Los más de doscientos opositores afectados por los fallos en el examen de Procesos de Gestión Administrativa (PGA) que se encuentra con medidas cautelares tras la demanda de una de las aspirantes han solicitado la dimisión del consejero de Educación, Amador Pastor, según remiten vía comunicado a través de la Plataforma de Profesores de Castilla-La Mancha. “Por su inacción, por permitir que el proceso avanzase pese a los avisos reiterados y por representar un modelo de gestión marcado por la desorganización, el desprecio al profesorado y la ausencia de soluciones efectivas”, han argumentado.
En este sentido, han apelado directamente al presidente García-Page para que “actúe con determinación y altura institucional” ante un conflicto que el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha considerado de interés general. En su auto, el tribunal recuerda que este tipo de situaciones no solo perjudican a los intereses del recurrente, sino también a los intereses públicos y de terceros, al generar «graves trastornos que podría producir en el futuro una retroacción de los actos ya realizados».
Los afectados también han solicitado la repetición inmediata de la prueba práctica de la especialidad de Procesos de Gestión Administrativa – cuya apertura de plicas actualmente se encuentra suspendida tras decretar el juez la suspensión cautelar-, así como el nombramiento del un nuevo tribunal “con garantías de imparcialidad, solvencia técnica y eficiencia”.
En este contexto, desde la Plataforma han solicitado la repetición de aquellos exámenes que, según han manifestado, también han sufrido irregularidades “como Biología y Filosofía, y la repetición de las pruebas allí donde se detecten fallos objetivos”.
La Plataforma advierte que ha quedado acreditada la existencia de irregularidades graves que comprometen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, “especialmente por la gestión del ejercicio práctico número 4, cuya plantilla de Excel no fue entregada simultáneamente a todos los aspirantes. Tal y como reconoció la propia comisión de selección, este fallo generó una situación de desigualdad que forzó a anular el ejercicio una vez iniciado el examen, redistribuyendo su peso entre los restantes sin garantizar la equidad del proceso”, han explicado en relación a la parte práctica del examen objeto del proceso judicial.
Esta actuación, además de vulnerar el principio de seguridad jurídica, ha provocado un clima de incertidumbre entre los aspirantes y ha obligado al TSJCLM a intervenir en defensa del interés general. La Sala ha advertido que este tipo de errores «no solo perjudican a los intereses del recurrente al ver cómo se adjudican plazas a las que aspiraba, sino también a los intereses públicos y a los de terceros, por los trastornos que provocará en el futuro una retroacción de actos ya realizados». Además, ha señalado que «la reciente sentencia ejecutoria sobre los procesos selectivos del SESCAM es una buena prueba de los perjuicios que se podrían haber ahorrado al interés público con una suspensión adoptada a tiempo».
En coherencia con este razonamiento, el tribunal ha resuelto mantener la suspensión por «criterios de prudencia» y en atención a la «seguridad jurídica en juego», para proteger a todos los afectados y evitar daños mayores.
