El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este viernes el convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ADIF para la ejecución del vial de conexión entre la estación de alta velocidad Fernando Zóbel y la ciudad de Cuenca. La firma de acuerdo se produjo el pasado 16 de junio con un presupuesto de 15,2 millones de euros.
Este nuevo vial será de 3,5 kilómetros en forma de Y con dos carriles por sentido, como la Ronda Oeste, y en la que se construirá dos ramales: uno hacia la carretera nacional N-320 para conectarla con la estación del AVE; y otra que irá hacia la ciudad, cuyo término será en la Avenida de la Policía Nacional.
El vicepresidente primero de la región, José Luis Martínez Guijarro, señaló en el momento de la firma del convenio que las obras están previstas que comiencen en 2026, con una duración de 18 meses.
Según el convenio, el desarrollo de esta actuación se enmarca en el protocolo firmado en 2022 por el Ministerio de Transportes, la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cuenca y Adif «para impulsar un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca». Fue el llamado Plan XCuenca que supuso la supresión del ferrocarril convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel.
Una vez publicado el convenio ya han surgido las primeras críticas. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca lo rechaza de manera rotunda y destacan que la actuación «pretende consolidar el cierre del ferrocarril entre Tarancón y Utiel y, además, representa un paso atrás en la construcción de un modelo de movilidad sostenible, inclusivo y justo».
Sostienen que el convenio, publicado este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y dotado con más de 15 millones de euros de fondos públicos, prioriza las infraestructuras «contaminantes» destinadas al vehículo privado, «en detrimento del transporte público colectivo». «Lejos de mejorar la accesibilidad, este vial refuerza la dependencia del coche para acceder a una estación situada a varios kilómetros del núcleo urbano, por la equivocada decisión de quienes ahora pretenden desmantelar servicios públicos», subrayan.
Desde la Plataforma denuncian que esta actuación «contradice los principios de movilidad sostenible» que el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dice defender. Asimismo, vuelven a defender el ferrocarril de viajeros y mercancías como el medio de transporte «más eficiente, con menor huella de carbono y mayor capacidad de vertebración territorial, si está bien gestionado».
Además, sostienen que el convenio incluye la posibilidad de desafectar y ceder de forma gratuita suelos ferroviarios de titularidad pública, en el marco de una estrategia «diseñada sin transparencia ni participación ciudadana, que parece responder solo a los intereses de los sectores empresariales vinculados al asfalto y al cemento».
La Plataforma vuelve a exigir la paralización inmediata del convenio y la reapertura del tramo ferroviario Tarancón–Utiel, con inversiones en modernización, accesibilidad y frecuencias. Reclaman también una auditoría pública sobre el coste-beneficio social, ambiental y económico de esta actuación, así como la participación ciudadana real «en la definición de los transportes que afectan al futuro del territorio».
