Las plataformas vecinales que luchan contra macroplantas de biogás y macrogranjas han recogido 13.288 alegaciones que han presentado contra el Plan regional de Biometanización 2024-2030 ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El periodo de información pública y alegaciones, abierto el pasado 18 de junio en el que se sacó a consulta pública la Evaluación Ambiental Estratégica de este Plan, finalizó la semana pasada.
El plan contempla la construcción de entre 113 y 280 plantas de biogás-biometano repartidas por todas las comarcas de la región de la cuales entre 10 y 20 instalaciones se ubicarían en comarcas como la Mancha Alta de Cuenca, mientras que en otras zonas como la Serranía Alta, la Serranía Baja o la Alcarria se contemplan con una horquilla de entre 1 y 5 plantas. Actualmente la región cuenta con 50 plantas de biogás en tramitación previo a la aprobación de este plan repartidos por las cinco provincias.
Este número de proyectos en tramitación ha generado la aparición de una veintena de colectivos vecinales que rechazan un modelo de macroplantas de biogás que consideran «hecho a medida para las empresas del sector» con el objetivo, apuntan, de «maximizar sus beneficios». Los colectivos vecinales refieren que el citado plan «ignora las consecuencias ambientales y de salud pública para las poblaciones vecinas». Desde el colectivo Stop Ganadería Industrial han acusado a la Junta de Comunidades de «adjudicar a dedo» la elaboración y evaluación ambiental a Biovic Consulting, una empresa que desarrolla plantas de biogás.
Según las plataformas vecinales el Plan «fomenta un modelo de planta de biogás de enormes dimensiones, de alto impacto social y ambiental». Esta combinación, afirman «aumenta los riesgos ante cualquier incidente en la planta» y «sólo busca la rentabilidad económica en detrimento del modelo más lógico de pequeñas plantas que respondan a los intereses concretos del territorio en lugar de a los intereses de las compañías energéticas y fondos de inversión». Las plataformas consideran que el modelo propuesto por el Plan «va a ahondar en los desequilibrios territoriales», que también tendrá una «contribución nula» a la descarbonización y mitigación del cambio climático, y que «no va a contribuir a la generación significativa de empleo en el mundo rural».
En lo referente a la extensión de estos proyectos, desde los colectivos vecinales han resaltado que el tamaño medio de los proyectos de plantas que se están promoviendo es superior a las 150.000 toneladas, muchas de 200.000 y de 300.000, lo que consideran «una barbaridad pensada sólo para la cuenta de beneficios de las energéticas y fondos de inversión» y que supera ampliamente en tamaño al modelo de planta de biogás que es frecuente en países como Alemania.
Para estos colectivos, es «innegable» que las plantas de biogás en la región «provocarán un efecto llamada para la instalación de más macrogranjas en la región, además de las molestias que provocarán para la población y sus riesgos ambientales». Las entidades justifican su afirmación poniendo como ejemplo la planta construida en la localidad valenciana de Lluxent «donde el ayuntamiento se ha sumado a las frecuentes protestas de sus habitantes por malos olores, aparte de haber sufrido un incendio y otros incidentes».
Las plataformas vecinales no consideran «realistas» ni las expectativas de empleo ni de inversión, «y mucho menos las de fijación de población». Del mismo modo se oponen «en todos los casos» al uso directo del subproducto que generan las plantas de biogás, llamado digestato, en los campos «sin ningún tratamiento previo». Además consideran de enorme gravedad que la Consejería de Desarrollo Sostenible «pretenda aprobar un Plan redactado por la propia industria del biogás y que despierta alarma en la Consejería de Sanidad por no considerar las repercusiones sanitarias».
