Castilla-La Mancha es una de las regiones de lo conocido como ‘Estado de las Autonomías’ más jóvenes que surgieron con la llegada de la democracia y el Título VIII de la Constitución de 1978. Ahora, y después de más de 40 años, un personaje clave en la configuración de la región, su presidente durante 21 años, José Bono, ha abierto su archivo privado de documentos acumulados a lo largo de toda su vida política para donarlos a la Fundación Pablo Iglesias. Así, todo su legado digital, ha quedado al descubierto y puede ser consultado por cualquiera, desde sus primeros años en El Salobre (Albacete) hasta el intercambio de cartas con políticos y personajes de toda índole.
Como no podía ser de otra manera, gran parte de este archivo compuesto por más de 30.000 documentos, está relacionado con la etapa política en la que Bono fue presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, no solo de documentos personales del albaceteño está compuesto este archivo, también se pueden encontrar documentos relacionados con el nacimiento de Castilla-La Mancha, la época preautonómica y sus primeros presidentes: Antonio Fernández-Galiano y Gonzalo Payo de UCD, y Jesús Fuentes, histórico militante del PSOE toledano.
Dentro del apartado donde se pueden encontrar los archivos relacionados con la comunidad autónoma destacan la carpeta que engloba todos los documentos que el albaceteño sobre la llegada del AVE a todas las ciudades de la castellanomanchegas, con cartas con Aznar y los ministros de Obras Públicas, recortes de prensa, o intervenciones en las Cortes.
También se puede encontrar una carpeta de documentos destinada exclusivamente a aquellos documentos relacionados con la declaración y proceso de protección de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel que en parte sirvió para salvaguardar este entorno natural del mayor impacto posible que supondría la autovía Madrid-Valencia, la futura A-3.
Sin embargo, entre tanto documento y recuerdo de toda una vida política, aquí nos trae un episodio de los primeros pasos de la recién nacida autonomía como región, la selección de Toledo como capital de la región, un proceso que llegó a tener una fórmula consultiva entre la población y en el que la ciudad de Cuenca luchó hasta el último momento para poder localizar la capitalidad lo más lejos posible de Madrid.
La opción de Cuenca para evitar la centralización y por la necesidad de la zona
Ley 3/1983, de 7 de diciembre terminó con las aspiraciones de Cuenca de convertirse en capital de la región, sin embargo, el debate sobre este asunto se convirtió en tema central durante meses anteriores a la aprobación de esta ley. Ahora, gracias a ‘los papeles de Bono’ podemos saber como se gestó el proceso consultativo, cuánto fue el presupuesto y qué se escribía en prensa por aquel entonces.
Habría que recordar, que antes de la Constitución de 1978, Castilla-La Mancha como tal no exista. En 1833, con la división provincial de Francisco Javier de Burgos, se establecieron los primeros límites parecidos a lo que sería el germen de la actual región; la mayor parte de la provincia de La Mancha fue sustituida por la de la provincia de Ciudad Real, y también fue repartida entre las provincias de Cuenca, Toledo, y de Albacete que acaba de nacer como provincia sustituyendo a la provincia de Chinchilla.
Fue con lo que se ha llamado ‘la llegada de la democracia’ y todos los procesos políticos y administrativos que se abrieron cuando se constituyeron los límites de lo que hoy se conoce como Castilla-La Mancha, una región sin un pasado histórico identificativo, y en la que incluso Guadalajara estuvo a punto de no formar parte. Así, tocaba buscar elemento que cohesionaran a la población y les hiciera sentirse todos parte de unos solo. Elementos como el Quijote se convirtieron en recurrentes herramientas para crear una identidad castellanomanchega que diese cohesión a zonas tan distintas como La Manchuela con los pueblos negros de La Alcarria.
En ese proceso de buscar elementos e identidad surgieron dos premisas sumamente urgentes, la creación de una bandera y la elección de una capital. A pesar de que la región se había constituido como tal, carecía de una capital oficial. En 1977 en Cuenca se reunieron miembros de las distintas provincias para reconocerse como región; las primeras reuniones políticas y administrativas continúan en el Palacio de Fuensalida de Toledo; el primero gobierno preautónomico se proclama en Almagro (Ciudad Real), y el Estatuto de Autonomía se firma en Alarcón (Cuenca). Es decir, se puede hablar que las Cortes eran itinerantes como en la Edad Media y se iban repartiendo por varios puntos geográficos de la región.
En la etapa preautonómica, fue primer presidente de la Junta de Comunidades, Antonio Fernández Galiano, que instauró la sede de la presidencia de la Junta en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, ya en la etapa autonómica, el primer presidente fue Gonzalo Payo, de UCD, que cambió la sede de la capitalidad a Toledo, en el palacio de Fuensalida.
Desde el 6 de junio de 1983, José Bono es el primer presidente de la Junta elegido democráticamente y forma equipo de Gobierno. Una de las primeras cosas que resolver antes de acabar dicho año será la elección de una capital para Castilla-La Mancha. Para ello se decide realizar un proceso consultativo en el que la población pudiera dar su opinión sobre cuál debería ser la capital. La conserjería que se encargaría de este trabajo sería la de Educación y Cultura, cuyo titular era José María Barreda, futuro presidente regional.
