El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración en su reunión de este martes el anteproyecto de Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, que tiene el principal objetivo de compatibilizar esta actividad económica con la protección de los sectores más vulnerables y que se remitirá de manera inmediata al Consejo Consultivo para su informe y posterior presentación en las Cortes regionales.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de los asuntos abordados en Consejo de Gobierno, ha explicado que la previsión del Ejecutivo autonómico es aprobar el proyecto de ley y elevarlo a las Cortes de Castilla-La Mancha a finales de abril o a principios de mayo, dentro del actual periodo de sesiones. Ruiz Molina ha destacado que entre sus principales fines está el de fomentar la prevención y el juego responsable y poner el foco en las repercusiones sociales de esta actividad. En este sentido, ha recordado que su aprobación es un compromiso que adquirió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante la rápida evolución y expansión del sector del juego privado y la consiguiente preocupación social.
Esta norma sustituirá a la vigente Ley del Juego de 2013, que ha facilitado la proliferación de este tipo de establecimientos en la región que, como ha apuntado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se han multiplicado por cuatro en siete años, pasando de 51 en 2013 a 200 en 2020.
Estas cifras constatan “un elevado número de locales que nos sitúa como una de las comunidades autónomas con mayor densidad de establecimientos de juego por cada 100.000 habitantes”, ha asegurado Ruiz Molina, quien ha precisado que “si en España la densidad media es de ocho establecimientos por cada 100.000 habitantes, en Castilla La Mancha es de nueve”. También, ha señalado que, en comparación con comunidades autónomas más potentes, en Madrid la cifra es de siete establecimientos por cada 100.000 habitantes y en Cataluña, de dos. “Si nos comparamos con regiones con características sociodemográficas muy parecidas a la nuestra, la densidad media en Galicia es de tres y en Castilla y León, de cinco”, ha matizado.
En su intervención, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que ante este elevado número de establecimientos de juego en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional intentó reducir en 2016 las nuevas autorizaciones, pero resultó insuficiente con los instrumentos jurídicos disponibles en la ley de 2013, lo que supuso que en 2018 se alcanzaran los 221 locales en la Comunidad Autónoma, “momento en el que decidimos la elaboración de esta nueva norma, de gran complejidad técnica y jurídica”, ha precisado.
“Estamos ante una iniciativa legislativa que pone el énfasis en la prevención, en el fomento del juego responsable y en la inspección y control del juego de gestión privada”, ha aseverado Ruiz Molina, quien ha remarcado que es “muy ambiciosa en sus fines y muy completa en su articulado”.
Principales novedades
Este anteproyecto de ley, que busca potenciar las medidas de control en el ejercicio de la actividad del juego poniendo el foco en las consecuencias sociales que genera, contiene importantes novedades. Entre ellas, se introduce por primera vez en la normativa regional un conjunto de principios rectores sobre los que se sustentarán las políticas públicas de esta Administración en materia de juego, que pasan por la prevención y el fomento del juego responsable, para lo cual se establece la creación del Observatorio de Juego Responsable, con el fin de proponer todas políticas públicas encaminadas hacia las buenas prácticas.
También se fija un régimen de publicidad más restrictivo, prohibiéndola en general, con unas excepciones muy tasadas, como la realizada en el interior de los propios locales de juego, aquélla que se inserta en publicaciones específicas dirigidas al sector o el patrocinio.
Otra de las novedades tiene que ver con la ubicación de los establecimientos de juego, que no podrán estar situados a una distancia inferior a 150 metros entre sí para evitar una excesiva concentración, a la vez que deberán guardar una distancia mínima de 300 metros respecto a los accesos principales a centros oficiales de enseñanza reglada para impedir que sean un reclamo para los estudiantes. Si bien, esta medida no afectará a bingos o casinos.
No obstante, la limitación en cuanto a las distancias no puede afectar a los establecimientos que ya están autorizados, pero sí cuando vayan a solicitar la renovación. En este sentido, se establece un régimen transitorio que afecta fundamentalmente a los establecimientos cuya fecha de renovación está más próxima. Pero, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2028 se han de cumplir los requisitos de ubicación de todos los locales que estén en funcionamiento en la región.
Del mismo modo, se posibilita a los municipios, previa autorización de la Consejería competente en materia de juego, a declarar parte de su término municipal como zona saturada de locales de juego, en los términos que se establezca reglamentariamente. Asimismo, se refuerza el control de acceso a los locales, de forma que cada una de las entradas de las que disponga el establecimiento cuente con un sistema automatizado destinado a impedir el paso de aquellas personas que lo tengan prohibido.
Además, en este texto se hace una importante revisión de todo el régimen sancionador, para incluir nuevas conductas como muy graves que no estaban tipificadas expresamente en la actual ley y para incrementar el importe de las sanciones que pueden imponerse “asegurándose de que éstas no puedan, en ningún caso, resultar más beneficiosas para quienes incumplan que la propia comisión de la infracción”. Igualmente, se incluye un régimen tributario más completo, con una adecuación de los tipos impositivos al resto de comunidades autónomas.
