Por Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM
Vivimos en una paradoja social y política: cuando se habla de ayudas a trabajadores y familias vulnerables, muchos alzan la voz con acusaciones de «subvencionismo», «paternalismo» o «fomento de la dependencia». Sin embargo, cuando esas mismas ayudas son millonarias y se destinan a grandes empresas o terratenientes agrarios bajo programas como la Política Agraria Común (PAC), apenas se oyen críticas. Es más, en muchos casos se justifican como necesarias para «mantener el empleo» o «garantizar la competitividad».
Desde la Unión General de Trabajadores (UGT), denunciamos esta doble vara de medir profundamente injusta y peligrosamente ideológica. No es casualidad. Detrás hay un relato construido desde hace décadas por determinados intereses económicos y mediáticos: el trabajador que recibe una prestación social es sospechoso de no querer trabajar; el empresario que recibe una subvención es un motor de la economía.
Pero los datos desmienten ese prejuicio. Las ayudas a los trabajadores —como el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE o los subsidios por desempleo— están condicionadas, tienen requisitos estrictos y, en muchos casos, no alcanzan a cubrir lo más básico. Mientras tanto, miles de millones de euros de dinero público se entregan cada año a grandes explotaciones agrícolas —algunas ni siquiera generan empleo local— o a multinacionales con beneficios, sin apenas control sobre su impacto social o su redistribución.
¿Por qué molesta tanto que una familia obrera reciba 600 euros para comer y no que un terrateniente reciba 300.000 euros por hectáreas que no trabaja? Porque el primero pone en cuestión un sistema injusto; el segundo lo perpetúa.
Lo que debería escandalizar no es que existan ayudas públicas, sino a quién benefician y con qué condiciones. Desde UGT defendemos que el Estado tiene la obligación de proteger a quien más lo necesita. Y también exigimos que cualquier ayuda empresarial tenga una contraprestación clara: empleo estable, respeto a los derechos laborales y compromiso con el entorno.
No se trata de enfrentar campo y ciudad, empresa y trabajador. Se trata de justicia social. Si hay recursos públicos, deben ir primero a quienes sostienen este país con su trabajo y su esfuerzo diario, no a quienes acumulan capital sin dar nada a cambio.
Es hora de cambiar el relato.
