La Audiencia Provincial de Cuenca celebra este jueves un juicio contra cuatro acusados por un delito contra la salud pública en materia de tráfico de drogas por venta de estupefacientes en un pub de Tarancón del que uno de los presuntos autores era propietario. El juicio oral se abre tras haber concluido una investigación motivada por las declaraciones de un testigo protegido ante la Guardia Civil y tres de los cuatro acusados presentan antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
Según el escrito de la Fiscalía, el pasado 30 de abril de 2019 se inició dicha investigación a través de escuchas telefónicas de la que se dilucidó que la acusada y propietaria del local, M.L.N., a través del número del también acusado E.C.C. desde al menos diciembre de 2018 y en compañía de su pareja sentimental J.C.T.P., estaban adquiriendo la droga de los también acusados A.J.L.C. y del propio E.C.C. para su
posterior venta a terceros. A consecuencia de las escuchas, se solicita a la Policía Judicial de la Guardia Civil que realice entradas y registros en los domicilios de los acusados el 13 de junio de 2019. En dichos registros incautaron una báscula de precisión, 2.290 euros en efectivo, recortes de bolsas de plástico verdes y un rollo de alambre forrado de plástico verde, utilizado habitualmente para cerrar las dosis de cocaína. Además, también se incautaron 54, 27 gramos de sustancias que dieron positivo en cocaína en el cocatest con diferentes grados de pureza cuyo valor en el mercado ilícito asciende a la cantidad de 3.493,01 euros.
Los hechos, según apunta la Fiscalía son constitutivos de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causa grave daño a la salud en el artículo 368 del Código Penal. Los acusados responden en situación de presuntos coautores del delito sin circunstancias modificativas o atenuantes en ningún caso. El acusado E.C.C. ha estado en prisión preventiva por estos hechos desde el 14 de junio de 2019 al 30 de junio de 2020 y M.L.N. ha estado en situación de prisión provisional por esta causa desde el 14 de junio de 2019 al 31 de agosto de 2020.
Así, la Fiscalía solicita cinco años prisión para cada uno con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además solicita una multa de 10.479, 03 euros a cada uno de ellos, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 100 días de privación de libertad, y el pago de las costas procesales. También decreta el comiso del dinero y demás efectos intervenidos, así como la destrucción de las sustancias intervenidas.
