El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca votará en contra del convenio suscrito con ADIF si antes no se contestan las 12 preguntas registradas y no se resuelven las alegaciones presentadas. Así lo ha anunciado la presidenta del Grupo Popular y diputada nacional, Bea Jiménez, quien ha centrado su comparecencia en la «falta de información y transparencia» sobre el acuerdo y en la exigencia de paralizar su tramitación hasta aclarar todas las dudas jurídicas. Así lo han señalado los populares este lunes en una comparecencia ante los medios de comunicación.
Jiménez ha recordado que hace más de un mes el Partido Popular registró una batería de 12 preguntas tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación y en el Congreso de los Diputados, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. Ante ese silencio y tras haberse mantenido a la espera hasta el último momento, el grupo presentó alegaciones al nuevo convenio firmado entre el Consistorio, la Junta y ADIF el pasado miércoles, último día de plazo para ello. «Si no contestan nuestras alegaciones, el voto será no», ha afirmado con rotundidad, subrayando que la postura del PP podría revisarse únicamente en el caso de que el equipo de Gobierno aceptara la paralización del convenio y se abriera un proceso de estudio y diálogo.
Dudas sobre la titularidad, la comisión de seguimiento y los compromisos urbanísticos
Entre las cuestiones planteadas, el Grupo Popular ha señalado interrogantes «básicos» a su juicio, como la titularidad de los terrenos afectados, la composición y funcionamiento de la comisión de seguimiento prevista en el convenio —quiénes la integran, cada cuánto se reúne y qué decisiones ha adoptado— o el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
En este sentido, Jiménez ha asegurado que las obras de los aparcamientos provisionales contempladas en el primer acuerdo ya han finalizado y que, según el propio convenio, ADIF debía abonar su coste en el plazo de un mes desde la conclusión de las obras. Según ha indicado, ese pago no se habría producido dentro del plazo estipulado. Asimismo, el PP municipal ha cuestionado que el convenio anterior, que incluía esas actuaciones provisionales, no fuera sometido a aprobación del Pleno municipal pese a tratarse, a su juicio, de un acuerdo que debía pasar por este órgano.
52 escritos de alegaciones y petición de paralización
La dirigente popular ha destacado que no solo el PP ha formulado alegaciones, sino que se han registrado 52 escritos adicionales por parte de asociaciones y vecinos de la ciudad, lo que, en su opinión, evidencia una «preocupación generalizada» en torno al contenido del convenio. Entre los puntos que generan mayor inquietud, el Grupo Popular ha mencionado que ADIF no actúa como urbanizador pero que se reserva a su favor los aprovechamientos urbanísticos que allí se hagan. Asimismo, la líder de los populares de la capital conquense ha destacado que no se haya ejecutado la rotonda en la zona de Diego Jiménez prevista en el mismo convenio en que se plantean la zona deportiva y los aparcamientos provisionales; la popular ha subrayado que esta ejecución, que adelantó el alcalde, Darío Dolz, en agosto de 2025, se llevaría a cabo donde se sitúan las gomas del paso a nivel e implicaría el levantamiento de las vías.
En la cuestión del convenio, Jiménez ha alertado de que existe un recurso pendiente ante el Tribunal Constitucional y que, por prudencia, no deberían adoptarse decisiones que puedan condicionar el desarrollo futuro de la ciudad hasta que exista un pronunciamiento firme lo que justifica la petición del PP municipal para paralizar el convenio hasta que se resuelva dicho recurso y se despejen todas las dudas jurídicas. Ha sido precisamente la existencia de este recurso pendiente lo que, a juicio de la presidenta del Grupo Municipal Popular ha motivado que no se desarrollen las actuaciones como la rotonda, que implicarían el levantamiento de las vías, por prudencia a lo que la jurisprudencia pudiera resolver en este sentido.
