La vicesecretaria de Sectorial del PP-CLM, Tania Andicoberry, ha recordado este domingo a Page que el “varapalo judicial” ha dejado en evidencia que no se puede gobernar con “opacidad” y haciendo “trampas”.
Así se ha pronunciado Andicoberry, en declaraciones a los medios de comunicación, en Albacete, después de conocer recientemente que el Tribunal Constitucional haya admitido un recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP sobre uno de los apartados de la Ley de Prepuestos Regionales de 2020. Un recurso de inconstitucionalidad que “pone en evidencia” y deja patente que la falta de trasparencia y de opacidad del Gobierno de Page “no puede salirle gratis”.
“No se pude gobernar con esa soberbia, con esa opacidad, con esa falta de trasparencia y no se puede gobernar intentando colársela a los castellanomanchegos una y otra vez diciendo una cosa y haciendo la contraria como viene siendo habitual en el Gobierno socialista de Page”, ha advertido Andicoberry.
Así mismo, ha valorado la labor de control al Gobierno por parte de los senadores populares al presentar este recurso de inconstitucionalidad en el que ha quedado “patente” las “malas formas” del Gobierno socialista de Page.
Además de esto, Andicoberry se ha referido a la “mal llamada” Ley de Aguas que en realidad se trata de un nuevo impuesto de Page “a costa del agua”. Una Ley que es una “excusa” para volver a subir los impuestos a los castellanomanchegos; a las familias, a las industrias, a los locales comerciales e instalaciones municipales, lo que va a suponer una mayor presión fiscal de la que ya padecemos.
En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de Page, “lejos de ponerse al lado de las familias, de las pymes y de los autónomos”, lo que hace imponer un nuevo “impuestazo” a costa del agua.
Una Ley, ha indicado, en la que dos terceras partes solo son tributos y sanciones, y, por lo tanto, en nada protege el agua de nuestra región, “no aportando ni un hectómetro cúbico más de agua a esta tierra”.
Por otro lado, ha señalado que se pretende recaudar en torno a 70 millones de euros que van a salir del bolsillo de todos los castellanomanchegos.
Frente a ello, el PP de Paco Núñez, votará en contra de este “nuevo asalto fiscal y votará que no a este tipo de políticas que lo único que hacen es lastrar la economía de los negocios, y, al mismo tiempo, exigirá que no se ponga en marcha esta Ley».
