El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una moción, presentada por el Grupo Municipal Popular y transaccionada por el equipo de gobierno, para que se estudie la posibilidad de aplicar una bonificación a los clubes usuarios de los campos municipales de fútbol Joaquín Caparrós y Obispo Laplana, afectados por el prolongado retraso de las obras de mejora.
Tras haberse debatido y con las aportaciones de los concejales, la moción plantea que el Ayuntamiento solicite informes a los servicios municipales competentes en materia deportiva, económica y jurídica con el fin de determinar si es posible aplicar una reducción proporcional del precio público que abonan los clubes mientras duren las obras. Esta bonificación se analizaría únicamente si los informes técnicos así lo avalan. Aunque la moción reformulada se ha aprobado con el apoyo unánime de los 24 concejales presentes, el debate se sitúa en torno a cómo se articulará la presentación de informes de uso y ocupación de las instalaciones con carácter retroactivo para estudiar la casuística particular de cada afectado.
La finalización de las obras de las instalaciones deportivas Joaquín Caparrós y Obispo Laplana se estableció en febrero de 2025, una fecha que un año después continúa sin haberse concluido y que ha afectado a usuarios y asociaciones de ambos campos. Así lo ha expuesto la presidenta del Grupo Municipal Popular, Beatriz Jiménez, quien ha hecho un recorrido por los anuncios y fechas dadas por el equipo de gobierno para estos trabajos.
Durante el debate, los populares han expuesto que los clubes han seguido abonando íntegramente las tasas establecidas a pesar de no poder utilizar con normalidad las instalaciones, especialmente los vestuarios, que permanecen inutilizables. Según ha expuesto Jiménez, los usuarios han tenido que desplazarse a otros pabellones municipales para poder cambiarse, «con el riesgo que supone que los menores tengan que atravesar vías». Jiménez ha subrayado que algunos clubes «han llegado a abonar 12.000 euros anuales» y que son «más de 600 niños, ya no solo los clubes y los usuarios, sino que 600 niños están afectados».
Desde el Grupo Popular han considerado que se trata de «un trato injusto y que se imputa únicamente a la Administración, es decir, al equipo de gobierno». A su parecer, Jiménez ha señalado que la situación podría tratarse de «un enriquecimiento injusto
de la Administración» debido a que «el Ayuntamiento cobra por la utilización de los vestuarios, porque llevan un gasto de agua o limpieza pero en realidad ese servicio no se está prestando porque es materialmente imposible hacerlo».
La bonificación planteada inicialmente por el PP municipal se basaría en el artículo 4.9 de la ordenanza fiscal número 45, que permite reducir hasta en un 100 % el precio público cuando concurren razones sociales, culturales o de interés público, siempre que existan informes técnicos preceptivos y que será valorada y sometida a informe propuesta por el Servicio de Deportes y de la Intervención General de Fondos. En este caso, lo que se estudiará es una reducción parcial y proporcional, vinculada a los servicios que no se están prestando en condiciones normales.
La concejala de Deportes, Charo Rodríguez, ha explicado que el hecho imponible —la utilización de las instalaciones— se ha producido, ya que el servicio se ha seguido prestando, aunque de forma limitada, mediante alternativas como el uso de vestuarios en instalaciones cercanas. Por este motivo, ha indicado que no puede aplicarse una bonificación de forma automática ni genérica, y que cualquier reducción deberá estar debidamente justificada y cuantificada por los servicios técnicos.
Rodríguez ha señalado que será necesario determinar, a través de esos informes, si la limitación parcial del servicio permite aplicar una reducción del precio público a partir de ahora y, en su caso, qué porcentaje correspondería. También ha aclarado que las posibles devoluciones de cantidades ya abonadas tendrían que analizarse caso por caso, previa solicitud de cada club, debido a la diversidad de situaciones y usos de las instalaciones.
El acuerdo aprobado finalmente insta al equipo de Gobierno a realizar las consultas oportunas para que los servicios municipales emitan informes sobre la posibilidad de bonificar, en la parte proporcional que corresponda, a los clubes usuarios de los campos Joaquín Caparrós y Obispo Laplana hasta la finalización de las obras. La aplicación de cualquier medida económica quedará condicionada al resultado de dichos informes.
