El Juzgado de lo Penal número 2 de Cuenca ha albergado este jueves la primera de las cuatro sesiones del juicio contra siete acusados de Tarancón, entre ellos el exalcalde hasta 2011 Raúl Amores, por un presunto delito contra la Hacienda Pública por parte de la empresa pública Tainsa, de cuya dirección formaban parte.
El Ministerio Fiscal ha solicitado en sus conclusiones provisionales la pena de prisión de 3 años, para cada uno de ellos, y multa de 1.786.525,24 euros por un presunto delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, en vía de responsabilidad civil, el ministerio publico estima que los acusados junto con la mercantil TAINSA indemnizarán conjunta y solidariamente a la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria (AEAT) en la cantidad de 893.262,62 euros.
El escrito de acusación considera que en fecha 2 de agosto de 2004 en el Pleno del Ayuntamiento de la localidad de Tarancón se firmó el convenio urbanístico suscrito entre las siguientes entidades: Quinarius Castilla S.L., Industria Cárnicas Loriente Piqueras SA y el Ayuntamiento de Tarancón ( ) para el desarrollo del Polígono Industrial “Senda de los Pastores” de la citada localidad. El desarrollo de la totalidad del Polígono se realizaría mediante un PAU (Plan de Actuación Urbanizadora), a realizar por el
Ayuntamiento de la localidad de Tarancón por gestión directa, a través de la sociedad municipal y, por tanto, pública, Tarancón Industrial SA (Tainsa).
El Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) se aprobó finalmente en fecha 12 de abril de 2006 por el Pleno del Ayuntamiento de Tarancón, siendo la normas legales que regían con carácter general el PAU aprobado por el Pleno en ese momento la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo valoraciones y el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, que aprobaba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y de la actividad urbanística de Castilla La-Mancha, cuyo denominador común era la exigencia con carácter imperativo de la necesaria equidistribución de los gastos de urbanización entre los propietarios implicados (Icarlopsa, Quinarius y Tainsa) en la urbanización y en relación proporcional a sus aportaciones.
Procedimiento irregular
Así las cosas, el obligado tributario Tainsa, «siendo perfectamente conocedores y estando igualmente conformes los miembros del Consejo de Administración del mismo, con ánimo defraudatorio y estando obligado a la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del ejercicio fiscal del año 2009, dado que era la entidad que llevaba a cabo la gestión directa del desarrollo urbanístico del polígono industrial Senda de los Pastores, y en relación con la entidad Quinarius Castilla SL (dado que con la entidad Incarlopsa el IVA se declara conforme a la equidistribución de cargas de forma correcta), por parte de Tainsa se realiza una incorrecta equidistribución de cargas, siendo que Quinarius soporta el 11, 43% de los gastos de urbanización vinculados a un aprovechamiento subjetivo del 34,13%».
Paralelamente, Tainsa «soporta gastos de urbanización en un porcentaje del 48,22%, vinculados a un aprovechamiento subjetivo del 25, 38%. Resultando, a la vista de las actuaciones, que el obligado tributario Tainsa dolosamente, adeuda la cantidad total de 893.262,62 euros del IVA devengado pero que no ha declarado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en concepto de dicho impuesto».
