Antonio Melero Pita
Hay provincias que parecen condenadas a vivir lejos de los grandes acontecimientos nacionales. Cuenca suele figurar entre ellas. Desde Madrid se la contempla muchas veces como un territorio periférico, poco poblado y escasamente decisivo. La realidad demuestra justamente lo contrario. En más de una ocasión nuestra provincia ha terminado ocupando un lugar inesperado en la historia política de España.
Ocurrió en 1936. Las elecciones generales celebradas aquel año convirtieron a Cuenca en escenario de una de las controversias electorales más importantes de nuestra historia contemporánea. La repetición parcial de los comicios, la revisión de las actas y las decisiones adoptadas posteriormente por las Cortes continúan siendo objeto de estudio entre los historiadores. Noventa años después siguen apareciendo investigaciones que analizan aquellos acontecimientos desde perspectivas diferentes. No corresponde a estas líneas resolver ese debate, pero sí recordar un hecho indiscutible: Cuenca dejó de ser una provincia cualquiera para convertirse en referencia obligada cuando se estudia uno de los procesos electorales más discutidos de la Segunda República.
Aquel episodio merece detenerse un instante. Las elecciones no concluyeron con el escrutinio. Varias circunscripciones fueron impugnadas y dos de ellas, Granada y Cuenca, acabaron celebrando de nuevo las elecciones en mayo. La provincia adquirió entonces una relevancia política nacional. La campaña atrajo a figuras de primer nivel y la atención de toda España se dirigió hacia una tierra que apenas representaba una pequeña parte del censo nacional. Lo ocurrido durante aquellos meses sigue siendo objeto de un intenso debate historiográfico. Los especialistas discrepan sobre el alcance de las irregularidades y sobre su influencia en el resultado final, pero todos coinciden en que Cuenca ocupó un lugar singular en aquellos acontecimientos.
La enseñanza que deja aquel episodio continúa plenamente vigente. Las elecciones no empiezan el día en que se abren las urnas. Comienzan mucho antes, con la elaboración del censo, con la aplicación de las normas electorales y con la garantía de que todos los ciudadanos participan en igualdad de condiciones. La legitimidad de un resultado descansa sobre la confianza de quienes ganan, pero también de quienes pierden. Esa confianza constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
Por ese motivo sigo con especial interés el intenso debate que durante las últimas semanas ha provocado la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno sostiene que se trata de una reparación histórica para los descendientes de españoles que perdieron injustamente el vínculo con su país. La oposición mantiene que la forma en que se está desarrollando el procedimiento exige una transparencia mucho mayor y reclama conocer con detalle los criterios que se están aplicando para la incorporación de esos nuevos ciudadanos al censo electoral.
Confieso que mi preocupación no nace únicamente de la actualidad política. Nace también de una experiencia personal que marcó profundamente mi manera de entender los procesos electorales. En 2003 tuve el honor de encabezar la candidatura de Independientes por Cuenca. Éramos un grupo de ciudadanos sin experiencia política, convencidos de que unas pocas ideas y mucho trabajo podían abrirse paso. Aquella noche seguimos el escrutinio prácticamente minuto a minuto. Durante buena parte de la tarde los datos que publicaba el Ministerio del Interior nos otorgaban un segundo concejal. Ese resultado habría cambiado por completo la gobernabilidad del Ayuntamiento de Cuenca. Horas después, cuando el escrutinio continuó, aquel segundo concejal dejó de aparecer en el reparto definitivo. Más tarde comprobamos que nos habían faltado únicamente 53 votos para conseguirlo. En aquellas elecciones se contabilizaron 201 votos nulos. Solicitamos poder revisarlos y aquella posibilidad no prosperó. Nunca podré afirmar que existiera irregularidad alguna, porque no tengo pruebas para hacerlo. Lo que sí puedo decir es que aquel día perdimos la ingenuidad. Pagamos la novatada de quienes creían que bastaba con tener razón para que todas las decisiones parecieran igualmente comprensibles. Desde entonces comprendí que la fortaleza de una democracia no depende solo de contar bien los votos, sino también de que cualquier ciudadano pueda confiar plenamente en el procedimiento por el que esos votos se convierten en representación política.
Cuenca elige únicamente tres diputados al Congreso. Eso significa que el último escaño puede depender de una diferencia muy reducida de votos. Lo hemos comprobado en distintas convocatorias electorales y volveremos a comprobarlo. Quien conozca mínimamente el funcionamiento del sistema D’Hondt sabe que, en provincias de pequeño tamaño, pequeñas variaciones del censo o de la participación pueden modificar el reparto final de diputados. Lo que en Madrid apenas tendría consecuencias, en Cuenca, Soria o Teruel puede resultar decisivo.
Por esa razón merece la pena detenerse a estudiar cómo se incorporan al censo electoral los nuevos ciudadanos españoles residentes en el extranjero y cuáles son los criterios que determinan su adscripción a una provincia concreta. No discuto el derecho de quienes adquieren legítimamente la nacionalidad española. Lo que considero imprescindible es que un procedimiento de semejante trascendencia se desarrolle con una transparencia absoluta, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer las reglas, comprobar su aplicación y tener la seguridad de que el resultado responde exclusivamente a criterios objetivos.
Durante los últimos días he leído artículos de opinión de todos los signos. Unos denuncian una posible utilización partidista del nuevo censo. Otros califican esas sospechas de infundadas. Mi intención no es sumarme a unos ni a otros. Prefiero acudir a los documentos, a las cifras y a la legislación. Quiero conocer qué dice exactamente la ley, cómo se desarrolla administrativamente, cuál ha sido la evolución del censo electoral de residentes en el extranjero y qué influencia real puede tener todo ello en provincias como la nuestra.
La historia enseña que la confianza en unas elecciones no depende únicamente de la honradez de quienes gobiernan. Depende de que las instituciones ofrezcan garantías suficientes para que cualquier ciudadano, vote a quien vote, pueda comprobar que el censo electoral se ha elaborado con arreglo a normas claras, públicas y verificables. Esa es la única forma de preservar el patrimonio más valioso de una democracia: la certeza de que cada diputado representa exactamente la voluntad expresada en las urnas y de que esa voluntad comienza a construirse mucho antes del día de la votación.
Este artículo no pretende cerrar el debate. Al contrario. Pretende abrirlo con serenidad, con documentos y con datos. En los próximos días analizaré la evolución del censo electoral de residentes en el extranjero, el efecto del sistema D’Hondt en las provincias de menor representación y los criterios legales de adscripción al censo. Si al final de ese recorrido las dudas quedan despejadas, todos saldremos fortalecidos. Si, por el contrario, aparecen zonas de sombra que aconsejen una mayor transparencia, también será una buena noticia haberlas señalado. Las democracias maduras no temen el escrutinio. Lo necesitan.
