Las Concepcionistas, a la espera que el Consorcio les reintegre el dinero adelantado para la restauración

Las monjas han tenido que vender un piso y desprenderse de sus ahorros para costear la restauración junto con las donaciones recibidas.

El Monasterio de la Inmaculada Concepción, uno de los enclaves religiosos más emblemáticos de la capital conquense, luce actualmente restaurado tras los graves daños sufridos en el ataque perpretado por un incendiario que provocó un fuego en la entrada de la iglesia a inicios del mes de mayo del pasado 2024. Detrás del nuevo esplendor del templo reside el recuerdo del humo porque las hermanas Concepcionistas Franciscanas todavía no han recibido la ayuda económica prometida para financiar la obra del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.

Las hermanas se han visto abocadas a un montante de deudas que hoy se encuentran completamente pagadas gracias a las donaciones recibidas de otras comunidades de la orden y al apoyo de sus feligreses. Es precisamente en ese colectivo más cercano donde más gestos de amor y cercanía han recibido gracias al interés constante y el sostén económico que tantos han aportado en la medida de sus posibilidades. La Madre Superiora del convento, María Inmaculada, recuerda que «incluso los niños han venido a darnos billetes de cinco euros para ayudar». Del mismo modo la buena voluntad de los diferentes profesionales implicados en la restauración del templo ha sido un pilar esencial para poder afrontar la deuda pues, según asegura la madre, «todos han sido pacientes y flexibles a la hora de recibir los pagos, lo que ha sido un desahogo muy grande para nosotras».

Para poder afrontar la deuda las monjas han tenido que vender los pocos bienes de los que disponían y vaciar prácticamente al completo las cuentas en las que depositaban sus ahorros. Así, María Inmaculada relata que se han deshecho de un piso con el que contaba la orden en la céntrica calle de Las Torres en la capital conquense y han aportado todo el dinero del que disponían. «Una cuenta la hemos tenido que cerrar porque ya no tenía fondos ningunos y la otra se ha quedado prácticamente igual, pero la vamos reponiendo con la pensión de las hermanas jubiladas porque al final el dinero es solo eso, dinero, y lo material se arregla», comenta.

Aunque han afrontado la situación con resiliencia, las hermanas se encuentran «profundamente decepcionadas» con el organismo local. La hermana explica que en un primer momento solicitaron el apoyo del Consorcio porque no contaban con la cantidad necesaria para asumir las reparaciones y que «entonces nos comprometieron la subvención pero a día de hoy seguimos sin recibir nada, llevan los papeles presentados un montón de tiempo». Además, la monja ha destacado lo tortuoso del proceso burocrático para la solicitud, en la que la ayuda que les han prestado amigos y feligreses también les ha permitido seguir hacia delante con todo el proceso porque «cada vez que entregábamos un documento nos piden siete más», aseguraba la madre.

El juicio y el pago de la indemnización en voz de las afectadas

En la conversación que Voces de Cuenca ha mantenido con las monjas también se ha abordado el proceso judicial contra el hombre que provocó el incendio en la iglesia. La madre Inmaculada ha aclarado que ellas presentaron la denuncia por recomendación de un agente de la Policía Nacional con el único fin de que el incendiario recibiera el tratamiento que necesitaba y no hiciera daño a más bienes y, sobre todo, a más personas. De este modo, la religiosa asegura haber quedado «muy sorprendida» cuando llegó la notificación del juzgado en la que las citaban a ella y a otra monja de la orden como testigos, pero no como denunciantes. A pesar de ello, Inmaculada ha asegurado que «en ningún caso» hubieran acudido como acusación porque en su ánimo únicamente estaba «mejorar la calidad de vida» del acusado de modo que recibiera el tratamiento que necesitaba.

En cuanto a la marcha del juicio, la monja asegura que no tuvo noticia ni cruzaron «una sola palabra» con Abogados Cristianos, la asociación que se presentó como acusación popular en el proceso judicial. Aunque la monja comprende que la entidad actuó porque, aunque tanto la iglesia como el monasterio pertenecen a la orden, la congregación forma parte de la iglesia católica y sus bienes, por ende, son eclesiásticos, manifiesta que no han mantenido ningún contacto con la entidad y ni siquiera sabían de su existencia hasta el momento de la notificación, cuando vieron que se personaban como acusación.

Respecto a la condena, la monja muestra su desconcierto sobre la indemnización que asciende a  211.145 euros porque, asegura, que «como el condenado tiene un sueldo superior al salario mínimo, debe pagar un 30% todos los meses hasta cubrir la deuda, pero el beneficiario es el Consorcio y no entendemos por qué si cuando solicitamos las ayudas nos dijeron que ese dinero ya estaba en Cuenca, así que ni siquiera va a ser para el pago de la restauración del convento». En este sentido, la monja afirma que, dadas las circunstancias mentales del incendiario, considera que «la condena debería haber sido otra, nada económico ni para la orden ni para el Consorcio», que asumía las reparaciones al tratarse el inmueble de un Bien de Interés Cultural (BIC). La madre señala que lo único que les hubiera gustado en cuanto a la indemnización es que «la justicia sea justa» y que se hubieran tenido en cuenta la situación del condenado y a quién se ejercía ese pago.

A pesar del trauma sufrido, la comunidad no ha dudado en alabar a quienes han vivido el proceso a su lado y les han apoyado en cada parte del camino, aunque solo fuera preguntándoles o aconsejándoles. Las monjas viven con alegría y agradecimiento y señalan que no les ha costado desprenderse de lo poco que tenían porque se «apañan» con lo que tiene y no viven con «grandes necesidades», si no con una profunda vocación de servicio y un gran amor por la comunidad que les ha tendido los brazos en los momentos más complicados.