La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cuenca acoge este miércoles, 20 de mayo de 2026, un juicio de especial gravedad. En el banquillo de los acusados se sentará I.S., un hombre de origen rumano y mayor de edad para quien la Fiscalía Provincial solicita una pena global de 12 años de prisión. Se le imputan dos delitos continuados de abuso sexual cometidos presuntamente contra sus dos sobrinas cuando estas tenían 9 y 10 años.
El escrito de conclusiones provisionales, firmado por el fiscal sostiene que el procesado aprovechó presuntamente su estrecho vínculo familiar para cometer los actos. En la fecha de los hechos, el acusado era el tío político de las víctimas, al estar casado con la hermana de la madre de las menores.
Escenarios familiares instrumentalizados para los abusos
La acusación pública divide los hechos en dos bloques diferenciados, correspondientes a cada una de las víctimas, detallando una serie de episodios perpetrados en entornos aparentemente seguros y familiares.
En cuanto a una de ellas, el primer episodio recogido por el Ministerio Fiscal se sitúa en el verano de 2018, cuando la niña tenía solo 9 años. Durante una jornada en la piscina de su pueblo junto a varios familiares, el acusado se quedó a solas con ella en el agua. Según la acusación, la arrastró por las piernas hacia un lateral del bordillo y le tocó la zona vaginal por encima del bañador. Dos años después, en el verano de 2020, la situación se repitió durante unas vacaciones familiares en la playa de Xeraco (Valencia), donde el acusado presuntamente la agarró por los pechos, la levantó y le deslizó la mano hacia las nalgas.
En lo que respecta a la otra menor, los hechos se remontan en este caso al año 2013, cuando la presunta víctima tenía 10 años. Al residir en el mismo edificio, el acusado subía con frecuencia a la vivienda de la menor. El fiscal relata que, una vez allí, solía tirarla a la cama para subirse encima, restregarse contra su cuerpo y tocarle las zonas íntimas, siempre por encima de la ropa; unos actos que se repitieron varias veces ese año. Asimismo, en dos ocasiones intentó besarla por la fuerza, lo que no consiguió debido a que la menor logró zafarse.
El Ministerio Fiscal califica jurídicamente estos hechos como dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años, conforme al Código Penal vigente en el momento de los hechos. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal , la Fiscalía solicita de manera idéntica para cada uno de los dos delitos una pena de 6 años de prisión, lo que sumaría un total de 12 años de cárcel para el acusado, acompañada de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Asimismo, el fiscal reclama la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de las dos menores de sus domicilios, de sus lugares de trabajo o de cualquier otro lugar frecuentado por ellas, así como la prohibición de establecer cualquier tipo de contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio telemático o informático durante un periodo de 8 años. A estas medidas de protección se añade la imposición de una pena de libertad vigilada durante 8 años por cada uno de los delitos.
Por último, la acusación pública solicita una inhabilitación especial de 4 años para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento , junto con otros 10 años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven un contacto regular y directo con personas menores de edad. El pago de las costas procesales se exige bajo lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal.
En concepto de responsabilidad civil derivada del hecho punible, el acusado deberá indemnizar a cada una de las dos perjudicadas, según la Fiscalía, a través de sus legales representantes, con la cantidad de 10.000 euros, cuantía que devengará los intereses legales correspondientes. Además, el fiscal ha solicitado de forma expresa la apertura de una pieza de responsabilidad del acusado para averiguar su situación económica y exigirle una fianza o el embargo preventivo de sus bienes para asegurar dichas responsabilidades pecuniarias.
Para defender su tesis acusatoria en la vista oral, que está fijada para dar comienzo a las 10:00 horas , el fiscal ha propuesto un riguroso cuadro probatorio. Este incluye el interrogatorio del propio acusado y la prueba testifical de cinco personas citadas a través de la oficina judicial: las dos víctimas junto a otros tres testigos , además de la comparecencia por conducto oficial de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la causa.
El componente técnico y psicológico será clave en el desarrollo de las sesiones. La Fiscalía ha citado a declarar a la trabajadora social forense y a la psicóloga forense titulares del Instituto de Medicina Legal (IML) de Cuenca. Junto a ellas, comparecerá como perito la psicóloga del Programa de atención a víctimas de abuso sexual infantil REVELAS-m de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toda la documentación acumulada en la causa será sometida a lectura en las sesiones del juicio oral.
