Nicolás Poveda Peñas- Ex magistrado conquense de la Audiencia Nacional
Desde hace meses, vengo publicando mi opinión sobre uno de los más graves hechos que pudieran suceden en nuestro país, en orden al mantenimiento del sistema democrático que impera desde la Constitución de 1.978, y tal problema no es otro que el desmantelamiento de la independencia del poder judicial, que estos personajillos, políticos que dejaron su vergüenza y dignidad Dios sabe dónde hace mucho, pretenden llevar a cabo, con dos finalidades.
En un principio siempre pensé, en base a una circunstancia gravísima que más delante les aclarare que su pretensión era la de obtener unos Juzgados y Tribunales afines a sus ideas, que les permitieran medrar, castigar y apropiarse de todos y de todo, sin peligro de ser condenado por una de esas leyes que existen y no han leído, ni conocen porque no piensan cumplir, como es el Código Penal.
Esta pretensión de pérdida de la independencia judicial mediante la elección para un juicio propio de jueces y Magistrados afines no es un invento, ni mío ni de algunos, ya que en su día viví personalmente, como un Tribunal que se iba a encargar del enjuiciamiento de un procedimiento tan grave como el denominado caso Gürtel, fue prefabricado a favor de sus intereses.
Me había propuesto, desde que sucedieron estos tristísimos y gravísimos hechos, no hablar de ello, en atención al principio de respeto al juramento que hice al ser nombrado Juez, pero he visto que si lo pongo de manifiesto cumplo mi juramento de servicio público, recientemente se ha publicado, por error, y así me lo ha reconocido y yo le he creído por el autor de la noticia, contenida en un libro de reciente aparición bajo el título “La larga marcha de Rajoy a Casado”, del que es autor uno de los columnistas más serios, honestos y cabales que puedas encontrar, en el que se indica que yo fui el ponente de unas recusaciones de Magistrados que iban a enjuiciar dicho caso, lo que dijo en base a una información errónea y a lo mejor interesada, cuando lo cierto es que yo fui uno de los más firmes oponentes a dichas recusaciones.
El hecho en sí, consistió en que, el enjuiciamiento de las causas que se tramitan en la Audiencia Nacional, no queda al azar, sino que en base a la numeración que toda causa tiene asignada desde su entrada en la A.N. y de la que se deriva finalmente el Tribunal enjuiciador, los miembros de dicho Tribunal, tampoco se eligen al azar, sino que obedece ello a unos parámetros establecidos anualmente y publicados en el BOE (ver el de 13.02.2020), para que todos los que van a ser enjuiciados conozcan con antelación quienes les van a enjuiciar y puedan formular recusación.
La recusación es un trámite legalmente establecido para apartar de un proceso a algún juzgador, que pueda tener interés subjetivo u objetivo en la causa, y pueda representar esto, la posibilidad de una postura favorable a la condena o absolución del enjuiciado.
En este caso concreto de la operación Gürtel correspondió su enjuiciamiento a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, la que por las normas publicadas procedía la designación del Tribunal formado entre los Magistrados Doña Concepción Espejel; Don Enrique López y Don Julio de Diego.
Contra tal designación se formalizó en primer lugar, es mi opinión a modo de ensayo para ver la reacción de los demás componentes de la Sala de lo Penal, contra Don Enrique López, por el hecho haber colaborado en FAES dando conferencias y haber sido designado en su día como vocal del Consejo General del Poder Judicial en la propuesta que deben aprobar Congreso y Senado por tres quintos de votos a instancia del PP, pero como no tenía el PP los tres quintos, es lógico que fue votado por miembros del PSOE en virtud del pacto que fuere.
Esta recusación fue prosperando, y se dieron cuenta sus promotores y afines que con ello se produciría la baja de Don Enrique López y la entrada de Don Ángel Hurtado. Este último Magistrado de muy reconocida solvencia e imparcialidad e independencia, que no les convenia, ya que ellos pretendían la designación de otro Magistrado.
Por ello hubo una segunda recusada, que fue Doña Concepción Espejel, a quien se le imputaba como causa de recusación, principalmente el haber sido designada miembro vocal del Consejo citado en idéntica forma.
Ante esto, y como quiera que el PP aparecía como enjuiciado no por delito sino como beneficiado a título lucrativo por delito, aprovechando el hecho de la designación e indicando que afectaba a su imparcialidad. Dicha recusación salió adelante con una exigua mayoría en el Pleno de la Sala, ultimo Órgano decisor de las recusaciones, con el nombramiento, por fin, del Magistrado Ricardo de Prada.
Así se formaron las recusaciones por la izquierda radical judicial, y se designó ponente para su estudio en el caso de Doña Concepción Espejel a otro Magistrado la Sra. Bayarri.
