La Junta de Personal del Área Integrada de Cuenca ha solicitado endurecer los castigos para quienes agredan físicamente a los profesionales sanitarios. Según ha declarado la presidenta de este organismo de representación de los trabajadores, Isabel Zafra, “si no los llevan a la cárcel, deberían de tomarse medidas más contundentes y que a esta gente se les quitara la asistencia durante un tiempo”.
Según ha lamentado, están detectando “el aumento de las agresiones al personal sanitario, algo que no se puede concebir bajo ningún concepto”. No ha habido por el momento agresiones físicas en el Área Integrada de Cuenca, según indica Isabel Zafra, pero “la gente se exaspera mucho, sobre todo en Atención Primaria, que están cumpliendo con sus funciones y los pacientes y sus acompañantes estiman que tienen que ser más rápidos, se vienen arriba y empiezan a insultar a los profesionales”.
En este punto, Zafra ha condenado la última agresión física registrada en Castilla-La Mancha, que se produjo en el Centro de Salud Santa Olalla (Toledo) “donde hubo problemas muy importantes e incluso ha habido profesionales sanitarios que han sufrido crisis de ansiedad”.
La violencia verbal está a la orden del día contra el colectivo de rastreadoras de casos de COVID-19. “Hay personas a las que no les interesa ni que las exploren y hay mucha gente que las insulta por teléfono”, lamenta.
Zafra recuerda que “no se pueden consentir ni las agresiones físicas ni las verbales”, y recuerda que quien tenga quejas puede presentarlas con educación “porque están puestos todos los medios y los libros de quejas para que queden registradas por escrito”. Según critica, “todo el personal sanitario está siendo objeto de estas agresiones: celadores, enfermeras, auxiliares, médicos… e incluso miembros de las fuerzas de seguridad cuando los llamamos para que vengan a ayudarnos”. Urgencias es el servicio que más problemas acumula en este sentido, detalla la representante de los trabajadores.