Críticas a la financiación del convenio
Otra de las críticas expuestas se refiere al modelo de financiación ante las acusaciones del Grupo Socialista en el Consistorio en las que señalaron que el Partido Popular es «experto en bloquear el desarrollo de la ciudad de Cuenca» refiriéndose a las inversiones en ella. Según ha explicado Jiménez, la aportación económica prevista por parte de ADIF para la redacción del documento de desarrollo urbanístico tendría carácter de anticipo, que posteriormente se descontaría en la liquidación final, lo que, a su juicio, supone que el coste último recaería sobre la ciudad y por ende «no hay inversión ninguna».
También en respuesta al comunicado del Grupo Municipal Socialista y, expresamente al «nuevo bandazo» del que acusaron a su partido, Jiménez ha explicado que «aquí no ha cambiado de opinión nadie, lo que hay que hacer es ser riguroso en cuándo se piden las cosas y por qué». En este sentido ha recordado que en diciembre de 2024 se publicó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que no se consideraba el tren de Cuenca de utilidad pública, por lo que en enero del 2025 y a raíz de esta resolución el Grupo Municipal Popular exige que se materialicen los proyectos porque, según ha asegurado Jiménez «el Partido Socialista había estado echándole la culpa» a la espera de esta resolución de «la manera que tienen los terrenos, que da vergüenza verlos porque una cosa es no actuar urbanísticamente y otra es que los terrenos estén como están, que ya son hasta pocos salubres». Así, la presidente del Grupo Municipal Popular ha explicado el contexto en el que se produjeron sus declaraciones y por ello que ante el vigente recurso en el Constitucional «nosotros decimos ahora que hay que ser prudentes y no tomar decisiones que puedan condicionar el desarrollo de Cuenca», ha apuntado.
Asimismo la también diputada nacional ha insistido en que un convenio no es necesario porque «lo que se lleva a pleno es un convenio para desarrollar un documento, el planeamiento, cuando ya existe una herramienta como el Plan de Ordenación Municipal para ello», ha señalado, cuestionando la necesidad de asumir un nuevo coste para un ámbito que, en su opinión, debería integrarse en el marco del POM. En este contexto, el Grupo Municipal Popular ha mantenido su exigencia de «mayor transparencia, acceso al expediente completo y explicaciones públicas sobre el contenido y alcance real del acuerdo». De no producirse esa respuesta y no aceptarse sus alegaciones, el voto del PP en el Pleno será contrario al convenio con ADIF aunque reconocen que de haber voluntad política de diálogo por parte del equipo de gobierno y con las explicaciones pertinentes valorarán su futura decisión.
Respecto a la votación del convenio en el Consistorio, Jiménez ha insistido en que «hay más grupos políticos, no solo depende de la decisión del equipo de gobierno y del Partido Popular». En este sentido ha recordado que «Cuenca en Marcha ya ha dicho que va a votar no y Vox está pendiente de un informe legal por lo que no todo está en manos del Partido Popular». En cuanto al sentido del voto de Vox, la concejala popular ha señalado que desde su formación «hemos venido a respetar las opiniones de todo el mundo, aunque me gustaría que hubiera una justificación de por qué sí o por qué no, como lo estamos haciendo nosotros», ha señalado.
Jiménez agradece a CEOE la voluntad de consenso pero señala la «falta de diálogo» del PSOE
En referencia a las declaraciones de David Peña, presidente de CEOE CEPYME provincial, en las que instaba al consenso, Jiménez ha expresado su agradecimiento a la Confederación de Empresarios de Cuenca en busca del diálogo, sin embargo ha señalado que «por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista no ha habido voluntad ninguna en hablar con el Partido Popular ni en diseñar un proyecto basado en qué pensamos unos y en qué pensamos otros y sentarnos a trabajar de manera coordinada y de la mano». Por ello, la concejala ha sentenciado que «lo que hay que hacer es que el equipo de gobierno intente buscar ese consenso ya no solo con nosotros, con toda la ciudadanía». Así, Jiménez ha subrayado que «nosotros somos la voz de algunos, pero la falta de respeto a la ciudadanía, de tomar decisiones de espaldas a los ciudadanos nos preocupa bastante», ha concluido.
