La empresa PRADDITIVE IAQ, S.L., que interpuso un escrito de alegaciones a la licitación de las obras del futuro Centro Nacional de Estudios Penitenciarios en Cuenca y que fue paralizada de manera cautelas por Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), ha emitido un comunicado explicando el motivo de su recurso.
La empresa aclara que la interposición del recurso responde a motivos «técnicos y jurídicos», con el objetivo de garantizar que el procedimiento de licitación «cumpla estrictamente con la normativa vigente en materia de eficiencia energética». En este sentido, explica que tras las modificaciones del RITE (RD 178/2021), ahora es obligatoria la comparativa técnica, económica y medioambiental en la memoria del proyecto, conforme a la IT 1.2.3, entre las instalaciones térmicas originalmente previstas —las menos eficientes— y las medidas oficialmente alternativas, de alta eficiencia y disponibles, como la IBPA®.
“Para nosotros es fundamental que los procesos de contratación pública se ajusten a la legalidad y que el interés público prevalezca. Nuestro recurso no busca retrasar la obra, sino asegurar que todos los requisitos técnicos y legales se cumplan de manera transparente y rigurosa, subsanar un vicio de nulidad y garantizar que la Administración reciba instalaciones de alta eficiencia que, además, son más económicas de adquirir, construir y mantener”, ha señalado Juan Gil Gutiérrez, director general de Pradditive.
La compañía, especializada en calidad de aire interior y eficiencia energética, confía en que el órgano competente adopte una resolución favorable que permita «subsanar las omisiones detectadas, contribuyendo así a garantizar que los proyectos públicos cumplan plenamente con la normativa vigente y los principios de eficiencia energética y calidad del aire interior».
Pradditive asegura en su comunicado que todas sus actuaciones buscan «proteger tanto su interés legítimo como el interés general, y garantizar la correcta ejecución de los proyectos públicos en beneficio de la sociedad».
