Los representantes de la iniciativa Viviendas Unidas, colectivo que pretende visibilizar la situación del servicio de las viviendas de mayores de la provincia de Cuenca y las condiciones de quienes allí trabajan, han comparecido en la sede de Comisiones Obreras para destacar el servicio y el papel que juega en la provincia, así como para analizar «la situación de desigualdad de condiciones laborales y salariales que existe entre personal de las viviendas», han señalado.
Bárbara Herráiz, de la vivienda de Abia de la Obispalía, Cristina Escribano de Villalba de la Sierra, Miriam Ruiz de Villar de Domingo García y Verónica Benito de la vivienda de Villalba del Rey, han sido las encargadas de presentar esta iniciativa que aglutina a casi 100 personas trabajadoras de un total de alrededor de unas doscientas, la inmensa mayoría mujeres. Una iniciativa que en palabras de Herráiz «surge del propio personal de las viviendas de mayores, tras analizar de forma conjunta la situación real que vivimos en nuestro día a día» de un servicio «esencial pero muchas veces invisible».
En la provincia de Cuenca son 66 las viviendas de mayores existentes, la gran mayoría de gestión directa municipal. En estas viviendas se atiende alrededor de unas 700 personas usuarias, personas mayores de 60 años, autónomas y que pueden valerse por si mismas, pero necesitan un recurso habitacional y de asistencia social. Este servicio está pensado para mejorar la calidad de vida social y asistencial de los mayores y son los propios usuarios quienes aportan el 75% de su pensión para apoyar los gastos y el Gobierno regional subvenciona con 28.000 euros anuales, una cuantía que desde CCOO apuntan que lleva «congelada desde hace unos catorce años», lo que aseguran «desemboca en dificultades económicas, procesos de privatización y una merma de las condiciones laborales», han destacado.
Las representantes de Viviendas Unidas han destacado asimismo la «desigualdad de condiciones laborales» entre quienes trabajan en las viviendas. Una situación que, apuntan, se produce porque «no hay un marco laboral único y se aplican normativas distintas incluso dentro del mismo Ayuntamiento», lo que se traduce en «diferencias salariales, temporalidad, problemas para cubrir bajas o vacaciones y una sobrecarga física y emocional cada vez mayor», han señalado.
Desde el colectivo se ha elaborado un Manifiesto donde presentan sus reclamaciones y propuestas. Entre otros aspectos se recoge el incremento de la financiación de la administración autonómica, la implicación y una mayor coordinación y cooperación de la Diputación Provincial con las entidades locales que son las titulares del servicio; así como la defensa de la gestión pública directa, el refuerzo del apoyo psicosocial y avances hacia la equiparación salarial y la mejora de las condiciones laborales.
Con este fin la agrupación solicitará reuniones con la Delegada provincial de Bienestar Social y técnicos del Area de Mayores, así como con el presidente de la Diputación provincial. Además también emprenderán una campaña de recogida de firmas destinada a las propias trabajadoras, personas usuarias y sus familiares, entidades sociales, personal de los Ayuntamientos, y ciudadanía en general, para ir consolidando esta iniciativa. Una propuesta que en palabras de sus portavoces se ha organizado «para defender el futuro del servicio, la dignidad de las personas mayores y unas condiciones laborales justas» y que en su ánimo no está confrontar, «sino visibilizar, reivindicar y construir soluciones para garantizar la viabilidad futura de un servicio imprescindible en el medio rural».
Por su parte, Ángel Luis Castellano Bobillo, secretario general de FSC CCOO Cuenca, ha mostrado el respaldo del sindicato a la iniciativa y ha pedido mayor implicación de las instituciones para conseguir mayor financiación que asegure la viabilidad de las viviendas, y ha remarcado que desde CCOO seguirán «defendiendo la mejora de las condiciones laborales y salariales, sin perder de vista la salud de las trabajadoras». El sindicato, como organización de clase trabajadora «también lucha por mantener un servicio social básico pero con las mejoras garantías para ofrecer al sector de población mayor, potencial usuaria de las viviendas, la mayor calidad y mejor prestación del servicio tan esencial en una población tan envejecida como la de Cuenca y con una enorme preponderancia rural», han concluido.
