Una pareja ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Málaga por hacerse pasar por el Ayuntamiento de Villalba de la Sierra, en Cuenca, para robar más de 100.000 euros de la Junta de Castilla-La Mancha destinados a crear plazas de educación infantil.
La sentencia, que ha sido publicada por el medio de comunicación The Objective, determina que los acusados accedieron al correo oficial del Consistorio y remitieron desde allí una solicitud acompañada de documentación falsificada.
Según ha informado este medio, los hechos probados sitúan el origen del fraude el 27 de febrero de 2023, cuando los acusados lograron entrar en la cuenta de correo electrónico del Ayuntamiento de Villalba de la Sierra y, utilizando esa dirección, enviaron un mensaje a la Viceconsejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha indicando la cuenta bancaria en la que debía ingresarse una ayuda pública ya prevista en un convenio entre la administración autonómica y el propio ayuntamiento.
La subvención tenía como destino financiar la creación de plazas de educación infantil en ese municipio. Así lo ha confirmado este martes el consejero de Educación, Amador Pastor, a preguntar de los medios de comunicación durante la presentación de la segunda edición de las Residencias Artísticas del Festival de Almagro.
En este sentido, el consejero ha informado de que la Secretaría General de Educación interpuso una demanda porque «descubrimos un hecho fraudulento». En el programa de impulso a la escolarización 0-3 años de la Junta está conveniado con los ayuntamientos mediante el cual, con la aportación económica que le daba la Consejería de Educación, los ayuntamientos acometían obras de construcción o acondicionamiento de las escuelas infantiles.
«Recibimos toda la documentación con el número de cuenta, donde teníamos que transferir el dinero para que el ayuntamiento acometiese la obra. Pasados unos días, la secretaria del ayuntamiento se pone en contacto con la Consejería para decir que no habían recibido el dinero. Desde la Consejería vimos que habíamos hecho la transferencia y cotejando los documentos vimos que la cuenta había sido suplantada», ha explicado Pastor.
El consejero ha añadido que «por el conocimiento que tenemos, esa familia se trasladó o residía en Málaga, y había utilizado el dinero de forma fraudulenta». Desde entonces, desde la Consejería de Educación se hizo la denuncia pertinente. Asimismo, el Consejo de Gobierno en enero del 2024 decidió personarse como acusación particular ante estos hechos de suplantación de identidad y de usurpación «de una cuantía económica que no le correspondía». Por último, Amador Pastor ha finalizado aclarando que «se ha recuperado el dinero».
La sentencia que recoge The Objective considera acreditado que los acusados actuaron de común acuerdo y los declara responsables de un delito de falsedad documental en concurso medial con un delito de estafa agravada. Por estos hechos, el tribunal impone a cada uno una pena total de un año y medio de prisión: seis meses por la falsedad documental y un año por la estafa.
Se suman además sanciones económicas que alcanzan los 2.160 euros por persona, calculadas a partir de una cuota diaria de seis euros durante distintos periodos. La resolución establece también la obligación de indemnizar a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha con la totalidad del dinero defraudado, un total de 104.866,40 euros, cantidad a la que se añadirán los intereses legales correspondientes.
