Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Cuenca han aprobado por unanimidad en el pleno ordinario de junio de este lunes la ampliación de la moratoria en las sanciones previstas en la Ordenanza municipal reguladora de la gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
El concejal de Movilidad y Tráfico, Héctor Serrano, ha explicado en la sesión plenaria desde que entró en vigor la ZBE en la capital conquense se han llevado a cabo diferentes inversiones, principalmente la instalación de la señalética y de las estaciones medidoras, «que creemos que son los pilares». Sobre las estaciones medidoras, para el edil es un «pilar fundamental técnico» para los estudios en que se debe fundamentar la implantación de esta zona, y se van a instalar en las próximas semanas, ha informado.
Con respecto a la moratoria de las sanciones, Serrano ha señalado que «es conveniente» que la moratoria que establece la ordenando al régimen sancionador de seis meses sea ampliada hasta el 31 de diciembre de 2027, «cuando tengamos más lecturas de los parámetros relativos a la contaminación de estas estaciones medidoras», así como avanzar en otros cauces que preveía la ordenanza como la ampliación de plazas para residentes; la ejecución de carriles cicloturísticos; y el desarrollo del nuevo plan de transporte urbano colectivo de viajeros, ya que «creemos también que es importante que esté en funcionamiento antes de desarrollar aún más las restricciones al tráfico en la zona centro para dar alternativas a la ciudadanía».
Al respecto, el concejal de Vox, Rafael Rodríguez, ha explicado que su grupo votaría favorablemente a la propuesta a pesar de que la ZBE «es una obligación ideológica y que puede tener sentido en algunos puntos de otras ciudades, pero desde luego en Cuenca no tiene ningún sentido que se aplique la ley».
Por su parte, desde Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca han defendido un modelo de ZBE en el que se priorice el transporte público, que se fomente la movilidad sostenible y se ofrezcan alternativas a la ciudadanía «antes que imponer restricciones de acceso». El planteamiento que ha traído el equipo de gobierno, ha criticado el edil Pablo García, refleja una «incapacidad para gestionar» la implantación de la zona de bajas emisiones, «porque pone en cuestión todo el sistema de gestión de los servicios de forma privada».
Asimismo, el concejal popular Juan Guadalajara ha criticado que seis meses después de la aprobación de la ordenanza «no han sido capaces de ponerla en marcha» y solo ha dado tiempo «a poner cuatro señales y poco más, y a perder unas cuentas subvenciones».
