Juan Morales Sáez
Hace unas semanas el Ayuntamiento de Cuenca anunció con evidente orgullo y satisfacción que iba a reformar una vivienda en Camino Cañete. Un edificio de ocho pisos de propiedad municipal. Noticias de este calibre merecen ser celebradas.
El anuncio genera, sin embargo, una duda práctica para cualquier joven conquense que lleve un tiempo observando el mercado del alquiler con una mezcla de resignación y humor negro: si el Ayuntamiento tiene viviendas municipales y está reformando una, ¿cómo se puede acceder a una vivienda pública municipal? Pregunta inocente. Respuesta perturbadora.
La respuesta está en la web del Ayuntamiento.
Sección de Normativa.
Reglamentos.
Ahí está: Reglamento para la Adjudicación, Administración y Uso de Viviendas Protegidas.
Un PDF del reglamento original en papel escaneado, un poco torcido, con papel amarillento, subrayado y las marcas de una máquina de escribir. El membrete del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Y la fecha: 15 de abril de 1952. Setenta y cuatro años, ni más ni menos. Pero esto no es lo mejor; agárrense, que ahora viene lo bueno.
El artículo 23 pide, entre los requisitos mínimos, «ser afecto al Régimen actual». Por si alguien no lo sitúa: el régimen franquista.
El artículo 24 da preferencia a quienes hayan sido «combatientes en las filas del ejército nacional o excautivos de la guerra de liberación». Por si alguien no la sitúa: se trata de la Guerra Civil española.
Los jóvenes de hoy estamos acostumbrados a los requisitos creativos del mercado inmobiliario. Nómina de tres meses, aval de los progenitores, dos meses de fianza, referencias del casero anterior, carta de motivación y, si puede ser, que no se tengan mascotas, ni pareja, ni demasiada personalidad.
Pero esto ya es otro nivel.
El mercado privado nos pide el alma; el Ayuntamiento nos pide ser franquista y haber combatido en la Guerra Civil. Con estos requisitos, acceder a una vivienda pública municipal en Cuenca va a estar difícil. Para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Y, llegados a este punto, para prácticamente cualquiera que no haya nacido antes de 1920.
Eso sí, seamos justos: esos requisitos llevan derogados desde 1978. Llegó la democracia, llegó legislación nueva que los anuló automáticamente. El Ayuntamiento de Cuenca NO exige afinidad con el franquismo para acceder a una vivienda pública municipal. Eso NO está ocurriendo.
Lo que SÍ está ocurriendo es que, en cuarenta y ocho años de democracia, a nadie se le ha ocurrido la brillante idea de reescribir el documento. Está ahí, publicado, disponible, con sus artículos intactos. Como pieza de museo. Pero sin el cartelito.
La gran reforma de 2007
Pero, al césar lo que es del césar: el reglamento sí fue modificado. Una vez.
En 2007, cincuenta y cinco años después de su aprobación, el Pleno del Ayuntamiento tuvo que volver a mirar este documento. Tenían el reglamento delante. Lo leyeron. Deliberaron. Y decidieron que lo importante era actualizar los artículos 78 al 86, que regulan qué ocurre con la vivienda cuando el adjudicatario muere y hay varios herederos.
Los artículos 23 y 24, con sus referencias al franquismo, siguieron intactos. Con el tema de los herederos ya había suficiente faena.
Nadie, en aquella época, levantó la mano para señalar el anacronismo.
Y no hace falta dramatizar: actualizar un reglamento municipal no es reconstruir el Imperio Romano. No requiere un plan de emergencia ni una partida presupuestaria extraordinaria. Requiere que alguien, en algún momento de estos 47 años de democracia —o al menos en los casi 20 años transcurridos desde aquella revisión de 2007—, hubiera pensado que valía la pena.
Que menos, que el ciudadano no tenga que leer un PDF escaneado, subrayado y torcido para entender sus derechos sobre la vivienda pública municipal. Un pequeño detalle. Aparentemente insignificante. Pero muy revelador de cómo se ha tratado este asunto, independientemente del color político.
