Para una región como Castilla-La Mancha, el agua es trascendental. La extensión de la comunidad autónoma es de casi 80 mil km2, lo que la convierte en la tercera más amplia de España.
El territorio de nuestra región se distribuye por 7 de las 9 demarcaciones hidrográficas intercomunitarias de la península (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero) y en la mayoría de ellas actúa como generador de recursos hídricos en cantidades importantes. Las tierras castellano-manchegas ocupan una parte importante de la cabecera de cuatro de las principales cuencas hidrográficas españolas (Tajo, Guadiana, Júcar y Segura). Esto implica quealrededor de 7.000 millones de metros cúbicos de agua recorren anualmente Castilla-La Mancha en su camino hacia el océano Atlántico (Tajo, Guadiana, Guadalquivir) o hacia el mar Mediterráneo (Júcar, Segura, Ebro y Turia). Sin embargo, la política hidrológica nacional, tradicionalmente no ha sido del todo favorable para las cabeceras de estas cuencas.
Además, nuestra región es mayoritariamente rural por extensión y distribución de la población. El agua se convierte así en un bien esencial para mantener y fijar la población al medio rural, contrarrestando el fenómeno de “vaciado” que padecemos desde hace años.
Castilla-La Mancha es también una de las zonas más afectadas por el aumento del clima semiárido en las últimas décadas. Este fenómeno, consecuencia del cambio climático, requiere de un uso eficiente del agua para evitar la desertificación. Como región interior, depende totalmente de las aguas continentales para el desarrollo, al carecer del recurso de la desalinización de aguas.
En las zonas donde el regadío es predominante, Mancha Oriental, Alto Guadiana, Sureste de Albacete, etc, la despoblación no es un problema de especial relevancia. El agua es un elemento vertebrador del territorio y contribuye de manera decisiva al progreso económico regional, al tiempo que ayuda a afrontar el reto demográfico.
El agua se erige entonces como un elemento que genera empleo y riqueza y que se hace imprescindible no solo para la vida, sino para la viabilidad del medio rural. Por ejemplo, el sector agroalimentario, que es uno de los principales en nuestra región al representar un tercio de las exportaciones de Castilla-La Mancha, dar empleo a 24 mil personas y suponer el 14% del PIB de la región, depende en gran medida del agua.
Además, la sostenibilidad en su uso es de vital importancia. La agricultura de regadío es la principal consumidora del agua en la región. Y ha avanzado mucho en eficiencia en los últimos años. En Castilla-La Mancha, el 60% (309.234 hectáreas) de la superficie agrícola útil se riega mediante el sistema por goteo. Esto supone un aumento del 63% respecto a 2004 en la utilización del riego localizado.
En lo que a regadíos concierne, las 2/3 partes de las superficies regadas en la región se dotan con aguas subterráneas aprovechando los grandes acuíferos existentes que operan de forma similar a los embalses, ralentizando y regularizando la velocidad del ciclo hidrológico.
La existencia de esos acuíferos, las mejoras tecnológicas y las últimas décadas de vigencia del viejo art. 23 de la Ley de Aguas de 1879 -que atribuía la titularidad de las aguas subterráneas al propietario del terreno que las alumbrare- propiciaron una masiva puesta en regadío de amplias zonas de las áridas llanuras manchegas. Esto, ayudó a vertebrar el territorio y coadyuvó decisivamente a que hoy por hoy pueda afirmarse que esas zonas no forman parte de la España vaciada.
Los beneficios sociales, económicos y ambientales que aporta el agua contribuyen a que Castilla-La Mancha tome conciencia de la importancia de la política hídrica para actuar unida y aprovechar mejor sus sinergias. El agua se convierte de esta manera en un elemento de unión e integración y en auténtico eje vertebrador del territorio.
En este contexto se torna fundamental introducir mecanismos de economía circular en el proceso de recuperación y reutilización del agua y conseguir que la gestión del ciclo integral sea una responsabilidad compartida de administraciones, usuarios, empresas, sectores productivos y, en definitiva, del conjunto de la sociedad.
