Cada vez son más los pueblos de la provincia de Cuenca, especialmente los de menor tamaño, que recurren a la instalación de cámaras de videovigilancia en las entradas y en el casco urbano del municipio como herramienta para reforzar la seguridad. Entre los defensores de la medida, las razones más repetidas son su capacidad de disuasión ante potenciales delitos, el material que aportan para resolver los ya cometidos y la sensación de mayor protección que pueden generar, además de compensar la falta de presencia policial. Aunque su instalación también presenta problemas en lo relativo a su viabilidad legal y la gestión de la imágenes, incluida la protección de la intimidad de los vecinos.
Una de las últimas solicitudes en este sentido ha venido de la Asociación de Vecinos ‘Salto de Víllora’, que las ha pedido en las entradas a la localidad de Enguídanos. Joaquín López Barberá, el presidente de la agrupación vecinal, ha manifestado, en declaraciones a Voces de Cuenca, que “como la mayoría de la gente es gente mayor, pues por las noches es un pueblo muy inseguro, porque está muy solitario, somos muy poquitos en el pueblo” y con la presencia de cámaras de vigilancia “la gente se siente un poco más protegida”.
Ante esta petición, el Ayuntamiento del municipio respondió negativamente, indicando que “es competencia únicamente de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. La asociación, por su parte, ha reiterado que estas cámaras ya están presentes en la puerta del Ayuntamiento y en la Plaza Mayor, y que su solicitud se limita “a las entradas del pueblo, donde no hay cuestiones de intimidad” que puedan afectar a los residentes.
La reclamación va acompañada de una crítica a la escasa presencia de agentes de la Policía o la Guardia Civil en el pueblo. “Vienen lo que pueden” ha aseverado resignado el presidente la asociación vecinal, “pero tienen muchas zonas para cubrir”. “Demasiado que vienen de vez en cuando, no le podemos pedir mucho más” ha concluido.
Pero hay otros consistorios que sí han optado por atender esta demanda, como el de Mota del Cuervo, que cuenta con videocámaras en su casco urbano desde hace más de un año. Su alcalde, Jacobo Medianero, ha coincidido en señalar la merma de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en estas localidades, «un problema grande que debería corregirse”, y ha reconocido que “no puede haber una cámara en cada calle”, pero hace un balance “positivo” de su experiencia hasta ahora.
Medianero ha precisado que se trataba de una “petición histórica de la ciudadanía”, con el objetivo de “mejorar la seguridad”. Las cámaras se instalaron en las entradas y las salidas del municipio y en las calles con locales de ocio, donde hay una mayor concentración de actos vandálicos. El alcalde ha explicado que las imágenes recogidas han servido para resolver actos delictivos e identificar grupos que cometían robos. También ha valorado su efectividad “como elemento disuasorio”, para evitar que se produzcan estos actos incívicos. Y respecto a la intimidad de los vecinos y el tratamiento del material recogido, Medianero ha explicado que solo se revisan si se ha cometido un delito y que “la policía local es la única que tiene acceso”.
El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Las Valeras también inició los trámites para instalar cámaras de vigilancia tras unos robos ocurridos en el municipio. El primer edil, Daniel Pérez Osma, defendió la medida con argumentos similares: su capacidad disuasoria, su viabilidad legal y la falta de agentes de la Guardia Civil en el pueblo. “No hay medida perfecta y no hay medida que vaya a evitar totalmente los robos, pero sí para que las personas que lo van a hacer se lo piensen mucho más”, aseveró.
En julio del año 2020, el Gobierno de España se comprometió a extender a Cuenca la instalación de cámaras de seguridad en pueblos pequeños como herramienta de mejora de la seguridad, tomando como ejemplo la experiencia y metodología que se adoptó para su autorización e instalación en la provincia de Guadalajara.
