socialista y Cuenca Nos Une se han mostrado contrarios a la propuesta. Para justificar el sentido de su voto, Martínez Melero ha explicado que la propia Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha ya establece el mecanismo de reversión automática de ese porcentaje a los municipios, por lo que el Ayuntamiento no debe solicitar formalmente su devolución. Asimismo el edil ha señalado que corresponde a la autonomía municipal establecer a qué actuaciones se va a dedicar ese montante dentro de las obligaciones que tiene de inversión en el ciclo integral del agua.
El edil socialista ha subrayado que vincular ese 25% a la redacción del plan supondría limitar la autonomía municipal en la planificación de inversiones del ciclo integral del agua. «Corresponde al Ayuntamiento decidir, dentro de sus competencias, cómo aplicar esos recursos», ha defendido, rechazando que sea necesario condicionar previamente su destino. Asimismo, Martínez Melero ha asegurado que ya existe consignación presupuestaria suficiente para afrontar las obligaciones en materia de infraestructuras hidráulicas. En el presupuesto prorrogado de 2025 figura una partida de 600.000 euros en el capítulo 6 para inversiones en el ciclo integral del agua, cantidad que —según ha indicado— se verá reforzada en el proyecto de presupuestos de 2026, donde se contemplará una partida específica tanto en ingresos como en gastos correspondiente al 25% del canon.
El concejal también ha cuestionado la urgencia que los populares atribuyen a la redacción del plan. Apoyándose en informes técnicos municipales y de la Empresa Municipal de Aguas, ha afirmado que, dentro del orden de prioridades, la elaboración del PIGSS no figura entre las actuaciones más urgentes o de mayor impacto inmediato, frente a otras intervenciones en infraestructuras. Entre ellas ha citado las obras necesarias en el entorno del río Júcar para la conexión con los colectores generales, la instalación de caudalímetros en la EDAR y en captaciones, así como la colocación de contadores en acometidas municipales. Actuaciones que, según ha recordado, ya han sido objeto de modificaciones presupuestarias superiores a 600.000 euros.
Además, el responsable de Hacienda ha señalado que los propios informes técnicos plantean que tanto el PIGSS como el plan de emergencia frente a sequías podrían elaborarse con medios propios, mediante personal técnico municipal o de la empresa pública, licitando únicamente las actuaciones materiales que resulten necesarias. El PSOE también ha recordado que el Ayuntamiento concurrió al PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua para financiar este tipo de actuaciones, aunque no obtuvo ayudas, por lo que la financiación deberá articularse a través de recursos ordinarios y, en su caso, mediante modificaciones de crédito o remanentes de tesorería.
En definitiva, el Grupo Socialista ha defendido que el cumplimiento de la obligación legal de elaborar el plan está garantizado, pero ha rechazado la fórmula planteada por el PP al considerar que es redundante desde el punto de vista normativo, innecesaria en términos administrativos y restrictiva para la planificación presupuestaria municipal.
