La Fiscalía pide cerrar el club de alterne Los Molinos de El Provencio por trata de seres humanos

Una testigo protegida fue obligada a ejercer la prostitución en el club y debía abonar su manutención, hospedaje así como el uso de sábanas.

La Audiencia Provincial de Cuenca acoge este jueves a las 10:00 horas un juicio contra dos personas acusadas de delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva e inmigración ilegal relacionados con el funcionamiento del club de alterne ‘Los Molinos’, ubicado en el término municipal de El Provencio.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el procedimiento se dirige contra S.E.F.M., identificado como encargado del establecimiento, y contra V.G.L., administradora única durante el año 2016 de la mercantil Los Molinos y Dulcinea de la Mancha S.L., sociedad que gestionaba el local. La Fiscalía sostiene que ambos acusados eran plenamente conocedores de que en el establecimiento se ejercía la prostitución y que el negocio, pese a disponer aparentemente de licencia de hostal, estaba acondicionado para actividades de alterne y prostitución de las mujeres que trabajaban en dicho local.

Los acusados habrían ideado un plan mediante el cual personas de origen colombiano, actuando en connivencia con ellos, captaban a mujeres jóvenes en situación de grave precariedad económica en Colombia. A estas mujeres se les ofrecían falsos puestos de trabajo como camareras en España, con buenas condiciones laborales y salariales. Una vez aceptaban la propuesta y viajaban al país, terminaban ejerciendo la prostitución en el club ‘Los Molinos’, obteniendo los acusados importantes beneficios económicos.

Una testigo protegida llegó a España a través del aeropuerto Madrid-Barajas en febrero de 2016. El viaje habría sido facilitado por la organización, que le proporcionó tanto el billete de avión como el denominado «viático», es decir, el dinero necesario para justificar su entrada en España como turista. El acusado S.E.F.M. la recogió allí y posteriormente la trasladó al club de alterne donde le retiró el pasaporte, el dinero del viático y le comunicó que había contraído una deuda de 4.000 euros que debía saldar ejerciendo la prostitución.

La testigo debía pagar diariamente 45 euros por alojamiento y manutención, no podía abandonar el club sola y trabajaba todos los días desde las cinco de la tarde hasta altas horas de la madrugada. El primer servicio sexual de cada noche -que rondaba los 45 a 55 euros- debía entregarse íntegramente al club y por cada servicio adicional debía abonar cinco euros en concepto de sábanas. La testigo protegida permaneció aproximadamente un mes en el establecimiento hasta que finalmente consiguió escapar del club saliendo por la puerta de la cocina.

La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir un delito de trata de seres humanos, delito-medio para conseguir un delito-fin de prostitución coactiva, del que también se acusa a los dos presuntos autores; asimismo se les incoa un delito de inmigración ilegal. El Ministerio Fiscal no considera que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en  ninguno de los acusados respecto de ninguno de los delitos.

Por todo ello piden diez años de prisión para los acusados (seis por el delito de trata de seres humanos, tres por prostitución coactiva y uno por inmigración ilegal). Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Fiscal reclama inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y para profesión, oficio, industria o comercio  relacionado con la hostelería, espectáculos y turismo durante el tiempo de la condena. También piden una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros, con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; la prohibición de aproximarse o comunicarse por cualquier medio,  directo o indirecto, con la víctima o con cualesquiera de sus familiares por tiempo de 5 años, mismo tiempo en el que solicitan la libertad vigilada tras cumplir la condena en prisión. A todo ello se suma la petición de la clausura definitiva del Club ‘Los Molinos’, el comiso del dinero y demás efectos intervenidos y el pago de las costas procesales.