El PP recurrirá la bolsa de asesor jurídico del Ayuntamiento de Cuenca «por posibles irregularidades»

Los afectados por el procedimiento han trasladado a los populares que el proceso responde a un posible "traje a medida".

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cuenca ha anunciado que recurrirá por la vía contencioso-administrativa la bolsa de trabajo creada por el equipo de Gobierno para cubrir de forma interina una plaza de asesor jurídico, un procedimiento del que ya se ha publicado la valoración provisional de méritos en el Tablón de Anuncios municipal. Según ha manifestado este martes el portavoz de los populares en el Consistorio, Álvaro Barambio, personas afectadas les habrían trasladado que el procedimiento presenta «graves irregularidades» y que responde a un posible «traje a medida».

A juicio de Barambio, la situación del área jurídica municipal atraviesa un momento de «caos o colapso» derivado de la baja laboral prolongada de la persona encargada de la representación judicial del Ayuntamiento. Según ha explicado, durante los más de seis meses que se ha prolongado la citada baja, el Consistorio ha optado por solicitar la suspensión de los procedimientos judiciales en marcha en lugar de buscar una sustitución inmediata. En este sentido, añade que fueron los propios órganos judiciales los que advirtieron al Ayuntamiento de que no podían mantenerse «sine die» esas suspensiones y reclamaron el nombramiento de un nuevo letrado para continuar con los procesos. Con todo ello, el equipo de Gobierno puso en marcha una bolsa de trabajo mediante concurso para incorporar un funcionario interino como asesor jurídico.

El PP cuestiona tanto el sistema elegido como algunos de los requisitos fijados en las bases. En concreto, sostiene que la fórmula del concurso «es excepcionalísima» y que lo habitual debería haber sido recurrir a un concurso-oposición o una oposición libre para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Asimismo rechazan la obligatoriedad de estar colegiado para poder optar al puesto. Según ha defendido Barambio, la Ley Orgánica del Poder Judicial no exige colegiación para funcionarios públicos que representen a una administración en los tribunales, en lo que ha citado como ejemplo a abogados del Estado o letrados de otras administraciones públicas.

Barambio deja «a interpretación» las «suspicacias o posibles apariencias» en la baremación

El portavoz popular señaló también que varios profesionales del ámbito jurídico les han trasladado su malestar por el procedimiento y confirmó que existen recursos y alegaciones presentadas contra la convocatoria. Aunque ha evitado hacer acusaciones directas sobre personas concretas, ha asegurado que la publicación de las puntuaciones y de los criterios de baremación en el tablón de anuncios municipal ha generado cierta desconfianza. «Sobre las suspicacias o sobre las posibles apariencias en la baremación que se haya podido generar no seremos nosotros quienes nos pronunciaremos, ya que es un hecho posterior a que nosotros presentáramos nuestra reclamación. Lo dejamos a la interpretación de cada una de las personas».

Atendiendo a los criterios del proceso selectivo, en caso de empate la calificación definitiva del proceso se obtendrá en primer lugar aplicando un criterio de la mayor puntuación obtenida en experiencia y en segundo lugar a la formación. «Una vez que haya revisado dicha baremación con sus puntuaciones, con sus nombres y apellidos y con las aplicaciones de las bases que se establece que en caso de empate, el orden se fijará a aquella persona con mayor puntuación en el apartado de experiencia general». En este sentido el concejal ha expuesto que «casi que es mejor que cada uno saque sus conclusiones; para nosotros, lo normal, ahora que está tan de moda lo que es normal y lo que es anormal, en base a todo lo que hemos hecho saber e incluso antes de conocer los participantes y sus puntuaciones, es que esto lo recurramos. Así vamos a proceder y esperamos que a algunos no les parezca esto ninguna anormalidad», ha apostillado.

Una plaza de reciente creación con un complemento específico cercano a los 4.000 euros mensuales

En paralelo, el PP ha criticado que el Ayuntamiento esté tramitando la cobertura en comisión de servicio de una plaza reciente creación «en una RPT que por cierto está recurrida por los distintos sindicatos del Ayuntamiento» de director de asesoría jurídica. Un puesto de nivel 30 y con un complemento específico cercano a los 4.000 euros mensuales. Según Barambio, resulta «curioso» que «la única competencia que está excluida en esa plaza de las normales de un director de asesoría jurídica es que no se persone o que no actúe en representación del Ayuntamiento en ningún tipo de procedimiento».

Los populares han denunciado también que mientras se resolvía esta situación, algunos procedimientos judiciales se han externalizado mediante contrataciones a despachos concretos de la provincia Cuenca y Madrid, sin abrir -según han expuesto- el proceso a más profesionales a través del Colegio de Abogados. «Los servicios externos han ido siempre a un despacho profesional de esta provincia y a algún otro de Madrid. Además también ha generado ciertas desconfianzas entre el sector, puesto que en ningún momento cuando se ha querido contratar este servicio externo se ha utilizado otra vía como podría haber sido la comunicación con el Colegio de Abogados para que este lo ofertara a sus colegiados y que así pudiera haber mayor oferta y una mayor posibilidad de contratación», ha apostillado.

Para concluir, el Grupo Popular ha señalado que todo este escenario está provocando un grave perjuicio tanto para el Ayuntamiento como para los ciudadanos. Barambio ha advertido de que hay procedimientos que podrían demorarse hasta 2027 y ha asegurado que los retrasos judiciales generan además un incremento de intereses de demora que, según ha expuesto, terminará repercutiendo económicamente en las arcas municipales.