Carlos Muñoz Román, miembro de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural
Durante años, en lugares como Campos del Paraíso, y tantos otros municipios de Castilla-La Mancha, hemos aprendido a reconocer un mismo patrón. Proyectos que llegan desde fuera, decisiones que se toman lejos y discursos que hablan de progreso mientras el territorio asume los costes. La sensación persistente es que el equilibrio rara vez está de nuestro lado. O que las instituciones no siempre están donde deberían.
Lo que está ocurriendo ahora con el desarrollo del reglamento que regulará las plantas de biometano en la región no es un episodio aislado. Es el punto en el que agravios que parecían inconexos empiezan a leerse como parte de una misma lógica.
Ante la contestación social y la experiencia acumulada en municipios que ya conocen los impactos de estas instalaciones, la respuesta institucional era esperada. La Junta, a través de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha tratado de canalizar esas dudas, pero ha evidenciado una falta de ambición para resolver un problema que la ciudadanía no ha generado. Y, sobre todo, está trasladando el foco de la decisión a los ayuntamientos sin distinguir entre realidades muy distintas. En la práctica, la respuesta suena a “su Ayuntamiento sabrá”.
La regulación prevista, aparentemente respetuosa con la autonomía municipal, encierra algo más complejo. No todos los municipios operan en igualdad de condiciones. Muchos son pequeños, con recursos limitados, estructuras administrativas reducidas y fuerte dependencia económica, frente a proyectos empresariales de gran escala, con capacidad técnica, jurídica y financiera.
En ese contexto, trasladar la decisión no es necesariamente descentralizar. Puede ser, sencillamente, desplazar el problema hacia el eslabón más débil, que no solo es el Ayuntamiento, sino la ciudadanía en su conjunto que puede -o no- estar organizada frente a estos macroproyectos.
Se insiste en que los ayuntamientos tienen la última palabra. Puede que sea cierto en términos formales, lo veremos. Pero la democracia no se sostiene solo sobre procedimientos, sino sobre condiciones reales.
Decidir no es únicamente firmar o no una licencia, hacer o no un informe de impacto. Decidir implica poder hacerlo con información suficiente, con respaldo técnico y con margen económico para que la decisión no venga condicionada desde el inicio. En muchos municipios castellanomanchegos, una inversión de este tipo no es una más, ya que puede alterar de forma significativa su equilibrio presupuestario. Y cuando eso ocurre, la libertad de decisión se resiente.
Aquí aparece una cuestión de fondo. La libertad no es solo la capacidad formal de decidir, sino la posibilidad real de hacerlo en condiciones de autonomía. Es lo que algunos entendemos como libertad en sentido positivo. Básicamente disponer de los medios necesarios para tomar el control de las propias decisiones y actuar conforme a ellas. Sin ese soporte, la autonomía se convierte en una ficción.
El problema se agrava cuando ni siquiera existen herramientas básicas. Hay municipios -como Campos del Paraíso- que por ejemplo no cuentan con normas urbanísticas propias. Eso significa que carecen de un marco claro para ordenar su territorio y, por tanto, afrontan este tipo de proyectos con una capacidad de decisión muy limitada. En ese escenario, hablar de autonomía municipal sin garantizar medios reales es, como mínimo, ingenuo. La cuestión no es quién decide, sino en qué condiciones se decide.
Ahí es donde la Junta debería desempeñar un papel insustituible. No para sustituir la decisión local, sino para hacerla posible. Como garante del equilibrio, como instancia que ordena el conflicto y establece reglas claras que protejan al territorio frente a dinámicas que tienden a imponerse.
Sin embargo, la percepción -y esto es relevante- es que ese papel se está diluyendo. Alegaciones respondidas de forma genérica, procesos de regulatorios poco transparentes y una interlocución que no está a la altura del impacto de estos proyectos pese a movilizaciones ciudadanas recientes muy significativas en municipios como Campos del Paraíso o Tobarra.
Cuando eso ocurre, lo que se resiente no es solo un procedimiento administrativo. Es la confianza. ¿Están las instituciones al servicio de la gente? ¿Existe una respuesta clara a las inquietudes ciudadanas? Si esas preguntas quedan en el aire, el terreno se vuelve propicio para discursos simples que sí ofrecen certezas, aunque no siempre en la mejor dirección.
En Campos del Paraíso, como en otros puntos de la región, el debate ha dejado de ser únicamente técnico. Lo que está en juego es la capacidad de un territorio para defender sus propios intereses.
En definitiva, este proceso introduce un elemento incómodo, porque rompe una idea asentada de que el territorio es un espacio disponible, gestionable desde fuera. Frente a ello, emerge otra lógica en la que el territorio se concibe como un sujeto con voz, con memoria y con límites que inciden directamente en la forma de vida de vecinos que hasta ahora habían seguido trayectorias y prioridades distintas.
Por eso el debate sobre el biometano no es, en el fondo, un debate técnico. Es una discusión sobre modelo. Sobre el papel que ocupa el medio rural en la toma de decisiones. Sobre si queremos que siga siendo la variable de ajuste donde se resuelven tensiones externas o si aspiramos a algo distinto.
No se trata de negar la complejidad de la transición energética ni de rechazar cualquier proyecto por principio. Se trata de cómo se decide, desde dónde se decide y con qué garantías. Porque hay una diferencia esencial entre integrar al territorio en una estrategia de futuro o utilizarlo como solución rápida a problemas que se generan en otros lugares.
En este punto, la responsabilidad de la Junta es evidente. Si los pueblos tienen que decidir, que decidan de verdad. Con información, con respaldo institucional y en condiciones que garanticen una elección libre. Todo lo demás no es autonomía. Es abandono.
