Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban por unanimidad una Ley «pionera» contra la Despoblación

La nueva norma tiene entre sus objetivos garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, propiciar el desarrollo económico y social en el marco de una igualdad entre mujeres y hombres que garantice el desarrollo sostenible

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad en su sesión de este jueves la ‘Ley de Despoblación’, la vigésimo primera que ve la luz en esta X Legislatura. El texto ha recibido el apoyo unánime de los 33 diputados y diputadas en una sesión presidida por Pablo Bellido en la que también han salido adelante dos resoluciones sobre armonización fiscal y otra más sobre la defensa de la separación de poderes del Estado.

El Proyecto de ‘Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha’ llegaba al Salón de Plenos después de su paso por la Comisión de Asuntos Generales la semana pasada, donde incorporó 54 enmiendas, y este jueves ha sido defendida desde el estrado por el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez-Guijarro. La diputada socialista María Jesús Merino, que durante más de un año presidió también la comisión de estudio sobre el tema, ha sido a su vez la ponente, destacando el carácter pionero de la normativa que ha visto la luz en la cámara autonómica.

La ‘Ley de Despoblación’ tiene como objeto “regular y establecer principios de actuación y medidas tendentes a la consecución de un desarrollo integral del medio rural” en la región, “prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación, así como a garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus habitantes y propiciar el desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, en el marco de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres que garantice el desarrollo sostenible”, según explica el primer artículo.

Antes de arrancar el Pleno en el Convento de San Gil de Toledo, una reunión de la Junta de Portavoces y de la Mesa ha establecido el formato del debate, con varios turnos de intervenciones de los grupos para defender las enmiendas vivas, de las que finalmente en la ronda de votación ha sido aprobada una de Cs transada con los otros dos grupos. Tanto la exposición de motivos como todo el articulado sin enmiendas ha salido adelante por unanimidad y los artículos que sí mantenían enmiendas del PP han sido aprobados sin ningún voto en contra.

Al debate de esta nueva ley ha asistido desde la tribuna de invitados el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francisco Boya, así como el comisionado para el Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde; el secretario de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de CLM, Tomás Mañas; el presidente de Recamder, Jesús Ortega; la secretaria general de UGT de Castilla-La Mancha, Olga Arribas; y, entre otras autoridades, la secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO-CLM, Raquel Payo.

PNL rechazada y debate sobre armonización fiscal

La sesión se había abierto con la ratificación de diputados y diputadas designados por el Grupo de Ciudadanos para la formación de la Diputación Permanente: Carmen Picazo y David Muñoz como titulares y Elena Jaime como suplente. Además, se ha rechazado la proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos relativa a desarrollar una Estrategia de apoyo al sector agrario y a la industria alimentaria ante la pandemia, punto en el que ha intervenido el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Además, se han desarrollado dos debates generales a propuesta de los grupos de Ciudadanos y Popular, en los que han sido aprobadas tres resoluciones, dos socialistas y otra de Cs. El debate relacionado con la incidencia para la región de la propuesta de armonización fiscal anunciaba por el Gobierno, que han contado con la participación del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Los dos textos aprobados tras el debate de fiscalidad piden una vez más al Gobierno de España, entre otros aspectos, que abra un proceso de negociación “para establecer un sistema de financiación justo y solidario para todas las comunidades autónomas” con “criterios técnicos”, con atención a los “parámetros de despoblación y dispersión geográfica” de nuestra comunidad y que “garantice el principio de igualdad en toda España en el acceso a los servicios públicos esenciales”. En su texto, los socialistas solicitan “unidad de criterios” a los partidos con representación en el Convento de San Gil de Toledo para “conseguir un sistema de financiación justo para Castilla-La Mancha”.

La resolución del PSOE aprobada solo con sus votos valora como “gran acierto” la política fiscal y económica del Gobierno regional, insta a mantener el criterio por el cual “las rentas más altas hagan un esfuerzo mayor que los ciudadanos con rentas más bajas” y destaca el esfuerzo del conjunto de la sociedad castellanomanchega para “volver a tener unos servicios públicos de calidad, reforzados ante los duros momentos de pandemia que estamos padeciendo”. Además, pide al Ejecutivo que “mantenga el compromiso adquirido con los agentes sociales de no incrementar la presión fiscal”.

Mientras, la resolución de Cs aprobada también con los votos del PSOE pide que el sistema de financiación autonómico sea debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las Cortes Generales, y manifiesta su rechazo “a cualquier iniciativa legislativa que reduzca la autonomía financiera de las comunidades autónomas para aumentar la carga fiscal de los ciudadanos y las empresas”.

Debate sobre separación de poderes y preguntas

El otro de los debates generales, relativo a la defensa de la separación de poderes, se ha saldado con la aprobación de una resolución socialista con sus votos y a pesar del voto contrario de la oposición. En ella se expresa el “firme compromiso” del Parlamento regional en este punto y exige a los partidos representados en el Congreso y el Senado que “procedan de forma inmediata” a las designaciones correspondientes en Consejo General del Poder Judicial, en cumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio, un proceso de renovación que “inexplicablemente lleva más de dos años de retraso”.

Por último, en el bloque de control al gobierno los grupos han realizado cuatro preguntas orales que ha respondido el consejero Francisco Martínez Arroyo. En concreto, el Grupo Popular ha formulado tres preguntas sobre pacientes con patología Covid-19 en la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo; los fondos europeos que se van a dedicar a rescatar a la hostelería y el ocio; y las carreteras CR-650 y AB-613 a su paso por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Mientras, el Grupo Socialista ha formulado una más sobre las normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.