Antonio Melero Pita
En 1978, Miguel Delibes publicó El disputado voto del señor Cayo, una novela sobre la España rural olvidada, el abandono del campo y la distancia creciente entre los despachos políticos y la vida real de los pueblos. Casi medio siglo después, muchas de aquellas páginas parecen escritas para la provincia de Cuenca.
Durante décadas, la provincia de Cuenca ha permanecido callada. Callada mientras perdía población, infraestructuras y oportunidades. Callada mientras cerraban el tren convencional, mientras se destruía el proyecto del ATC de Villar de Cañas y mientras el territorio empezaba a llenarse de macroinstalaciones energéticas y proyectos industriales que otros lugares rechazarían de inmediato.
La provincia callada puede terminar teniendo en sus manos el diputado que decida el futuro político de Castilla-La Mancha.
En Cuenca empieza a extenderse una sensación cada vez más difícil de ocultar: esta provincia ya no parece planificarse para prosperar, sino para soportar. Durante años se habló de proteger el territorio, de defender el paisaje y de evitar proyectos supuestamente incompatibles con el futuro de la provincia. Bajo ese discurso se combatió política y socialmente el proyecto del ATC de Villar de Cañas, presentado como una amenaza para el medio ambiente y para la imagen de Castilla-La Mancha.
Sin embargo, el tiempo ha terminado dejando una pregunta incómoda encima de la mesa: ¿qué alternativa real recibió Cuenca después de destruir aquel proyecto?
El ATC no era una subvención temporal ni una obra menor. Representaba una infraestructura estratégica de alcance nacional ligada a tecnología, ingeniería, empleo cualificado e inversión pública sostenida durante décadas. Habría situado a la provincia dentro de un sector industrial altamente regulado y tecnificado, asociado además a centros de investigación y actividad económica estable. Convenía derribarlo políticamente, convertirlo en símbolo ideológico y utilizarlo como bandera electoral. Y así ocurrió.
No surgieron grandes industrias tecnológicas, ni polos logísticos potentes, ni centros de innovación capaces de atraer población joven y empleo de calidad. Tampoco apareció ningún gran proyecto transformador que compensara la pérdida de aquella inversión. Mientras tanto, la provincia empezó a llenarse de aquello que otros territorios rechazan: macroplantas de biometano, proyectos ligados a residuos, extensiones masivas de fotovoltaicas, parques eólicos que colonizan montes enteros y actividades industriales que necesitan mucho suelo, poca oposición y escasa capacidad de respuesta política.
Y ahí muchos vecinos empiezan a percibir un patrón demasiado evidente.
A Cuenca se le negó una industria tecnológica y controlada mientras ahora se le reserva el papel de territorio receptor de instalaciones molestas disfrazadas bajo el lenguaje impecable de la “economía circular”, la “transición ecológica” o la “descarbonización”. Todo suena moderno y sostenible sobre el papel, pero en demasiados pueblos la percepción es mucho más cruda: la España vaciada se ha convertido en suelo barato para colocar aquello que nadie quiere cerca de las grandes ciudades.
La contradicción política resulta todavía más evidente al observar la estrategia institucional de los últimos años. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, multiplica los anuncios, las visitas y las inversiones menores en la provincia mientras el empleo industrial fuerte, las grandes decisiones económicas y los proyectos estratégicos siguen concentrándose en otros lugares. Todo esto ocurre además en un contexto político cada vez más ajustado, donde distintas encuestas empiezan a señalar que el diputado regional decisivo para mantener o cambiar el gobierno autonómico podría jugarse precisamente en la provincia de Cuenca.
Ese dato cambia muchas cosas.
Cuenca ya no solo sirve como territorio disponible para colocar infraestructuras incómodas. También se ha convertido en una provincia electoralmente estratégica. Y cuando un solo diputado puede decidir el poder autonómico, resulta inevitable preguntarse hasta qué punto determinadas decisiones responden realmente al interés de la provincia o al interés político de quienes necesitan conservar el gobierno.
Aquí ya no se discute únicamente sobre energía o medio ambiente. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la dignidad territorial de una provincia entera. Durante décadas se pidió a los conquenses paciencia, sacrificios y comprensión. Se cerró el tren convencional. Se aceptó la pérdida progresiva de servicios. Se asumió la despoblación como si fuese un fenómeno inevitable. Ahora, además, parece que el futuro reservado para buena parte del territorio consiste en convivir con residuos, macroinfraestructuras energéticas y proyectos decididos desde despachos muy alejados de la realidad rural.
El problema nunca fue proteger Cuenca. El problema era decidir qué intereses merecían protección y cuáles podían sacrificarse. Mientras se demonizaba el ATC de Villar de Cañas como una amenaza intolerable, apenas existe resistencia institucional frente a la transformación de amplias zonas de la provincia en un gigantesco tablero de instalaciones industriales vinculadas a residuos y producción energética masiva.
Ahí nace la indignación creciente de muchos ciudadanos: la sensación de que a Cuenca se le niega sistemáticamente aquello que genera poder económico real, pero nunca aquello que genera impacto, servidumbre o degradación territorial.
Ha llegado el momento de recordar aquella frase de Delibes: “Hemos ido a redimir al redentor”. Porque la provincia callada empieza a cansarse de que decidan por ella quienes nunca tuvieron que vivir sus consecuencias.
La vieja provincia silenciosa está descubriendo el valor político de su voto. Y si los conquenses comprenden la importancia de ese diputado decisivo, el futuro político de Castilla-La Mancha puede empezar a escribirse también desde los pueblos de Cuenca.
