El juez de la 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real ha decretado medidas cautelares sobre el examen de oposición de Procesos de Gestión Administrativa (PGA) cuyo tribunal se celebró en la citada ciudad el pasado 21 de junio. Una decisión que implica la paralización de la apertura de plicas-publicación de calificaciones del ejercicio fechada para el jueves 3 de julio, que de momento queda en suspenso- y que viene dada a raíz de la demanda presentada por una opositora.
La demandante fue una de las 232 personas afectadas por un polémico examen en el que el planteamiento del ejercicio práctico ha derivado en la justicia. Los opositores denunciaron “graves errores e irregularidades” en la prueba, ha hecho saber a este medio el presidente regional del sector de Educación de CSIF, Juan Luis Martínez, quien ha explicado que cuatro de los cinco ejercicios contenían fallos que impedían la correcta realización de la prueba. Por ejemplo, en el primero se pedía calcular una nómina con IRPF de un trabajador en ERTE sin aportar los rendimientos netos del cónyuge, un dato necesario para calcular la retención.
El segundo ejercicio incluía contenidos sobre IRPF que, según el temario oficial vigente de PGA, no forman parte del programa exigible. Por su parte, el cuarto ejercicio que ha sido el más polémico, requería realizar una factura a partir de una plantilla de Excel que no se entregó al inicio. “A los 45 minutos de comenzar la prueba se repartió la plantilla a algunas aulas, no a todas”.
Mientras que e el quinto, los opositores denunciaron la ausencia de un dato esencial que imposibilitaba su resolución.
Los diferentes criterios del tribunal
También han mostraron los opositores su desacuerdo con la actuación posterior del tribunal calificador, detalla Martínez que, según denunciaron, cambió de criterio en varias ocasiones y anunció una nueva baremación de los ejercicios sin un criterio claro. «Muchos opositores dedicaron su tiempo a resolver ejercicios que luego no fueron valorados», se ha lamentado.
Para el sindicalista se trata de la prueba “con los fallos más graves que se recuerdan, no solo en Castilla-La Mancha, si no en todo el territorio nacional”. Desliza que no se tiene constancia de una situación previa de este calado, al menos, en la última década, aludiendo a la demanda judicial presentada y admitida a trámite.
En relación al proceso judicial, ha explicado que la Mesa Sectorial de Educación, que se ha reunido este lunes, confiaba en que este lunes el titular de la sala del Contencioso resolviese las cautelares, puesto que finalizaba el plazo de presentación de alegaciones por parte de la Administración. Sin embargo, al parecer, el juez ha optado por la prudencia y, de momento, las calificaciones de la prueba siguen sin poder publicarse.
En este punto, la decisión del juez puede derivar en dos vías. Si opta por dar la razón a la demandante y, por lo tanto, implicaría la repetición del examen, con todo lo que ello conlleva: volver a convocar una fecha, sede, creación nuevamente del Tribunal y, con todo ello, apunta Martínez que los plazos superarían el verano, y se plantearía en el mes de septiembre,
En el caso de que la sentencia fallase contra lo demandando, se deberían publicar las notas a lo largo de esa semana, por lo que la convocatoria para la defensa sería la siguiente. El juego de fechas, por muy rauda que sea la decisión judicial, no apunta a unas calificaciones definitivas antes de que finalice julio.