Para hacer esta consulta se contrató a la empresa SOFEMASA a la que se le abonó la cifra de 3.233.000 millones de pesetas. En estas encuestas, aparte de la localización de la capitalidad, se preguntaba por asuntos como las expectativas que había generado la creación de la provincia, o un estudio de los medios de comunicación que se consumían. Sobre la capitalidad estas eran las dos preguntas que se les hacía a los más de 2.000 entrevistados:
- Preferencias hacia la localización de la capitalidad; razones de las preferencias hacia una u otra ciudad (geográficas, culturales, de comunicación, etc.).
- Ventajas e inconvenientes de las diferentes localizaciones (surgidas) posibles (generación de empleo, incremento de inversiones, vivienda, etc.).
Además de esta encuesta se pagaron campañas en prensa y radio; se pusieron carteles informativos, se repartieron octavillas de propaganda, y también se hizo una consulta entre asociaciones, cooperativas y demás instituciones relevantes en todos los aspectos de la vida social y económica: partidos políticos, centrales sindicales, diputaciones provinciales, cámaras agrarias, empresarios, colegios profesionales, e instituciones culturales como la Academia de Cuenca. A todos ellos se les preguntaba lo siguiente:
- Criterios a tener en cuenta desde su punto de vista para la ubicación.
- Necesidades del sector que ellos representan, en torno a este tema.
- Propuestas de cara a la ubicación de la región.
Finalmente, más de siete millones de pesetas fueron destinados a recopilar la mayor cantidad de datos posible aunque fuese la Junta quien tuviese la última palabra a la hora de elegir la capital. Se seleccionaron 21 localidades como posibles elegidas. De la provincia de Cuenca se optó por mostrar la Cuanca capital, Tarancón, Mota del Cuervo y San Clemente. «Afrontaremos las críticas que puedan hacérsenos, con el respaldo moral de saber que el único fin que nos mueve es el de lograr una capital para toda Castilla-La Mancha», llegó a decir el propio Barreda en la presentación de la campaña.
Tras unos meses de encuestas y consultas interrumpidas por las vacaciones, y donde incluso el propio Barreda hizo de presidente de la Junta en funciones, se llegó a la recta final del proceso de capitalización con las ciudades de Toledo y Cuenca disputándose el título de capital de la región. Alcázar de San Juan también había hecho una gran campaña para conseguir esta denominación usando como argumento fuerte el ser el centro geográfico de la comunidad. Sin embargo, la pugna estaba entre las dos capitales.
Los argumentos de Cuenca para llevarse la capitalidad a casa eran vertebrar la comunidad autónoma castellano-manchega, equilibrar la estructura socioeconómica de la región y romper la dependencia de Madrid. Esto defendían Andrés Moya o Pedro Saugar, alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación de Cuenca respectivamente. También se defendía esta capitalidad para dinamizar esta zona deprimida, ya por entonces, en empleo y población.
El día de la verdad fue el 7 de diciembre de 1983, con la aprobación y publicación de la Ley 3/1983 de la Sede de las Instituciones Regionales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una ley que simplemente dice lo siguiente: «Se fija la Sede de las Cortes y el Gobierno de la Región de Castilla-La Macha en la ciudad de Toledo. Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, a los que sea de aplicación esta Ley, que lo cumplan y a los Tribunales y Autoridades que correspondan que la hagan cumplir». Se puede encontrar este escueto texto en el BOE correspondiente a esta ley.
Así, la propia ley anunciaba que Toledo se convertía en la capital de Castilla-La Mancha, pero no justificaba los motivos de la decisión. El propio José María Barreda defendió en el pleno de aprobación que «había informes y estudios técnicos que apuntaban a Toledo en temas de transportes, de accesibilidad, de conectividad interna, de infraestructura viaria, de infraestructura urbana, etc», además añadía que en las encuestas realizadas a «gentes sencillas en sus pueblos» que Toledo ganó tanto cuando se preguntaba como primera opción (31%), y también como ciudad elegida más veces como segunda opción (17%).
Estos datos no contentaron a todo el mundo, como era de esperar, ya que por ejemplo, el diputado de Alianza Popular en Cuenca Miguel Ángel Ortí Robles desveló que las encuestas no podían ser tomadas como una referencia, ya que daban resultados como la elección de Murcia como capital de Castilla-La Mancha votado por el 2%. Así en la votación de aprobación de la ley los cuatro diputados conquenses de la Coalición Popular votaron en contra de la capitalidad de Toledo.
Así fue como de Cuenca se alejaron todas las opciones de convertirse en la capital de Castilla-La Mancha y de albergar las más de 30 sedes administrativas que ello supone: las Cortes, Presidencia del Gobierno, conserjerías, Sescam, CMM, el Archivo regional las delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria, el ICEX o la Aemet, entre otras.
