El Partido Popular de Castilla-La Mancha acusa al gobierno socialista de Emiliano García-Page del atraso de la región en materia social. «Castilla-La Mancha mantiene a 730.000 personas en situación de pobreza o exclusión social, 175.000 menores viven en esta condición y más de 200.000 personas se encuentran en pobreza material». El presidente del PP de Cuenca, José Martín-Buro, denuncia que la autonomía lleva más de una década de políticas sociales «absolutamente fracasadas» y señala que, mientras otras regiones «se recuperan y la reducen, Castilla-La Mancha sigue con los mismos datos que hace once años».
Los populares dicen que estas cifras «son las más preocupantes de España y de la Unión Europea». Y no solo resaltan la magnitud de los datos, subrayan que lo «más escandaloso» es que «durante más de diez años de gobierno socialista del presidente, el número de personas en situación de pobreza o exclusión social no haya cambiado». Según la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, EAPN, «hay un total de 730.000 castellano-manchegos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social». «Esto supone que el 34% -más de un tercio de la población de Castilla-La Mancha- está viviendo en situación de pobreza o exclusión social», señala Martín-Buro.
«El indicador de carencia material sitúa a más de 210.000 personas en esta situación. Sería el 9,8% de la población. A su vez, 325.000 hogares de Castilla-La Mancha están en situación de pobreza y exclusión social. Esta es la absoluta realidad de nuestra región y mientras que aumenta la pobreza, mientras que al final no se combate con ningún tipo de estrategia, lo que vemos es que el gobierno regional vive de los anuncios y vive de los recursos públicos destinados a combatir estas situaciones», afirma.
Además, Martín-Buro pone el ejemplo de Andalucía como la prueba de que no se han tomado cartas en el asunto. «Andalucía ha conseguido reducir la pobreza en más de 600.000 personas, la ha reducido en un 8,4 puntos». «Castilla-La Mancha solo ha conseguido reducirloa en 1,7 puntos». «No ha variado», se queja Martín-Buro. «Esta es la diferencia entre las políticas socialistas y las políticas que en otros territorios están demostrando su utilidad. La comparación resulta demoledora». «Hace diez años Castilla-La Mancha tenía una situación mucho más favorable que Andalucía y también teníamos una tasa de pobreza inferior a otras comunidades autónomas como la de Murcia», declara.
Una situación «dramática»
Martín-Buro describe la situación social de Castilla-La Mancha como «dramática». «Son 175.000 menores los que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social. Casi la mitad de los menores de 18 años». «Es una cifra que consideramos insoportable e incompatible con la imagen de prosperidad que se intenta transmitir desde el gobierno regional y que compromete el futuro de la región y de esta provincia», recalca.
«Han pasado más de diez años de anuncios, de promesas, de estrategias, pero al final lo que es triunfalista acaba siendo una realidad que en nada refleja los anuncios del gobierno socialista de Emiliano García-Page». «La principal conclusión es que en Castilla-La Mancha no hemos podido salir de esta situación. El socialismo de Emiliano García Page no ha sido capaz de modificar la vida de los que realmente son más vulnerables. Más socialismo lo que demuestra es más pobreza», relata.
«En diez años de cuentas generales podríamos concluir que 1.000 millones de euros se presupuestaron, se anunciaron, se presumieron, pero no se han puesto en beneficio de los más vulnerables. el presupuesto para este ejercicio del año 2026 es de 953 millones de euros. Podríamos concluir que un ejercicio económico entero completo presupuestado no ha sido puesto en marcha para los más vulnerables», denuncia.
El PP exige que «se abandone la propaganda y que se empiece a afrontar la realidad». «Exigimos la ejecución íntegra, creo que es la primera responsabilidad que tiene un gobierno regional que lo que presupuesta lo cumpla». Los populares, por su parte apuntan que están desarrollando alternativas «que involucren a todas las consejerías, no solo a las Consejería de Bienestar Social. Desde Empleo, desde Educación, desde Fomento, desde todas las áreas hay que luchar contra estos datos que son datos absolutamente insoportables», concluye.
