J. Alberto Torrijos Regidor, ingeniero de caminos
No hace mucho, tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, la Reina Leticia dijo: “todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe”. La expresión de la Reina me parece acertada y pertinente. Es una expresión también aplicable a la tragedia que se produjo en Valencia tras la DANA de octubre de 2024. Sobre esa tragedia no sólo hay que evitar su olvido, también hay que actuar, hay poner los medios para que no se repita.
En el año 2015 se terminó el Plan de Gestión de Riesgos para la Cuenca del Júcar. Allí se calificó la zona del Barranco del Poyo como de riesgo extremo (probabilidad muy alta de que ocurra una inundación) y peligrosidad extrema (los daños que causaría la inundación serían muy graves), también se establecían medidas para evitar el desastre que, concretamente en ese lugar consistían en la ejecución de dos encauzamientos, una presa y, para toda la Cuenca del Júcar un sistema de alerta temprana. Nada de esto se hizo.
La inacción de los poderes públicos en esta materia ha sido patente. Pero no sólo ha habido inacción; han aparecido obstáculos legales creados lejos de la Comunidad Valenciana y de España. Esos obstáculos han sido creados, no hace mucho, en Bruselas, en el seno de la Unión Europea, bajo un irracional romanticismo ecologista. Esos obstáculos están incluidos en el Reglamento de la Unión Europea de Restauración de la Naturaleza de 24 de junio de 2024. Ese Reglamento, de obligado cumplimiento, en su “Considerando Número 4”, nos indica cómo tenemos que protegernos frente a los desastres naturales con una florida y pedante frase: “mediante soluciones basadas en la naturaleza y/o enfoques basados en los ecosistemas en beneficio de todas las personas y la naturaleza”; es decir, sin infraestructuras y esperando que una bondadosa naturaleza evite esas tragedias (cosa que nunca ha hecho en la Comunidad Valenciana, como lo demuestran tragedias recogidas desde el siglo XIII hasta hoy).
Tras la descripción de la situación presente que acabamos de hacer, es natural y humano hacerse las siguientes preguntas: ¿Estamos ante un callejón sin salida?, ¿Podemos hacer algo? Las respuestas a esas preguntas, son un SÍ rotundo, SÍ se puede hacer algo. La Constitución Española en su artículo 87.3 permite que los ciudadanos puedan proponer a los legisladores normas a través de lo que se denomina Iniciativa Legislativa Popular. En el pasado mes de julio se lanzó una Iniciativa Legislativa Popular que pretende modificar el Art. 14 de la Ley de Aguas de forma tal que se permita la ejecución de obras en los ríos para proteger a los seres humanos de catástrofes como la que sucedió en Valencia.
Pero, para que prospere la Iniciativa Legislativa Popular se necesitan 500.000 firmas (un número muy elevado) y en estos momentos sólo se han recogido, trabajosamente, algo más de 100.000. Es por ello por lo que pedimos colaboración de ciudadanos para intentar llegar a esas 500.000 firmas. A través del enlace siguiente https://www.boreal.es/ilp/ley-de-aguas se puede firmar electrónicamente la Iniciativa o, lo que es mejor, se pueden pedir hojas para la firma manuscrita de varias personas (cada hoja lleva diez firmas) que serán enviadas junto con un sobre para su reenvío con el franqueo pagado para introducirlo en cualquier buzón de Correos.
Agradezco yo y mi colectivo profesional, de antemano, la colaboración ciudadana que se nos ofrezca para intentar sacar esta Iniciativa adelante.
