Cáritas Diocesana de Cuenca ha presenta el IX Informe Foessa, sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha. Este informe, elaborado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada vinculada a la organización humanitaria católica, describe «un proceso de fragmentación social» en el que, tras dos décadas de crisis, las recuperaciones no han cerrado la brecha».
Según señala la entidad de la Iglesia en un comunicado de prensa, «la exclusión social se profundiza y se cronifica, pues ganan peso en este territorio las situaciones de exclusión más severas. Según indica, el estudio habla de pobreza, «pero principalmente habla de exclusión social, que va más allá de la falta de ingresos» porque «es un concepto mucho más amplio que abarca numerosas realidades además de la pobreza económica».
La exclusión social en Castilla –La Mancha afecta al 20% de la población
«Vivimos un proceso inédito de fragmentación social. La desigualdad es el motor principal de la pobreza y la exclusión social en España y en Castilla-La Mancha», insiste Apunta que «a pesar del crecimiento económico, España mantiene una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa». Aunque Castilla-La Mancha ha logrado reducir su tasa de desigualdad en los últimos seis años, la persistencia de la misma se traduce en vulnerabilidad en ámbitos esenciales como la vivienda, el empleo, la salud y la protección social. «Hablamos de que 1 de cada 5 personas sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones en la región».
Sí que se ha producido una mejora significativa con respecto al 2021, año en el que medíamos las consecuencias de la Covid19, la exclusión social afecta a 428.000 personas.
Marina Sánchez-Sierra Ramos, miembro del Comité Técnico de FOESSA, ha manifestado que “no fallan las personas, falla el sistema”. En ese senido ha señalado que la exclusión social en Castilla-La Mancha funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. «La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión», indica.
Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. En cuanto a la vivienda, el 22% de la población castellanomanchega está afectado por algún rasgo de exclusión residencial, entre otras cuestiones porque los precios (de compra y alquiler) crecen mucho más rápido que los ingresos, la cuota media del alquiler ha aumentado un 28% entre los años 2018 y 2023. Por otra parte, en referencia al empleo ha señalado que «la precariedad es la nueva normalidad para una parte de la sociedad y que a día de hoy tener un empleo protege, pero no blinda». La recuperación del empleo en Castilla –La Mancha no se traduce en una reducción de la exclusión social. Indica al respecto que el estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral «hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social.»
Otro rasgo «preocupante» es la erosión de la equidad en el acceso a la sanidad. «Estamos permitiendo que el acceso a la sanidad dependa de la cartera, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio. En Castilla-La Mancha, más de 300 mil personas tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente, a los servicios y productos sanitarios que precisan o a la atención médica adecuada para problemas de salud crónicos o graves», añade.
Los rostros de la exclusión social en Castilla-La Mancha
Indica que la exclusión social en Castilla-La Mancha no se distribuye al azar: tiene rostros reconocibles que se repiten en el territorio y que combinan recursos materiales, procedencia, edad y estructura del hogar. «El primero es el origen y nacionalidad: las personas de nacionalidad extranjera enfrentan tasas de exclusión social casi 3 veces superiores a las de nacionalidad española y las de origen extranjero 2,7 veces superiores a las nacidas en España. El segundo, la infancia y juventud: concentran una vulnerabilidad singular, la tasa de exclusión entre menores de 18 años (36,5%) es casi cinco (4,8) veces superior a la de las personas de 65+ (7,6%)», apunta.
Sánchez-Sierra Ramos ha señalado que se observa un futuro desdibujado para los jóvenes, «que ya en la actualidad viven peor que sus padres». Datos que afectan también a la tasa de paro, que entre los jóvenes menores de 30 años es del 24%, un porcentaje muy superior a la tasa general de la comunidad (13%).
El tercero clave es la la composición del hogar: La exclusión afecta al 39% de hogares en los que hay dos o más niños, niñas o adolescentes (menores de 18 años), un porcentaje que ha aumentado en 14,4 puntos porcentuales desde 2018. «Dificultades que atraviesan a las familias y que explican, en parte, por qué las familias tienen menos hijos de los que desearían», indican desde Cáritas.
El informe propone un cambio de paradigma «pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica». Consider que «se necesitan políticas audaces, coherentes e integrales, ante un modelo que genera miedo y desconfianza».
Aboga en esa línea «por construir un nosotros” inclusivo con las personas migrantes que suponga una integración real desde el primer día y regularización de derechos, además de superar las miradas defensivas y funcionalistas, avanzando del bienestar al biencuidar”.
Datos de la provincia de Cuenca
En la provincia de Cuenca, 40.000 personas sufren exclusión social, de las cuales 19.999 en exclusión severa. Por otro lado, 23.000 personas están en situación de pobreza severa, siempre según los datos de esta encuesta. La población total se sitúa en torno a los 200.000 haitantes, por lo que el porcentaje de excluidos alcanza el 20% y el de pobreza severa en el 11,5%.
En términos de vivienda, hay 19.000 personas con tenencia de la vivienda en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio), y 24.000 personas con «gastos excesivos de la vivienda».
En términos de salud/sanidad, 21.000 personas han dejado de comprar medicinas o prótesis o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
