El alcalde socialista Quintanar del Rey, Martín Cebrián, ha sido denunciado de nuevo por el grupo municipal Unidas Podemos ante la Fiscalía de Cuenca «por no cumplir con la ley de contratación del sector público en numerosos procedimientos».
Según indica la formación morada en nota de prensa, «los presuntos delitos de prevaricación, que han sido incoados por parte de la Fiscalía de Cuenca y están siendo causa de investigación, se vendrían cometiendo desde la toma de posesión del alcalde en junio de 2019». Estas mismas fuentes apuntan que «existen informes desfavorables de la Intervención del consistorio por omisión de fiscalización de numerosas facturas y contratos que no han seguido el procedimiento contractual establecido en la legislación aplicable (Ley 9/2017 de Contratos del Sector público) y que obliga, en su artículo 118.5, a que todos los contratos que superen la cantidad de 5000 euros deben contar con un contrato menor. Además, el art. 23 de esa ley, dispone que los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. En esos mismos informes de Intervención también se habla de fraccionamiento de contratos, tipificado en el artículo 404 del Código penal como delito de prevaricación administrativa. Dichas irregularidades son aprobadas por la junta de gobierno local, conformada por el alcalde y cuatro de los concejales del partido socialista». El año pasado Unidas Podemos ya presentó una denuncia por prevaricación que está pendiente de juicio.
El portavoz del grupo municipal Unidas Podemos, José María Oviedo, lleva denunciando esta situación «desde, prácticamente, el inicio de la legislatura. En Pleno, el equipo de gobierno socialista llegó a comprometerse a que este modus operandi no sería “la tónica habitual, cosa que no han cumplido».
“Vecinos y vecinas de Quintanar del Rey, me hacen llegar su malestar ante esta práctica caciquil y de clientelismo, a la hora de conceder contratos por parte del consistorio”, ha aseverado Oviedo, quien ha querido puntualizar que “no es una actuación en contra de las personas y las empresas que prestan sus servicios para este Ayuntamiento. Simplemente es cuestión de que se cumpla con la ley y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de trabajar para el Ayuntamiento”.
El portavoz morado asegura que “mi función, como oposición, es fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno y velar por la transparencia y la legalidad del Ayuntamiento”. Tarea que se le dificulta por la ocultación y la negativa a darle información, pedida desde hace más de un año y a la que tiene derecho como concejal. Quiere dejar claro que “siempre he tendido la mano para trabajar, desde esta corporación, por nuestro pueblo; haciendo incluso propuestas para acabar con estas situaciones irregulares y que todos nuestros vecinos y vecinas puedan optar a trabajar, en este consistorio, en igualdad de condiciones y cumpliendo con la Ley”.
