No es un secreto para cualquiera que sigue los medios de comunicación que la comarca conquense de La Machuela esát viviendo unos meses convulsos en materia de seguridad ciudadana. Robos de toda índole, operaciones de la Guardia Civil y problemas de peleas han protagonizado numerosos titulares en los últimos meses y han motivado que numerosos municipios se movilicen este miércoles en una manifestación convocada a las 21:00 horas en el Centro del Riáto de Motilla del Palancar.
Este medio de comunicación ha querido hacer un seguimiento del estado de la cuestión hablando con varios alcaldes de la comarca así como con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia. Aunque únicamente ha sido posible entrevistar a dos de los alcaldes de la comarca, desde Voces de Cuenca hemos contactado con otros tres así como con la Subdelegación del Gobierno en Cuenca para conocer su versión, pero en este último caso no ha sido posible recibir una contestación antes de la publicación de esta información.
De la necesidad de unirse entre municipios a una «falta de efectivos» de la Guardia Civil en la comarca
La sucesión de robos en viviendas, empresas, explotaciones agrícolas y establecimientos durante los últimos meses ha generado una preocupación es compartida por alcaldes de distintos municipios más allá de las siglas políticas. Así lo ha relatado a este medio de comunicación el alcalde de Casasimarro, Óscar Pinar, quien ha tendido una mano a todos sus homólogos en la comarca para afrontar esta problemática unidos: «Lo ideal, lo idóneo, sería que todos los que estamos sufriendo este problema, sin importar el signo político, nos reuniéramos y habláramos de estrategias e intercambiáramos opiniones y compartiéramos preocupaciones; en estas cosas yo creo que poco vale el signo político, lo que vale es la seguridad del ciudadano», ha resumido.
Su homólogo de Iniesta, José Luis Merino, señala que, a su juicio, «la manifestación que se va a dar en Motilla, es un paso para que todos los que estamos en las instituciones pongamos todo a disposición para que se pueda solucionar el problema». Al ser preguntado por una posible ‘línea roja’ de tiempo para que las instituciones competentes les ofrezcan soluciones tras la que se planteen otro tipo de acciones, Merino ha explicado que «será algo que iremos viendo». «Yo voy teniendo alguna reunión con algún alcalde, planteamos el problema que tenemos y cada uno lo traslada a la Subdelegación del Gobierno su situación, pero vamos a confiar también en que se actúe, si no se actúa ya tenemos que tomar otras decisiones», resume.
Aunque el tipo de delitos oscila entre un municipio y otro, los alcaldes tienen claro que lo que se necesita urgentemente es «aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil», algo que han defendido que «falta». «Nosotros lo que estamos demandando es más presencia de la Guardia Civil, más presencia en nuestras calles y más medios, sobre todo en aquellos pueblos que están teniendo problemas, para que la gente se sienta más tranquila». La cuestión de los efectivos no es una demanda aislada de los alcaldes, pues el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia de Cuenca, José Antonio Melero, coincide con los dos regidores municipales. «Habría que aumentar la plantilla de una forma bastante importante, hay una gran falta de efectivos en esta zona», expone. Al ser preguntado sobre la cantidad de agentes que faltarían, Melero responde que «cuando hice la estimación en Cuenca, creo que estaba en un 30% o un 40%. Pero el problema es que la plantilla no está actualizada, seguimos estando con la plantilla desde hace ya muchos años y habría que actualizar el catálogo, porque aunque puede estar cubierta en un 90%, ese catálogo no está actualizado a día de hoy, por ejemplo en un puesto que hay nueve guardias habría que aumentarlo a doce», expone. «Las necesidades que hay hoy en día no son las mismas que había en el año 95, la delincuencia no es igual en 2026», resume.
Una oleada de robos: el detonante de la situación
José Luis Merino, alcalde de Iniesta, sitúa el inicio de la última oleada de robos en torno a los meses de octubre, noviembre y diciembre del pasado año. Según explica, durante ese periodo se llegaron a producir «cuatro o cinco robos a la semana» en la zona. Los objetivos de los delitos eran variados. Empresas, cooperativas agrícolas, negocios y viviendas se encontraban entre los lugares afectados. Merino recuerda incluso casos de entradas en domicilios cuando sus moradores se encontraban dentro. El alcalde sostiene que este fenómeno no es nuevo y que los robos llevan años produciéndose en distintos municipios de La Manchuela, aunque considera que la intensidad registrada durante los últimos meses pone en primer plano el asunto. Por su parte, en Casasimarro, su alcalde sitúa el momento más complicado entre noviembre y diciembre. Relata que en apenas una semana llegaron a registrarse cinco robos consecutivos y que los autores actuaban principalmente en las zonas periféricas del municipio.
«Según nos cuentan suelen ser bandas organizadas», explica. A su juicio, aprovechan la proximidad de grandes vías de comunicación para entrar en los pueblos y abandonarlos rápidamente tras cometer los delitos. Aunque asegura que los robos en viviendas se han reducido desde entonces, advierte de que continúan produciéndose delitos en el entorno rural, especialmente en naves agrícolas, explotaciones de champiñón y casillas de campo. La proximidad de carreteras como la A-3 aparece de forma recurrente en las explicaciones de alcaldes y la AUGC. Merino recuerda que el robo sufrido hace años en su empresa familiar de distribución de bebidas terminó con la aparición de un camión sustraído en Madrid y asegura que los autores aprovecharon la autovía para abandonar rápidamente la zona. Pinar también considera que la cercanía de Casasimarro a la A-3 ha convertido al municipio en un objetivo atractivo para grupos itinerantes. Desde AUGC coinciden en este análisis y añaden otras infraestructuras como la A-43 o la AP-36 entre las rutas utilizadas por delincuentes para acceder a las poblaciones y escapar después con rapidez.
