El pasado viernes tuvo lugar una reunión entre la Delegación Provincial de Educación y la Junta de Personal Docente para tratar temas relativos a las condiciones laborales de los docentes y como no podía ser de otra forma, se habló del anunciado cierre del CEIP San Julián, cuyo edificio será una de las sedes del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios.
Respecto a este tema la Junta de Personal Docente manifestó «su rechazo absoluto al cierre del Colegio» y ha mostrado su indignación «ante la opacidad del proceso, recibiendo únicamente información a través de los medios de comunicación hasta hace escasamente 15 días». Según explica este órgano en un comunicado, el viernes 14 hubo una primera reunión en la que se informó a la Junta de Personal de este tema, tuvo un carácter técnico y en ella no se concretó cómo se llevaría a cabo el proceso.
La siguiente reunión fue el pasado viernes, y aunque asistió la delegada de Educación, Sonia Isidro, «no comunicó a los representantes sindicales ninguna novedad respecto a la semana anterior y no fue posible negociar la situación de los docentes al estar ya todas las decisiones tomadas», según la Junta de Personal.
Por parte de la Delegación Provincial se reafirmó el ya anunciado cierre del centro, y a informar que los docentes pasarán a ser “suprimidos” y que por tanto tendrán que participar en un acto público para obtener un destino provisional para el siguiente curso escolar. «Esta propuesta no supone una solución aceptable para los docentes, dado que han perdido la oportunidad de participar en el Concurso General de Traslados porque no sabían que iban a perder su centro de destino de manera definitiva», opina la Junta de Personal.
Este organismo ha solicitado que se conceda un año de “prórroga” al centro para evitar que tanto docentes como familias se vean afectados «injustamente» por esta repentina decisión, pudiendo así participar tanto en el Concurso General de Traslados como en el Proceso Ordinario de Admisión del alumnado. «Lamentablemente desde Educación se han mostrado inflexibles y no han aceptado ni tan siquiera entrar a considerar la propuesta. Según informó la propia delegada, la última novedad respecto a las familias, es que algunas de ellas han llegado a un acuerdo con otro centro educativo de la capital para matricular allí a sus hijas e hijos, intentando así solucionar en parte el problema de la matriculación extraordinaria», revelan.
Además, los representantes sindicales preguntaron acerca del futuro colegio en Jábaga y si su apertura ha condicionado el cierre del San Julián. También han solicitado saber si el colegio en Jábaga se abrirá como nuevo centro o como sección del CRA Elena Fortún de Villar de Olalla, tal y como se anunció en enero 2020 a los medios de comunicación (en ningún momento a la Junta de Personal Docente). La respuesta fue que aún no está tomada la decisión y están valorando cómo se llevará a cabo dicha apertura.
Por último, la Junta de Personal ha expuesto su profunda preocupación ante el “peligroso precedente” que se sienta con el cierre del San Julián, «llevando a cabo el proceso de la noche a la mañana y sin contar previamente con las familias ni los docentes afectados».
