Antonio Melero Pita
En Cuenca estamos alcanzando un nuevo nivel de originalidad administrativa: construir primero los accesos a un proyecto que todavía no existe, para ver si, con un poco de suerte, el proyecto aparece después. Eso es exactamente lo que sugiere la noticia publicada estos días: la Diputación va a mejorar varios caminos en la comarca del Campichuelo “para facilitar la instalación de ToroVerde”.
La frase es reveladora. No se mejoran caminos porque exista ya una obra en marcha, ni porque estén entrando máquinas, ni porque haya un calendario firme. Se mejoran para ver si, algún día, el parque llega a instalarse. Es decir, primero se pone dinero público, luego —quizá— el proyecto privado.
Conviene recordar algunos datos básicos para no perder la perspectiva. ToroVerde fue anunciado en agosto de 2022 como el gran revulsivo turístico de la provincia: inversión millonaria, cientos de empleos, miles de visitantes, desarrollo para la Serranía, proyección internacional… Han pasado ya casi tres años desde aquel anuncio. Tres años. ¿Resultado visible sobre el terreno? Ninguno. Ni una sola piedra movida.
Eso sí, lo que sí se ha movido es el dinero público. Declaración de Interés Regional, tramitaciones exprés, promoción institucional en ferias, presencia constante en discursos oficiales… y ahora, además, arreglos de caminos para que el parque, que no existe, pueda llegar algún día. Antes ya se invirtieron millones en carreteras de acceso. Ahora, nuevos caminos vecinales. Y, por si fuera poco, un dato clave: ToroVerde ya ha recibido un préstamo público de 5 millones de euros aprobado por la Junta a través de Sodicaman, pese a que sobre el terreno no se ha movido todavía una sola piedra.
Y aquí es donde muchos conquenses empiezan a hacerse una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿y si el parque no llega nunca?
Porque si no llega, lo que sí quedará será un reguero de inversiones públicas hechas al servicio de un proyecto privado que jamás respondió con hechos. Una operación redonda para la empresa —que acumula respaldo institucional, visibilidad, financiación favorable y mejoras de acceso sin asumir riesgos reales— y una operación ruinosa para una provincia que sigue esperando empleo, actividad y retorno económico.
La comparación con otros proyectos de Cuenca resulta inevitable. El Centro de Estudios Penitenciarios, anunciado en 2021, sigue atrapado entre retrasos y recursos. Autovías prometidas desde hace décadas. Sedes universitarias que nunca llegaron. El tren que nos quitaron. Siempre el mismo patrón: promesa, anuncio, foto… y después la nada.
Pero ToroVerde añade un elemento nuevo y especialmente preocupante: el dinero público empieza a circular antes de que exista proyecto material alguno. No estamos ante un simple retraso administrativo. Estamos ante una inversión pública preventiva, casi basada en la fe. Una fe que, a estas alturas, cuesta sostener.
Resulta llamativo que en una provincia con carencias evidentes en sanidad, comunicaciones, transporte público, infraestructuras rurales o servicios básicos, se prioricen caminos específicamente orientados a facilitar un parque de aventura privado que no ha demostrado todavía ninguna voluntad real de ejecución.
La pregunta ya no es si ToroVerde llegará en 2026, en 2027 o en 2030. La pregunta es otra mucho más seria: ¿quién asume la responsabilidad si no llega nunca? ¿Quién responde por los millones invertidos? ¿Quién da explicaciones a los vecinos cuando comprueben que los caminos conducen a ninguna parte?
Cuenca no puede permitirse seguir funcionando a base de expectativas eternas. Necesita proyectos reales, con plazos verificables, inversión privada efectiva y retorno público tangible. Todo lo demás —maquetas, discursos, ferias de turismo y caminos “por si acaso”— es solo humo.
Y de humo, en esta tierra, ya vamos más que sobrados.
