El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de ocho años de cárcel para un acusado de infringir en un delito contra la salud pública cometido cuando su pareja se encontraba ingresada en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por intoxicación. Los hechos se remontan al 4 de junio del año 2019, cuando la persona enferma se encontraba ingresada en la planta de psiquiatría. El juicio se celebrará este miércoles.
Esta persona cumplía una sentencia tramitada en el año 2015 tras presentar un diagnóstico de trastorno adaptativo mixto y dependencia a opiáceos y benzodiacepinas. Así mismo, se declaraba la restricción parcial de su capacidad de obrar, en particular en cuanto a las cuestiones referidas a manejo de medicamentos y consentimiento de tratamiento y cuidados de la salud, designándose como
entidad tutelar la Fundación Sociosanitaria.
Esta persona había estado ingresada en diferentes centros al objeto de recibir el necesario tratamiento de desintoxicación de sustancias estupefacientes, así como había sido asistida en la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital, sin que se hubiera logrado su total recuperación, razón por la cual la entidad tutelar formuló solicitud de autorización de internamiento involuntario al objeto de
valoración y seguimiento del tratamiento.
La Fiscalía precisa que el acusado se personó en el hospital manifestando ser pareja sentimental de la misma razón por la cual acudía al centro de manera habitual, pese a que la persona ingresada tenía restringidas las visitas, siendo además plenamente consciente de la situación clínica en la que se encontraba, así como que estaba ingresada precisamente para recibir tratamiento de deshabituación a sustancias tóxicas.
El acusado procedió, no obstante, a entregar un tarro de crema a los sanitarios con la finalidad de que se lo dieran a la paciente. Este instrumento ocultaba en su interior una bolsa de una sustancia que resultó ser cocaína, preparada en forma de crack (sustancia que combina el clorhidrato de cocaína y bicarbonato sódico, especialmente preparada para ser fumada o aspirada) arrojando un peso de 0,06 gramos y una riqueza del 86,99%, destinada a su consumo por la misma, no llegando a poder de su destinataria al ser interceptada e inspeccionada por los sanitarios de servicio en la planta hospitalaria. Esta sustancia alcanzaría un valor en el mercado ilícito de 7,04 euros.
El Ministerio Público ha manifestado en un escrito que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, siendo un grave daño para la salud. Por el que solicita una pena de ocho años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 22 euros.