La problemática grave que afecta en este caso a la independencia judicial no es el examen y decisión sobre las causas de recusación, de si estas son ciertas o no, sino del hecho de que la causa estimada como base de las mismas, fue la de haber sido, en ambas, designado consejero del CGPJ en la forma indicada.
Pero resultaba que los ponentes, y en concreto el Magistrado Sr. Sáez intervino en el Pleno decisorio de la recusación por un voto, había sido designado miembro vocal del CGPJ por propuesta de Izquierda Unida, que también era parte en dicho proceso penal en calidad de acusador, con lo que se convertía en juzgador de la recusación una persona con la misma causa que los recusados, sin cuyo voto el resultado hubiera sido otro.
Era lógico pensar que, si la designación de Vocal del Consejo fue causa de perdida de imparcialidad para los recusados, y es evidente que la misma causa recaía en el ponente designado, lo que no se entendía bien, pues la misma razón de imparcialidad tenían unos y otros.
Es evidente que se buscaba por estos, el cambio de dos magistrados, puesto que las decisiones de los Tribunales se toman por mayoría y lo forman tres magistrados, ya que los siguientes que les debían sustituir eran los Sres. Hurtado y Prada Solaesa. Sobre el primero no hubo cuestión, ni por unos ni por otros, pero si por el segundo, ya que eso convertiría al Tribunal en un instrumento de la izquierda radical judicial, en la que el Sr. De Prada, es un destacado exponente, que ya hace unos años en plena actividad asesina de la banda terrorista ETA mantuvo en una conferencia en San Sebastián, que la Audiencia Nacional había colaborado en la tortura de detenidos etarras, conferencia que dio en unión del magistrado Sr. Sáez.
Así se consiguió un Tribunal a su medida, que todos estábamos convencidos que condenaría al PP, como así sucedió, no porque debiera o no condenarlo, sino porque servía para expresar la causa de la condena de una determinada forma, que era precisa para los fines que perseguía la izquierda política, y que se plasmó entre otras causas en la moción de censura.
El Tribunal Supremo confirmo la sentencia, pero elimino de su texto las razones o motivos en los que se basó la condena de la Audiencia, por considerar que tal texto, ni había sido probado, ni se correspondía con los planteamientos del juicio, es decir, obedecía a otras cuestiones, políticas en mi opinión, porque no puede ser de otro modo.
No fue pues una tramitación legalmente correcta según mi entender, y de otro grupo de magistrados, ya que incluso pudo poner en peligro el proceso al haberse vulnerado el principio de juez predeterminado por la Ley, que podrían haber denunciado los acusados.
Como decía al principio, pensaba que la causa de la actuación de estos fascistas que se dicen de izquierda contra el poder judicial, era la elección de los juzgadores, la que para mí era la única causa.
Pero finalmente hemos descubierto una segunda causa, y es el pretender el desmantelamiento del sistema democrático, que como vengo repitiendo desde mi primera nota se basa en la conjunción equilibrada de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para su sustitución por un sistema bolivariano comunista
Hoy vemos como el ejecutivo, formado por personas de la izquierda radical, con componentes relacionados política y económicamente con los tiranos Chaves y Maduro, y bajo el aplauso del llamado zapatitos, ha silenciado al Congreso y al Senado, a los que acude cuando le viene en gana como escenario y como es necesario, pero impide su función de debatir y cuestionar las decisiones del ejecutivo que dice gobernar el país, mediante el sistema de decretos leyes, y así una vez controlado según sus caprichos el poder legislativo, solo les falta controlar el poder judicial, para que nadie les moleste ni les contradiga, con ello consiguen tener el poder absoluto por parte del ejecutivo que son ellos, impidiendo a los demás poderes el ejercicio de sus funciones naturales.
Esto en toda tierra de personas normales, se denomina tiranía, y a los que la ejercen, integrados en un gripo o banda política se les llama fachas o fascistas, que tal apelativo no se debía, a vestir tal o cual color de camisa, sino a su actividad en relación con el ejercicio de los poderes que integran la democracia eliminando las funciones del legislativo y del judicial en favor del jefe o de los jefes supremos.
Y así estamos, muriendo la gente en la tercera o cuarta ola o la ola que sea, sin saber contar los muertos, gobernada nuestra sanidad por un filósofo que ahora se presenta a las elecciones catalanas a recoger el producto del riego económico derivado del material necesario para el covid-19. Y que por no saber no sabe ni el número de muertos, prueba evidente de su pérdida de vergüenza y dignidad.
Tal osadía y desvergüenza sin embargo ha servido para conocer sobradamente quien manda en el tema Covid-19, ya que ellos dicen que son las CCAA las que son las competentes, pero las vacunas las trae el gobierno, las distribuye el gobierno, y es quien adopta las medidas preventivas, es decir quién manda y las CCAA de acompañamiento coreográfico. No engañan ya a nadie y sabemos quién es el culpable de tanta muerte.
