La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos de la Junta «están preparando una posible demanda contra el Gobierno de España» por el incumplimiento de la normativa que obliga a adaptar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura a los caudales ecológicos fijados en la planificación hidrológica.
Según ha explicado Gómez en rueda de prensa, el Real Decreto que aprueba la planificación hidrológica de todas las confederaciones establecía un plazo de un año para realizar esta adaptación, un plazo que venció en febrero de 2024. En este sentido, la consejera ha recordado que el documento con las nuevas reglas «está escrito, es legal y, por lo tanto, se tiene que aplicar», ha subrayado la consejera, que ha insistido en que los caudales ecológicos «deben establecerse ya en sus términos máximos».
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que el retraso en la modificación de las reglas de explotación supone un incumplimiento claro de la normativa vigente, por lo abren la posibilidad de acudir a la vía judicial para exigir su aplicación efectiva «lo antes posible».
Nuevo trasvase de 27 hectómetros pese a la oposición de Castilla-La Mancha
Mientras se tramita esa posible demanda, este miércoles se celebrará una nueva comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura en la que, según ha avanzado la consejera, se aplicará la regla N-2, la denominada situación de normalidad, debido al volumen de agua embalsada y a las precipitaciones registradas en Entrepeñas y Buendía.
Esta situación permitiría autorizar un posible nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos, previsiblemente aprobado para un periodo de tres meses. Una decisión que, según ha advertido Gómez, se suma «a los 64 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar del anterior año hidrológico», lo que dará lugar a un «tritrasvase» que la Junta considera contrario al espíritu de la planificación hidrológica y que, por ende, no cumple con la disposición incluida en la normativa aprobada en materia de planificación del agua que ya debía haber entrado en vigor. Una situación que según Gómez mantiene al Ejecutivo regional en una «disyuntiva» sobre si recurrir a la vía judicial.
