El Partido Popular en la Diputación de Cuenca va a presentar en el pleno de este miércoles una moción para exigir al Gobierno de España retirar el real decreto de regularización de inmigrantes extraordinaria aprobado el pasado 14 de abril.
Su portavoz en la institución provincial, Raquel Oliver, ha señalado en rueda de prensa este martes que su partido quiere fijar una postura «clara, responsable y coherente frente a una de las decisiones más graves que ha tomado Pedro Sánchez durante los últimos años». En este sentido, ha destacado que esta medida «no va a regularizar alrededor de 500.000 personas, como dice el Ejecutivo de Pedro Sánchez», sino que ha asegurado que hay informes técnicos policiales que hablan de casi dos millones de personas las que se van a regularizar.
«Esta es una decisión que va a provocar el efecto llamada de las mafias y lo están utilizando ya como un argumento comercial», ha sostenido la portavoz popular, que ha insistido en que las consecuencias directas son para los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas, ya que «son en primera instancia los que tienen que hacerse cargo de los servicios sociales de estas personas».
Por ello, ha manifestado que desde el Partido Popular proponen «gestión, orden y legalidad». Olivar ha aclarado que no se oponen a la inmigración, sino que lo que quieren es que «haya inmigrantes que sean trabajadores, pero no delincuentes». «Queremos que haya debate parlamentario, que haya una memoria económica real que no está, y que no sean los ayuntamientos los que sean los pagadores silenciosos de esta política desnortada del presidente Pedro Sánchez», ha aclarado.
Por su parte, la diputada del PP María Soledad Sánchez-Grande ha resaltado que la provincia de Cuenca tiene un «grave problema estructural» con más del 25% de la población mayor de 65 años y «con más defunciones que nacimientos». «La inmigración ya es parte importante de nuestra provincia, con en torno al 15% de la población, por lo que ya es una realidad», ha insistido la diputada.
Por ello, ha añadido, «precisamente debemos ser responsables, porque Cuenca también es una provincia con servicios muy, muy limitados». Ha asegurado que desde el Partido Popular defienden una inmigración «legal, ordenada y vinculada al empleo», ya que una regularización masiva «sin control puede generar un efecto llamada y, lo que es más importante, puede poner en riesgo la integración real y la capacidad de nuestros servicios públicos», ha destacado Sánchez-Grande.
La popular ha subrayado que quieren una inmigración «con planificación, recursos y garantías, que es lo que necesitan tanto quienes llevan con nosotros ya mucho tiempo y los que acaban de llegar». Sin embargo, Sánchez-Grande ha aclarado que «en nuestra provincia hay personas que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, que están integradas en nuestros pueblos, que forman parte de nuestra vida diaria y que sin embargo se sigue en esa situación irregular, y precisamente por respeto a esas personas, creemos que la solución debe ser justa, ordenada y con garantías».
«Por eso defendemos procesos legales individualizados vinculados al empleo y a la integración real. Que reconozcan el esfuerzo de quienes ya están aportando a nuestra sociedad. Nosotros creemos en una inmigración que sume, que ayude a fijar población, que contribuya al desarrollo rural, pero con recursos y garantías», ha sentenciado.