El estado de la cuestión en La Manchuela: las personas mayores como principales víctimas, tráfico de drogas y necesidad de desembolsos de varias decenas de miles de euros para instalar cámaras
A pesar de que la preocupación por los robos ha sido el detonante de la movilización ciudadana convocada en La Manchuela, alcaldes y el representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia coinciden en que la situación es más compleja y abarca distintas problemáticas que afectan a la seguridad y a la convivencia en los municipios de la comarca. Uno de los colectivos que se ha visto más afectado por estas cuestiones han sido las personas mayores. El alcalde de Casasimarro, Óscar Pinar, ha explicado que durante las últimas semanas se han registrado varios hurtos mediante el conocido como «método del abrazo», una modalidad delictiva en la que los autores se acercan a las víctimas simulando muestras de afecto o ayuda para sustraerles joyas y objetos de valor. Según señala, anillos, cadenas y otras pertenencias han sido los principales objetivos de estos robos.
«Tenemos muchos mayores y son el colectivo más vulnerable», afirma el regidor, que asegura que algunos vecinos han llegado a modificar sus rutinas por miedo a sufrir un delito. La preocupación no se limita a la vía pública. Tanto Pinar como el alcalde de Iniesta, José Luis Merino, relatan que muchos ciudadanos muestran reticencias a dejar sus viviendas vacías e incluso existe inquietud por los intentos de robo registrados en casas habitadas. Otro de los asuntos que preocupa especialmente es la presencia de tráfico y consumo de drogas que según su alcalde se viene incrementando significativamente en los últimos meses. Merino considera que este fenómeno se suma a los robos y contribuye a aumentar la sensación de inseguridad entre los vecinos y ha explicado que los responsables son tanto personas extranjeras ajenas al municipio como vecinos de la localidad. Por su parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) introducen un matiz. Su secretario provincial en Cuenca asegura que, según los datos que manejan los agentes, ni el consumo de drogas ni las peleas han experimentado un incremento significativo durante los últimos meses. «Se mantienen más o menos estables durante todo el año», explica.
Mientras tanto, los ayuntamientos han optado por actuar con los recursos a su alcance. Aunque algunos ediles han puestos obre la mesa la posibilidad de organizar patrullas ciudadanas, la medida más extendida está siendo la instalación de cámaras de videovigilancia en accesos y puntos estratégicos de los municipios. En Iniesta se han colocado doce cámaras, mientras que Casasimarro ha instalado otras doce junto con una cámara giratoria en el centro urbano. Estas actuaciones están suponiendo importantes desembolsos para las arcas municipales. Merino calcula que la inversión necesaria para implantar estos sistemas oscila entre los 15.000 y los 25.000 euros por municipio, mientras que Casasimarro ha destinado alrededor de 32.000 euros. El alcalde de Iniesta asegura que buena parte de los municipios que integran la comarca de La Manchuela ya han instalado cámaras, están en proceso de hacerlo o tienen previsto incorporarlas próximamente.
Los alcaldes lamentan que estas inversiones estén siendo sufragadas prácticamente en solitario por los ayuntamientos. «Todas las medidas de seguridad están siendo costeadas por los municipios», denuncia Pinar, que reclama una mayor implicación económica de otras administraciones. Pese al esfuerzo económico así como al impulso que prestan este tipo de dispositivos en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto los responsables municipales como AUGC coinciden en que la videovigilancia no puede sustituir a la presencia de agentes sobre el terreno. Las cámaras ayudan a identificar vehículos, reconstruir movimientos y facilitar investigaciones, pero la principal demanda sigue siendo la misma: más efectivos para una comarca que considera «insuficientes» los recursos actuales para hacer frente a una delincuencia cada vez más móvil y especializada.
Merino considera que los agentes disponibles son «insuficientes» para cubrir las necesidades actuales de la comarca. Según explica, los propios guardias civiles les trasladan que muchas veces deben repartir sus recursos entre diferentes municipios y que la «falta de personal» dificulta tanto la prevención como la investigación de los delitos a pesar de que los agentes dan lo mejor de si. Pinar aporta un ejemplo concreto. El puesto de Villanueva de la Jara presta servicio a Casasimarro, El Peral, Rubielos Altos, Rubielos Bajos, Pozoseco y la propia Villanueva de la Jara con apenas seis agentes. «Con seis guardias civiles para tantos pueblos poco más pueden hacer», sostiene. Desde AUGC corroboran esta situación. Melero explica que la escasez de efectivos obliga a organizar patrullas mixtas integradas por agentes procedentes de distintas unidades para cubrir demarcaciones cada vez más amplias. «A nivel práctico no podemos dar un servicio tan eficiente como querríamos», reconoce; una situación que según advierte se agrava durante campañas agrícolas como la del ajo, cuando aumenta considerablemente la población temporal en la comarca.
Aunque cada municipio presenta particularidades distintas, alcaldes y representantes de los guardias civiles coinciden en el diagnóstico. Existe una preocupación creciente por los robos, la presencia de la Guardia Civil no es tan profusa como querrían por la «falta» de efectivos en relación a la extensión del territorio y los ayuntamientos están asumiendo importantes costes para intentar reforzar la seguridad. Mientras las administraciones locales reclaman más recursos y los vecinos exigen soluciones, la comarca espera que las demandas trasladadas durante los últimos meses se traduzcan en medidas concretas que permitan recuperar la tranquilidad que tanto tiempo ha sido bandera para atraer población al medio rural.
