Es uno de los temas recurrentes a la hora de abrir los informativos televisivos. El análisis de los datos COVID suele dejar paso a las noticias relacionadas con la subida constante de luz que no para de marcar picos históricos en su precio, como si viviésemos en ‘El día de la marmota’.
En un panorama donde la pobreza energética se vuelve más visible, y donde las medidas adoptadas por las autoridades no palia estas subidas, estar pendiente de nuestros electrodomésticos y de cualquier aparato eléctrico en casa puede marcar la diferencia entre pagar con desgana la factura de la luz, o llevarse realmente una desagradable sorpresa en su consulta.
Este tipo de sorpresa desagradable es la que se han llevado cuatro estudiantes que viven en un piso de alquiler en la calle Fermín Caballero de Cuenca. Como cualquier joven de su condición, los cuatro inquilinos marcharon a sus lugares natales o de residencia habitual durante las vacaciones de Navidad, sin embargo, a la vuelta de estos días se encontraron con una factura que dejaría helado al más ahorrador.
Casi 600 euros de factura en el periodo que comprende desde el 23 de noviembre hasta el 23 de enero. Como se puede observar en la tabla de evolución de consumo, lo habitual cuando este piso está ocupado por sus inquilinos el precio de la luz consumida suele rondar los 100 euros.
Así estos jóvenes, en parte originarios de Albacete, y que han preferido mantener el anonimato, no se explican de donde ha podido salir una factura tan elevada y que le saldrá a cada uno por 200 euros por dos meses de consumo.
Como es habitual en estos casos, la primera medida que han tomado ha sido hablar con la empresa eléctrica que suministra el servicio al inmueble. Igual de habitual ha sido la respuesta, ya que se han encontrado con un «atenderemos su reclamación en el plazo más breve posible».
¿Qué hacer en estos casos?
Desde la web especialista de Legálitas recomiendan que si después de realizar todas las comprobaciones existe una incidencia, se deberá poner en marcha nuestra reclamación, bien sea mediante llamada telefónica al servicio de atención al cliente de la empresa suministradora o, con la ayuda de un servicio legal que, para obtener un resultado más efectivo, le ayudará a presentar la reclamación por escrito, dirigida al área de atención al cliente de dicha compañía.
Esta empresa recomienda hacerlo mediante carta certificada con acuse de recibo, para así disponer de un documento que acredite la recepción por parte de la empresa quien, posteriormente y obligada por ley, facilitará al cliente el número de referencia y el justificante por escrito de dicha reclamación. Si en el plazo de un mes, la reclamación no hubiese obtenido respuesta o no hubiera sido satisfactoria, el siguiente paso será acudir a los organismos de Consumo locales o autonómicos si se tratase de un problema de facturación.
Si la respuesta de la compañía no convence al usuario, podrá acudir al organismo de consumo local, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). La principal finalidad de este organismo es informar al cliente y mediar entre este y la comercializadora. En un plazo máximo de 6 meses, la OMIC aportará la resolución correspondiente.
En el caso de que la resolución emitida por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) no sea la esperada, el cliente podrá recurrir al Sistema Arbitral de Consumo. El Sistema Arbitral de Consumo es un servicio público 100% gratuito cuyo principal fin es resolver los problemas que puedan surgir en materia de consumo. Se trata de la última vía que pueden tomar ambas partes antes de recurrir a la vía judicial ordinaria.