El laberinto regulatorio
Cualquier joven que intente entender hoy, en la práctica, cómo funciona el acceso a una vivienda municipal de Cuenca se enfrenta a la superposición de tres documentos de épocas distintas: el reglamento de 1952, un Real Decreto de 1978 y un boletín provincial de 2007. Ninguno integrado en un texto único. Cada reforma vive en su propio documento, en su propia época, y el ciudadano que quiera saber qué dice hoy el reglamento tiene que hacer él solo el puzle.
Para navegar por ese galimatías normativo con garantías harían falta conocimientos jurídicos que el ciudadano medio no suele tener y, más importante, no debería necesitar. La administración pública NO está obligada a redactar sus reglamentos en lenguaje coloquial; eso es razonable. Pero SÍ debería velar por que cualquier ciudadano pueda entender, sin necesidad de un jurista, cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos.
Lo que hacen otros
No hace falta irse muy lejos para encontrar modelos distintos. Viena es el ejemplo que siempre se cita, el 60% de su población vive en vivienda pública o cooperativa fruto de décadas de inversión sostenida, y se cita tanto precisamente porque funciona: un joven con salario digno puede acceder a un alquiler asequible sin que su vida dependa de la especulación sobre un derecho básico y constitucional.
Pero no miremos tan lejos. Ciudades como Madrid tienen empresas municipales de vivienda con convocatorias periódicas, registros de demandantes transparentes y criterios publicados que cualquier ciudadano puede consultar sin necesidad de título en historiografía normativa. No es el modelo vienés, pero es un sistema activo, actualizado y que no requiere haber ganado ninguna guerra. Y la propia Castilla-La Mancha tiene su marco: la Ley 2/2002 de viviendas con protección pública, un registro autonómico de demandantes e instrumentos modernos que el Ayuntamiento de Cuenca podría usar para construir algo parecido a una política real.
Los recursos existen. La voluntad de usarlos es otra conversación pendiente. El trampantojo
Volvamos al anuncio de la reforma de una vivienda en Camino Cañete.
El trampantojo es que el anuncio funciona como escaparate de una política que no existe. Reformar un piso dentro de un parque municipal sin criterios claros de adjudicación, sin convocatorias públicas periódicas, sin registro de demandantes y sin una estrategia que cualquier ciudadano pueda consultar es un gesto. Y los gestos están bien. Pero los gestos no son política de vivienda.
Y mientras tanto, el mismo Ayuntamiento publica un informe que reconoce un riesgo especial de vivienda inasequible en la ciudad. El primer paso es reconocerlo. Pero reconocer un problema y tener instrumentos para resolverlo son dos cosas distintas. El instrumento municipal disponible para responder a ese diagnóstico es, como ya sabemos, un reglamento de 1952.
El problema no es de un partido en concreto. Es de todos los que han gobernado Cuenca en casi cinco décadas de democracia. PP y PSOE se han alternado en el poder municipal y ninguno ha considerado que la vivienda pública municipal mereciera algo más que algunos gestos puntuales. Reformar una vivienda aquí.
Un anuncio allá. Y el reglamento de 1952, quieto, amarillo y disponible para quien quiera consultarlo.
Reformar una vivienda pública municipal está bien. Pero sin una política de vivienda pública municipal sólida, actualizada y pensada detrás, reformar o no reformar, da exactamente igual.
Un escaparate muy bonito.
Sin nada dentro.
Puro trampantojo.
Las pruebas del delito
Por si acaso misteriosamente desaparecieran los documentos de la web del Ayuntamiento de Cuenca, las fuentes están grabadas en piedra en Wayback Machine: la página de reglamentos del Ayuntamiento de Cuenca y el «Reglamento para la Adjudicación, Administración y Uso de Viviendas Protegidas» de 1952 (escaneado, subrayado, amarillento y original, por supuesto).
https://web.archive.org/web/20260313093001/https://ayuntamiento.cuenca.es/r eglamentos
https://web.archive.org/web/20260313093018/https://ayuntamiento.cuenca.es/P ortals/Ayuntamiento/documents/2782583_8209udf_Reglamento%20para%20A djudicacion%20Viviendas%20Protegidas.pdf
La administración tiene todo el derecho a actualizar sus reglamentos. Faltaría más. Llevan más de 40 años esperando.
