El Gobierno central considera que la fiscalidad diferenciada en zonas despobladas supondría discriminación entre comunidades y ha puesto en duda la aplicación de la fiscalidad diferenciada en territorios despoblados, que supone que las empresas tengan beneficios fiscales, y opta por el modelo de repartir ayudas y subvenciones. El Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria, subraya que “las políticas de gasto público consistentes en ayudas y subvenciones son un instrumento más idóneo que la concesión de beneficios fiscales para la ayuda al sector o zona afectada”.
Así ha respondido el Gobierno Central, concretamente la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, a una pregunta de varios diputados de VOX en la que hacían suyas una serie de peticiones de las patronales industriales pertenecientes a la comunidad autónoma de Castilla y León. Pedían soluciones tras la pandemia con el objetivo de lograr que la economía de su territorio mejore, haciendo hincapié en las solicitudes diferenciadoras de Soria, que incluían “una fiscalidad más favorable para empresas y trabajadores que habiten en las zonas más despobladas”.
En su respuesta, el Gobierno Central asevera que las ayudas y subvenciones “permiten una mayor inmediatez entre la concesión de la ayuda y el hecho que las motiva, una adecuada selección de los beneficiarios de la ayuda y la valoración de las necesidades específicas que concurren en cada uno en relación de a ayuda, y un mayor control de la adecuación de la ayuda a la finalidad que la motiva”.
Unos motivos que según el Gobierno Central “desaconsejan la adopción de la medida propuesta frente a otros instrumentos como las subvenciones o ayudas públicas”.
Critica también que “el establecimiento de incentivos fiscales de carácter territorial incidiría en determinados principios básicos orientadores de nuestro sistema tributario, como son los de neutralidad, generalidad y capacidad económica”. En este punto, incide en que “incentivos fiscales de ámbito territorial pueden suponer de algún modo la existencia de discriminaciones entre residentes de distintas CCAA o influir en las decisiones de establecimiento de personas y entidades. Tanto el Impuesto sobre Sociedades como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son impuestos de carácter estatal que por su naturaleza y con carácter general no contienen medidas dirigidas a un ámbito territorial o geográfico concreto”.
Además, recuerda en su respuesta el Gobierno regional que “el Impuesto sobre Sociedades recoge incentivos fiscales para la realización de determinadas actividades, sin que se establezca para su aplicación ningún tipo de requisito territorial. En todo caso, es importante destacar que la adopción de medidas fiscales de ámbito regional debe realizarse necesariamente respetando el Derecho de la Unión Europea y, especialmente, han de tener una justificación y unas características que impidan su consideración como ayuda de Estado”.
Otro de los aspectos que pone sobre la mesa la Secretaría es que “el establecimiento de bonificaciones fiscales en el IRPF quedaría limitado con carácter general en su aplicación a los empresarios o profesionales obligados a declarar y con rendimientos de la actividad económica positivos (si las bonificaciones fiscales consistieran en reducciones en la base imponible) o cuotas en el impuesto positivas (en caso de consistir en deducciones sobre la cuota), ya que en caso contrario no tendría lugar su aplicación por insuficiencia de bases o cuotas o inexistencia de bases o cuotas positivas, lo que determina la inaplicación de los beneficios fiscales en los empresarios o profesionales con menores rentas o rentas negativas, que serían precisamente aquellos con más dificultades económicas”.
Asimismo, también pedían valoración los diputados de VOX sobre “una ley regional que determine el concepto de zonas despobladas y permita definir los niveles existentes a fin de establecer medidas correctoras en función de la gravedad de cada territorio, la inclusión de un enfoque territorial en el próximo Programa Operativo de Castilla y León al objeto de garantizar que los Fondos Europeos de Desarrollo Regional presten especial atención a provincias con densidad de población menor a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, suelo industrial competitivo, la llegada de fibra óptica a todos los polígonos y la apuesta por el 5G”.
En su respuesta, con registro con fecha 29 de marzo, el Gobierno Central destaca “el compromiso con la cohesión social y territorial que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, siendo prueba de ello la elaboración del Plan de medidas ante el reto demográfico, que engloba 130 medidas ordenadas en 10 ejes de acción orientados hacia un amplio conjunto de objetivos que impulsen la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial”.
Entre otros, ha recordado “ya se está trabajando” en el Mapa de Ayudas de Finalidad Regional 2022-2027 notificó a la Comisión Europea para “definir el conjunto de medidas que, dentro del marco jurídico descrito y con pleno respeto al ordenamiento europeo, permitan impulsar la actividad económica en estos territorios”.
