El diputado socialista por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha defendido desde la tribuna del Congreso de los Diputados el «importante» plan de choque en materia de dependencia que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que “alcanza los 2.354 millones de euros, esto supone un aumento del 34% con respecto al presente año». Esta alegación se ha llevado a cabo durante la intervención del grupo socialista que ha dado su respaldo a la Iniciativa Legislativa Popular presentada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que estaba pendiente de tramitación la Cámara desde 2016.
El secretario general del PSOE de Cuenca ha remarcado «las diferencias entre la defensa que han hecho los últimos gobiernos de España en la financiación de la dependencia, Rajoy le birló a los beneficiarios de estas ayudas casi 2.000 millones de euros, mientras que el PSOE recupera la financiación del nivel convenido, dotándolo con 283 millones de euros”.
Además, el actual Ejecutivo va a aumentar un 20% el nivel mínimo «de manera que se pueda atender el crecimiento de los beneficiarios, reducir listas de espera e incrementar las cuantías de cada grado de dependencia». El parlamentario socialista también ha destacado los “218 millones de euros” que va a financiar el Estado para las cuotas sociales de las cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia que fueron recuperadas en el año 2019 por el Gobierno de Sánchez, “después de que Rajoy se las cargara de un plumazo”, ha apostillado Sahuquillo.
El portavoz socialista de Políticas Integrales de la Discapacidad se ha hecho eco de la “prioridad máxima” que para el el grupo socialista y para el Gobierno progresista es “revertir los recortes” del PP a la Ley de Dependencia para devolverla “a su espíritu original”, una norma que se aprobó bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que supuso “un hito” histórico.
Sahuquillo ha denunciado los “importantes recortes” que los populares hicieron en esta ley desde su llegada al Ejecutivo, “años de Gobierno del PP que resultaron devastadores para las personas en situación de dependencia, con importantes recortes en las fuentes de financiación del sistema”. «Uno de los ataques contra el espíritu de la ley fue el decreto 20/2012, que fijó una subida de la participación de los beneficiarios en el coste de dicha atención de hasta un máximo del 90% del coste del servicio. Anteriormente, este límite solo estaba previsto para las personas que estaban en situación residencial y siempre con una previsión de liquidez”, ha denunciado.
El secretario general de los socialistas conquenses ha avanzado que, durante el trámite parlamentario de esta ILP, el grupo socialista “planteará mejoras y modificaciones, con la presentación de enmiendas, que tengan en cuenta el criterio de las comunidades autónomas, administración pública que lleva a cabo ese reconocimiento y gestión de las prestaciones y servicios” del sistema, “así como también de la Conferencia Sectorial”, lo que considera que es una política de “lealtad institucional” y en pro “de los intereses de las personas en situación de dependencia de este país”.
