Concentración este lunes para defender «la atención sanitaria» a los mutualistas de Muface

Exigen mejoras en las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, el fin de los recortes que mantiene el Ejecutivo regional y la defensa del mutualismo administrativo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) comienza el próximo lunes, 11 de noviembre, una campaña de movilizaciones para defender la atención sanitaria al colectivo de funcionarios adscritos a Muface con concentraciones en todas las subdelegaciones del Gobierno en la región. También en Cuenca, que será a partir de las 12 horas.

En esas movilizaciones exigirán mejoras en las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, el fin de los recortes que mantiene el Ejecutivo regional y la defensa del mutualismo administrativo, que cuenta con 7.478 beneficiarios en la provincia conquense. Destacan que ese modelo está actualmente «cuestionado» después de que el Gobierno haya presentado una oferta económica insuficiente para el concierto con las aseguradoras sanitarias, que por este motivo ha quedado desierto.

CSIF mantuvo el pasado jueves una reunión en el Consejo General de Muface donde la directora de la mutualidad y la secretaria de Estado de Función Pública, Myriam Pallarés y Clara Mapelli, respectivamente, informaron de que se está realizando un nuevo informe de viabilidad económico/financiero para una nueva licitación. Según dijeron, además hay “mecanismos” que garantizan el mantenimiento de la prestación de servicios mientras se produce esta licitación, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público si bien, no los concretaron. Para el sindicato, estas explicaciones son insuficientes y la actitud del Gobierno «pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad».

En Castilla-La Mancha hay 74.083 beneficiarios de Muface (21.095 en Toledo; 18.444 en Ciudad Real; 17.980 en Albacete; 9.086 en Guadalajara y 7.478 en Cuenca).

Desde CSIF resaltan que no van a permitir que se produzca ningún recorte en la asistencia sanitaria al funcionariado y a sus familias. «Es un modelo de atención sanitaria público/concertada que lleva vigente en nuestro país desde la década de los 70 y forma parte ya del patrimonio del funcionariado», insisten en una nota de prensa.

CSIF exige que el nuevo proceso de licitación anunciado por el Gobierno permita no solo la continuidad del modelo, sino también su mejora y subsanar el deterioro en la asistencia que se ha producido a lo largo de los últimos años, la subida de la lista de espera, la reducción de los cuadros médicos, la salida de centros hospitalarios, o dificultades para la autorización de procesos médicos.